El economista Gonzalo Bernardos ha recordado que alcanzar los 65 años no garantiza una pensión elevada. La cuantía depende directamente del tiempo cotizado y de las bases registradas durante toda la vida laboral, no de la edad en sí. Esta aclaración surge en un contexto donde el sistema español enfrenta presiones por baja natalidad y alargamiento de la esperanza de vida.
Una jubilada expuso durante el debate que, tras décadas de trabajo, su historial solo reconocía 17 años cotizados porque parte de su actividad se desarrolló sin contrato ni aportaciones. El caso ilustra cómo la economía informal reduce drásticamente el derecho a una pensión contributiva plena. Para acceder a ella se exigen al menos 15 años cotizados, dos de ellos en los últimos 15 previos a la solicitud.
El análisis de Bernardos pone el foco en la necesidad de reforzar la formalización del empleo. Quienes acumulan trayectorias irregulares obtienen porcentajes bajos de la base reguladora, lo que genera pensiones mínimas pese a haber trabajado muchos años. Esta realidad subraya que el diseño actual del sistema premia la continuidad y la transparencia de las cotizaciones por encima de la mera llegada a la edad legal de jubilación.
