La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) rechazó públicamente la resolución emitida por el Comité Disciplinario de la Dimayor contra Yhormar Hurtado, lateral del América de Cali, al considerar que la decisión vulnera sus derechos fundamentales y no se ajusta a las garantías previstas en la normativa nacional e internacional. El gremio pidió la revocatoria inmediata de la medida y reclamó que se restablezcan plenamente los derechos deportivos y laborales del jugador.
La controversia se conoció a través de un comunicado oficial divulgado por la organización de futbolistas. En el documento, Acolfutpro calificó la determinación del órgano disciplinario como un acto arbitrario y advirtió que sus efectos no se limitan al ámbito competitivo. Según la asociación, la sanción incide directamente en la posibilidad de Hurtado de ejercer su profesión y, por esa vía, afecta el derecho al trabajo protegido por el ordenamiento jurídico colombiano.
El reclamo del sindicato de futbolistas
La posición de Acolfutpro parte de una premisa central: cualquier decisión que limite la participación profesional de un deportista debe estar sustentada en un procedimiento claro, contradictorio y respetuoso de las garantías de defensa. La entidad sostiene que la resolución conocida en el caso de Hurtado no cumple con esos estándares y que, por tanto, debe ser revisada de manera inmediata.
El gremio también afirmó que el fallo desconoce disposiciones de la Constitución Política de Colombia y la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con la protección laboral de los trabajadores del deporte. La referencia resulta relevante porque, bajo esa interpretación, una sanción disciplinaria puede tener consecuencias que trascienden el resultado de un partido o la organización de un torneo: puede comprometer la continuidad laboral, los ingresos y la estabilidad contractual del futbolista.
Acolfutpro no divulgó, en el comunicado citado, detalles específicos sobre la conducta que originó la actuación disciplinaria, la duración de la sanción ni los fundamentos completos utilizados por el Comité Disciplinario de la Dimayor. Esa ausencia impide establecer, con la información disponible, el alcance exacto de la medida y las razones por las cuales el órgano federativo decidió imponerla. El debate se concentra, por ahora, en las garantías del trámite y en sus posibles efectos sobre el jugador.
La referencia al reglamento de la FIFA
Además de invocar la legislación colombiana, la asociación cuestionó la compatibilidad de la resolución con el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA. Aunque ese reglamento se relaciona principalmente con las condiciones que rigen la relación entre futbolistas, clubes y transferencias, Acolfutpro considera que sus principios deben ser tenidos en cuenta por las autoridades nacionales cuando sus decisiones afectan la actividad profesional de un jugador.
La organización sostiene que los organismos rectores del fútbol colombiano tienen la obligación de armonizar sus procedimientos y sanciones con los estándares establecidos por el máximo organismo internacional. Desde su perspectiva, la falta de coherencia entre las normas locales y el marco global puede generar incertidumbre jurídica para los futbolistas que participan en las competiciones profesionales del país.
El planteamiento no implica que las autoridades deportivas carezcan de facultades disciplinarias. La Dimayor cuenta con órganos encargados de examinar conductas y aplicar las reglas de sus torneos. La discusión planteada por Acolfutpro se refiere a los límites de esas competencias y a la necesidad de que las decisiones estén motivadas, puedan ser controvertidas y respeten los derechos de quienes están sometidos al procedimiento.
Una decisión con efectos más allá del caso
Para Acolfutpro, el caso puede sentar un precedente que afecte a otros jugadores si se mantienen sanciones con impacto laboral sin una revisión suficiente de sus fundamentos. La asociación considera que una medida disciplinaria, aun cuando se origine en la competencia deportiva, debe evaluar las consecuencias que produce sobre la carrera del afectado y sobre su posibilidad efectiva de trabajar.
Ese argumento coloca en el centro una tensión frecuente en el fútbol profesional: la necesidad de preservar la autoridad de los reglamentos y, al mismo tiempo, garantizar que las sanciones no se conviertan en decisiones ajenas al control jurídico. La existencia de normas internas no elimina, según la postura del gremio, la obligación de respetar la Constitución, las leyes laborales y los principios internacionales aplicables al deporte.
La preocupación expresada por los futbolistas también se relaciona con la estabilidad laboral. Un jugador sancionado puede perder oportunidades de competir, afectar su valoración profesional y enfrentar consecuencias económicas, aunque la medida no implique formalmente la terminación de su contrato. Por esa razón, la asociación pide que el análisis de la resolución no se limite a la conducta deportiva investigada, sino que incluya el impacto integral sobre los derechos de Hurtado.
La solicitud de revisión a la Dimayor
Como conclusión de sus argumentos, Acolfutpro solicitó a las autoridades de la Dimayor revocar la sanción impuesta al integrante del América de Cali. También pidió que se restablezcan sus derechos deportivos y laborales y que cualquier actuación posterior se desarrolle bajo un debido proceso “justo y transparente”, según los términos de su pronunciamiento.
La petición abre ahora una etapa en la que la Dimayor deberá definir si mantiene la resolución, la modifica o la somete a una nueva consideración, de acuerdo con los mecanismos previstos en su régimen disciplinario. Hasta el momento, la información divulgada no incluye una respuesta pública de la Dimayor frente a los cuestionamientos de Acolfutpro ni una explicación adicional del Comité Disciplinario sobre los fundamentos de la sanción.
El caso de Yhormar Hurtado queda así enmarcado en una discusión más amplia sobre la relación entre disciplina deportiva, derechos laborales y control jurídico. La resolución que se adopte en las instancias correspondientes no solo determinará la situación del lateral del América de Cali, sino que también podrá influir en la manera en que se tramiten futuras sanciones con efectos directos sobre futbolistas profesionales en Colombia.
