La desaparición de Eduardo Moreno Bergaretxe, conocido como Pertur, el 23 de julio de 1976 en Donibane Lohizune marca un punto de inflexión en la historia reciente del País Vasco. Cinco décadas después, el caso sigue sin resolverse y revela las fracturas profundas que atravesaron a ETA político-militar durante los últimos años del franquismo. Pertur, ideólogo principal de la organización, defendía una transición hacia la vía política una vez muerto el dictador. Sus tesis, plasmadas en la ponencia Otsagabia redactada días antes de su desaparición, chocaban frontalmente con el ala dura representada por el comando Bereziak.
Las tensiones internas previas al secuestro
El secuestro de Pertur dos días antes de la preasamblea de ETA pm ilustra hasta qué punto las discrepancias ideológicas habían derivado en violencia interna. Treinta y tres votos a favor de su liberación frente a treinta en contra evidencian una organización al borde de la fractura. Tras su puesta en libertad, Pertur quedó relegado de la dirección y expresó en una carta enviada a su compañera Lurdes Auzmendi el ambiente de paranoia y desconfianza que reinaba. Esa misiva, escrita apenas doce días antes de su desaparición, describe una estructura que ya no funcionaba como proyecto revolucionario sino como un espacio donde se buscaba eliminar al diferente.
El contexto político de la transición española
El proceso de Burgos y el atentado contra Carrero Blanco habían elevado el apoyo popular a ETA, pero la muerte de Franco abría un escenario distinto. Pertur comprendió que la lucha armada perdía sentido ante la apertura democrática y abogó por transformar la organización en un partido político. Esta postura lo convirtió en un obstáculo para quienes, como Pakito, Apala o Antxon, preferían mantener la vía militar. El rescate fallido del empresario Ángel Berazadi, secuestrado por los Bereziak sin consultar a la dirección, supuso otro punto de ruptura. Pertur intentó mediar para evitar el asesinato, pero su intervención fracasó y reforzó la percepción de que los comandos actuaban por cuenta propia.
La investigación judicial posterior, dirigida por el juez Fernando Andreu entre 2008 y 2012, exploró tanto la pista de la extrema derecha española e italiana como la implicación de los propios militantes. Aunque se tomaron declaraciones a altos mandos del CESID y se viajó a Italia, la falta de testigos dispuestos a colaborar limitó los resultados. Apala, residente en Cuba, nunca pudo ser interrogado. Esta imposibilidad práctica refleja cómo la impunidad se consolidó a lo largo de los años.
El silencio como mecanismo de perpetuación
El mantenimiento del silencio por parte de antiguos compañeros de Pertur ha impedido cualquier avance en la localización de sus restos. Lurdes Auzmendi ha relatado cómo intentos recientes de contactar con Pakito fueron rechazados con la afirmación de que ya había declarado ante la justicia. Esa negativa, interpretada por la familia como un acto de crueldad adicional, impide cerrar el ciclo de duelo. El mismo silencio se extendió a sectores de la izquierda abertzale, donde peticiones de información recibieron respuestas evasivas basadas en la supuesta ignorancia de los hechos.
Repercusiones en la evolución de la izquierda independentista
La desaparición de Pertur aceleró la división entre ETA político-militar y ETA militar. Los Bereziak, tras integrarse en la segunda, lograron neutralizar cualquier investigación interna que pudiera señalarlos. Esta dinámica influyó directamente en la posterior disolución de ETA pm en 1982 y en la deriva de parte de Euskadiko Ezkerra hacia el Partido Socialista. El camino que Pertur vislumbraba, una lucha política sin armas dentro de las nuevas instituciones democráticas, quedó truncado y dio paso a trayectorias que él nunca anticipó.
El caso también marcó un precedente en la gestión de la memoria histórica vasca. Mientras otros episodios de la violencia de ETA recibieron atención pública y procesos judiciales, la desaparición de un militante a manos de sus propios compañeros generó un vacío narrativo. Esta omisión dificultó durante décadas la construcción de un relato compartido sobre las víctimas internas de la organización. La ausencia de Pertur se convirtió así en un símbolo de las contradicciones que acompañaron el paso de la clandestinidad a la participación institucional.
Impacto en las familias y la justicia transicional
Para la familia de Pertur, el paso del tiempo ha reducido progresivamente la esperanza de recuperar sus restos. Lurdes Auzmendi reconoce que, aunque el deseo persiste, la realidad demográfica de los testigos hace cada vez más improbable una revelación. Este patrón se repite en otros casos de desapariciones vinculadas a conflictos armados internos en Europa occidental durante la segunda mitad del siglo XX. La falta de colaboración de los implicados perpetúa el sufrimiento de los allegados y obstaculiza cualquier forma de justicia restaurativa.
El precedente de Pertur influyó también en la forma en que posteriores procesos de desarme y disolución de organizaciones armadas abordaron las responsabilidades internas. La experiencia demostró que, sin mecanismos claros de rendición de cuentas sobre las víctimas propias, los silencios se institucionalizan y bloquean la reconciliación social. En el País Vasco actual, debates sobre memoria y reparación siguen enfrentando esta misma dificultad cuando se trata de esclarecer episodios ocurridos dentro de las propias filas de ETA.
Consecuencias a largo plazo para la democracia vasca
Cincuenta años después, el caso Pertur sigue interpelando a las instituciones democráticas españolas y francesas. La imposibilidad de que un juez acceda a testigos protegidos en terceros países evidencia las limitaciones del derecho penal convencional ante crímenes de esta naturaleza. Al mismo tiempo, la persistencia de la duda sobre la autoría alimenta teorías contrapuestas que dificultan la construcción de una memoria colectiva consensuada. La vía política que Pertur defendió terminó materializándose décadas después, pero sin su presencia y sin que se aclararan las circunstancias de su eliminación.
Este episodio revela cómo las transiciones políticas en contextos de violencia armada generan deudas pendientes que trascienden generaciones. La familia de Pertur, al igual que otras víctimas de desapariciones forzadas en el mismo período, representa un recordatorio de que la ausencia de verdad obstaculiza tanto la reparación individual como la madurez institucional de las sociedades que emergen de esos conflictos.
