La Asociación del Fútbol Argentino rechazó de forma tajante las versiones que afirmaban que el FBI había requisado el teléfono de Claudio Tapia. El comunicado oficial, firmado por el abogado Gregorio Dalbón, aclara que la orden judicial de Florida se dirige únicamente a la empresa TourProdEnter LLC y no implica citaciones ni decomisos contra directivos de la entidad.
La precisión del documento resulta clave: los medios que difundieron la incautación de dispositivos antes del regreso de la selección desde Nueva York carecían de respaldo documental. Esta desmentida expone la fragilidad de la cadena informativa cuando se mezclan datos de dos jurisdicciones sin contrastar los alcances reales de cada requerimiento.
El trasfondo sigue siendo la investigación sobre los 40 millones de dólares que habrían transitado por TourProdEnter. Tanto en Florida como en Argentina se examina si esos fondos derivaron hacia propiedades de alto valor o gastos suntuarios sin justificación comercial. La respuesta de la AFA no cierra la causa, pero obliga a los reporteros a distinguir entre solicitud de información empresarial y acción penal personal.
Impacto en la credibilidad institucional
El episodio revela cómo las acusaciones de lavado y desvío de fondos generan un efecto inmediato de erosión reputacional, incluso cuando la justicia aún no ha emitido cargos contra los dirigentes. La exigencia de rigor documental que plantea la AFA no exime a la federación de responder sobre los contratos con comisiones del 30 % y 10 %, sino que establece un estándar mínimo para cualquier publicación futura.
