El Ayuntamiento de A Coruña ha aprobado las condiciones del concurso público para la gestión de los complejos deportivos municipales de San Diego y O Castrillón. La nueva concesionaria asumirá la administración de ambos centros durante treinta años, con la obligación de realizar inversiones periódicas cada cinco años. La Junta de Gobierno Local adoptó el acuerdo en sesión extraordinaria y urgente celebrada esta mañana, abriendo así el plazo para la presentación de ofertas.
El valor estimado del contrato asciende a 112,75 millones de euros, cifra que representa una proyección teórica de gastos e ingresos durante toda la duración de la concesión. Esta fórmula permite a las empresas licitadoras calcular la rentabilidad esperada y diseñar sus propuestas con mayor precisión.
Requisitos de inversión obligatorios
El contrato exige a la futura concesionaria un desembolso mínimo de 676.799 euros durante el primer año para la adquisición del equipamiento deportivo necesario. A partir de ese momento, cada cinco años deberá invertir al menos 200.000 euros destinados al mantenimiento y actualización de instalaciones y equipamiento. Estas cantidades constituyen umbrales mínimos que las empresas podrán superar para mejorar su oferta técnica.
En el caso del complejo de San Diego, la adjudicataria también deberá redactar el proyecto de reforma del centro y ejecutar las obras necesarias. Entre las intervenciones previstas figuran la renovación del sistema de saneamiento, la sustitución de ventanas, la instalación de bombas de calor y la modernización completa de los sistemas de ventilación y climatización.
Situación actual de los centros
El contrato del polideportivo de San Diego expiró en mayo de 2020 y desde entonces se ha prolongado en precario. Por su parte, O Castrillón, inaugurado a finales de 2022, también opera bajo un régimen provisional que impide planificar inversiones a largo plazo. La decisión de unificar ambos centros en un único contrato responde a la necesidad de garantizar la viabilidad económica mediante la rentabilidad cruzada entre las dos instalaciones.
El informe de viabilidad elaborado por el Concello señala que la gestión directa municipal o a través de empresa pública supondría un mayor riesgo para las arcas locales. En cambio, la fórmula de concesión privada permite trasladar los riesgos operativos y obtener una oferta más amplia de actividades especializadas.
Precios y capacidad prevista
Las tarifas contempladas en el estudio de viabilidad establecen una cuota mensual de 50 euros para familias y 37 euros para individuos. Los descuentos para jóvenes, mayores y personas con diversidad funcional reducen estas cantidades a 30 euros, mientras que el acceso solo por las mañanas queda fijado en esa misma cifra. La entrada diaria para adultos se sitúa en 10 euros y en nueve euros para menores. Los cursos oscilan entre 43 y 161 euros mensuales según frecuencia semanal y condición de abonado.
El límite máximo de abonados se fija en 12.000 para San Diego y 5.000 para O Castrillón. Las proyecciones para el cuarto año de concesión estiman 4.900 usuarios en el primer centro y algo más de 1.650 en el segundo. Estos datos condicionarán la planificación de personal y recursos por parte de la empresa adjudicataria.
Canon anual y gastos operativos
La empresa gestora abonará al Ayuntamiento un canon anual de 85.000 euros. Sin embargo, el informe municipal calcula que los gastos totales oscilarán entre 2,26 millones de euros el primer año y 3,12 millones en el último ejercicio, incluyendo suministros, publicidad, mantenimiento y el propio canon. Esta estructura de costes refleja la necesidad de mantener un equilibrio entre ingresos por tarifas y obligaciones contractuales.
El Concello ha descartado la gestión separada de cada centro porque la viabilidad económica depende de la complementariedad entre ambos. O Castrillón presenta una previsión de ingresos más reducida, mientras que San Diego requiere mayores inversiones por su grado de obsolescencia. Los usuarios afectados por posibles cierres parciales durante las obras podrán utilizar las instalaciones del otro polideportivo.
Los precios definitivos que pagarán los usuarios dependerán de las ofertas presentadas por las empresas licitadoras. El documento de viabilidad advierte que las tarifas actuales resultan insuficientes para garantizar la sostenibilidad del proyecto a treinta años, por lo que las empresas deberán proponer ajustes que aseguren tanto la rentabilidad como el acceso de la ciudadanía.
