El curso parlamentario que concluyó en julio en las Corts Valencianas dejó como principal enseñanza la consolidación de una alianza entre el Partido Popular y Vox que ha resistido presiones tanto internas como externas. Lo que en otras comunidades autónomas derivó en rupturas y adelantos electorales, en Valencia se tradujo en una coordinación que permitió aprobar presupuestos, reformas legislativas y cerrar expedientes sensibles sin fisuras visibles en la pantalla de votaciones.
Orígenes de una entente forjada tras las elecciones
Tras los comicios de 2023, el PP alcanzó la presidencia de la Generalitat con el apoyo explícito de Vox en la investidura de Carlos Mazón. Sin embargo, la relación no se limitó a ese momento inicial. A lo largo de los meses siguientes, ambas formaciones mantuvieron una disciplina de voto que superó el noventa y cinco por ciento de coincidencia en las iniciativas del Consell. Esta coordinación contrastó con los conflictos registrados en Extremadura y Aragón, donde discrepancias sobre presupuestos o consejerías terminaron en disolución de gobiernos. En Valencia, el mecanismo de coordinación se reforzó mediante reuniones semanales entre portavoces y técnicos que permitieron incorporar enmiendas de Vox en materia de inmigración y fiscalidad antes de la presentación formal de los textos.
La primera prueba de fuego llegó durante el Debate de Política General de septiembre de 2024, cuando Vox planteó endurecimientos en políticas migratorias. Aunque inicialmente parecieron exigencias maximalistas, varias de ellas acabaron integradas en la ley de Acompañamiento presupuestaria aprobada meses después, elevando de quince meses a tres años el requisito de empadronamiento para acceder a ciertas prestaciones y añadiendo cláusulas de prioridad nacional en la adjudicación de recursos.
Reforma de la Renta Valenciana y endurecimiento de accesos
Uno de los cambios más significativos se produjo en la reforma de la Renta Valenciana de Inclusión, prestación creada en 2017 por la anterior vicepresidenta Mónica Oltra. El nuevo texto, impulsado por el Consell, modificó los criterios de elegibilidad tras negociaciones con Vox. El requisito de residencia pasó de quince meses a tres años para personas migrantes, una medida que, según datos de la Conselleria de Servicios Sociales, podría reducir el número de beneficiarios en torno a un doce por ciento en los próximos dos ejercicios. Esta reforma no solo alteró el acceso económico sino que estableció un precedente interpretativo sobre el concepto de “prioridad nacional” que podría aplicarse en otras áreas como vivienda pública o becas.
Cierre anticipado de la comisión de la dana
La decisión de clausurar en mayo de 2025 la comisión de investigación sobre la dana de octubre de 2024 ilustró otra faceta de la alianza. Tras apenas doce sesiones y con escasa comparecencia de responsables políticos de las horas críticas, PP y Vox acordaron dar por finalizado el trabajo. La comisión había acogido a entidades de víctimas de todo el espectro, incluidas algunas con posiciones conspirativas, pero evitó interrogar a varios mandos que estuvieron presentes en el Cecopi durante la noche del 29 de octubre. El cierre permitió evitar un desgaste mayor al ejecutivo, aunque dejó sin responder preguntas sobre protocolos de alerta y coordinación entre administraciones.
Efectos en la oposición y reconfiguración interna
En el lado contrario, PSPV y Compromís optaron por una colaboración táctica que evitó la fragmentación tradicional de la izquierda valenciana. Aunque mantuvieron diferencias en cuestiones como la lengua o el modelo territorial, coincidieron en numerosas enmiendas y mociones de control. Esta coordinación se tradujo en mayor presión sobre el Consell en temas como vivienda y sanidad, aunque sin capacidad para alterar el resultado de las votaciones. Dentro del PP, el relevo de Juanfran Pérez Llorca al frente del grupo parlamentario tras la salida de Mazón al último escaño simbolizó el paso de una etapa de liderazgo personalista a otra más colegiada, con Fernando Pastor como nuevo síndic.
Implicaciones a medio plazo para la política valenciana
De cara al último curso antes de las elecciones autonómicas de 2027, la alianza PP-Vox enfrenta el desafío de gestionar proyectos pendientes sin aumentar la tensión social. La introducción de cláusulas de prioridad nacional en varias normas podría generar recursos judiciales por posible vulneración del principio de igualdad, algo que ya ha ocurrido en otras comunidades con legislaciones similares. Al mismo tiempo, la izquierda observa cómo la colaboración entre sus dos principales fuerzas podría consolidarse como estrategia para disputar la mayoría absoluta en los próximos comicios. La comisión de investigación sobre la adjudicación de viviendas en Les Naus de Alicante, aún activa, representa uno de los primeros escenarios donde Vox ha mostrado independencia puntual respecto al PP, lo que podría anticipar negociaciones más tensas en el tramo final de la legislatura.
El modelo de coordinación valenciano ha servido además de referencia para otras regiones donde el PP gobierna con apoyos puntuales de Vox. La capacidad de absorber demandas de la formación de ultraderecha sin romper la disciplina de voto ha permitido al Consell avanzar en simplificación administrativa y reforma fiscal, aunque a costa de acentuar la polarización en torno a políticas migratorias y de inclusión social. El próximo ejercicio presupuestario será la prueba definitiva de hasta dónde puede extenderse esta alianza sin que las diferencias programáticas acaben por aflorar en el hemiciclo.
