La llegada de Jefferson Pérez a la presidencia del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) abre una etapa con potencial para recomponer el deporte de alto rendimiento, pero también expone a la institución a riesgos que no pueden resolverse únicamente con liderazgo personal. El cambio se produce después de meses de incertidumbre: el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura dispuso el 15 de junio una intervención temporal por 180 días y designó a Noelia Carolina Caicedo como representante legal provisional, debido al vacío administrativo y a la falta de registro de la directiva encabezada por Jorge Delgado. La posterior renuncia de Delgado y del secretario general John Zambrano, el 31 de julio, aceleró la transición.
Pérez asume con el respaldo simbólico de una de las figuras más reconocidas del deporte ecuatoriano, pero también con una estructura debilitada y plazos inmediatos. Su gestión ha sido presentada como una continuidad de la administración anterior, que durante el ciclo de Jorge Delgado acompañó la obtención de ocho medallas olímpicas: tres en Tokio 2021 y cinco en París 2024. Ese antecedente puede contribuir a preservar programas técnicos y a ofrecer confianza a los deportistas. Sin embargo, mantener una línea deportiva no equivale a solucionar los problemas de representación legal, coordinación institucional y financiamiento que condicionan la ejecución de cualquier proyecto olímpico.
La legitimidad será el primer resultado que debe conseguir
La prioridad más urgente no está en el medallero, sino en reconstruir la legitimidad operativa del COE. Una institución intervenida por el Estado y cuya directiva anterior no fue registrada enfrenta una doble exigencia: demostrar que puede funcionar conforme a la normativa nacional y preservar, al mismo tiempo, su autonomía frente a los organismos deportivos internacionales. Si esa tensión no se administra con transparencia, cualquier decisión de la nueva dirigencia podría ser cuestionada por federaciones, autoridades o instancias olímpicas.
La reunión de Pérez con la ministra Gilda Alcívar, realizada el 3 de agosto, constituye una señal favorable. Un canal directo con el Gobierno puede acelerar trámites, ordenar responsabilidades y facilitar el acceso a recursos públicos. También puede ayudar a establecer una agenda común para resolver la situación de las federaciones. El riesgo aparece si la cooperación se confunde con subordinación. El movimiento olímpico requiere coordinación con el Estado, especialmente porque buena parte del financiamiento depende de políticas públicas, pero necesita conservar procedimientos independientes para evitar que los cambios políticos alteren la planificación deportiva.
La nueva dirigencia tendrá que convertir el diálogo político en acuerdos verificables: competencias de cada organismo, calendario de regularización, mecanismos de rendición de cuentas y reglas para la designación de autoridades. Sin esos instrumentos, las reuniones pueden producir una tregua temporal sin modificar las causas de la crisis. La estabilidad no se medirá por el tono de los discursos, sino por la capacidad de aprobar decisiones que resistan impugnaciones y cambios de gobierno.
El reloj de los Juegos Suramericanos limita el margen
La primera prueba concreta llegará con los Juegos Suramericanos, previstos del 12 al 26 de septiembre. Las inscripciones nominales por equipos cerraron el 29 de julio y el plazo individual para registrar a los atletas vence el 13 de agosto. Según Pérez, Ecuador todavía no tenía deportistas registrados y esperaba que las federaciones entregaran sus nóminas definitivas. La situación convierte un problema administrativo en una posible pérdida de oportunidades competitivas.
Si Ecuador no participa, o lo hace con una delegación reducida, el impacto no se limitaría a la imagen internacional. Los Juegos Suramericanos forman parte de la ruta hacia los Panamericanos de Lima 2027 y, posteriormente, hacia Los Ángeles 2028. Una delegación incompleta puede privar a los atletas de experiencia, puntos, marcas y confrontación internacional, además de afectar la preparación de equipos que necesitan competir juntos antes de torneos de mayor exigencia. En disciplinas con procesos clasificatorios acumulativos, una demora burocrática puede tener consecuencias deportivas que ya no se recuperan.
Existe, no obstante, una oportunidad para que la crisis obligue a establecer un sistema de emergencia más eficiente. El COE podría centralizar información, fijar responsables por disciplina y verificar diariamente la documentación requerida, sin reemplazar las competencias de las federaciones. Para que esa reacción sea sostenible, debería quedar documentada y convertirse después en un protocolo permanente. Resolver el plazo de agosto sería apenas el primer paso; el verdadero desafío consiste en evitar que cada competencia internacional vuelva a depender de una operación improvisada.
Federaciones con vacíos legales: el problema detrás del escenario
La situación jurídica del 50% de las federaciones nacionales representa probablemente el mayor riesgo estructural. La falta de estatutos actualizados o la existencia de procesos administrativos inconclusos puede bloquear elecciones, limitar la firma de convenios, retrasar transferencias y dificultar la contratación de entrenadores o servicios especializados. También reduce la certeza de los atletas, que dependen de esas organizaciones para competir, recibir apoyo y acceder a calendarios oficiales.
Regularizar las federaciones puede mejorar la planificación y ofrecer mayor seguridad a patrocinadores y entidades públicas. Una organización con autoridades reconocidas, reglas claras y cuentas auditables tiene más posibilidades de negociar recursos y sostener programas de largo plazo. Además, la revisión legal puede servir para detectar duplicidad de funciones, conflictos de representación o estructuras que ya no responden a las necesidades actuales de cada disciplina.
El proceso, sin embargo, podría generar nuevos conflictos. Las reformas estatutarias suelen afectar intereses internos, períodos de autoridades y distribución de poder. Si la regularización se realiza con criterios desiguales o bajo presión política, las decisiones pueden ser impugnadas y profundizar la división existente. También existe el peligro de concentrar demasiado poder en el COE o en el ministerio, cuando la solución exige participación de atletas, dirigentes, asesores jurídicos y especialistas de cada federación.
Una ruta razonable requeriría un diagnóstico público de cada caso, plazos diferenciados según la gravedad del problema y asistencia técnica independiente. No todas las federaciones enfrentan la misma dificultad: algunas pueden necesitar únicamente actualizar sus estatutos; otras podrían requerir procesos electorales, conciliación de disputas o revisión de sus registros. Tratar todos los expedientes como si fueran iguales aumentaría la lentitud y abriría espacio para decisiones arbitrarias.
Continuidad deportiva, pero con mayor control
El balance de ocho medallas olímpicas durante la administración anterior ofrece una base que Pérez puede aprovechar. La continuidad evita que los deportistas y entrenadores tengan que adaptarse de inmediato a cambios de criterios, programas o prioridades. También preserva conocimientos acumulados en preparación, detección de talentos y participación internacional. Para una nación que logró cinco medallas en París 2024, desmontar sin evaluación los mecanismos que funcionaron podría ser tan perjudicial como ignorar sus fallas.
Pero la continuidad no debería transformarse en una defensa automática de todo lo realizado. Los resultados de París no garantizan el rendimiento futuro ni demuestran por sí solos que la estructura administrativa sea sólida. El éxito olímpico puede ocultar desigualdades entre disciplinas, dependencia de atletas excepcionales y carencias en etapas de formación. Una política de alto rendimiento responsable debe medir no solo medallas, sino también número de deportistas apoyados, permanencia de entrenadores, acceso a ciencia aplicada, salud mental, prevención de lesiones y transición de los atletas hacia nuevas generaciones.
El objetivo de superar el registro de París 2024 puede movilizar recursos y elevar la ambición nacional. Al mismo tiempo, puede inducir a concentrar fondos en deportes con mayores probabilidades de podio y dejar en segundo plano disciplinas emergentes o programas de base. La presión por resultados también puede llevar a decisiones de corto plazo, como competir con atletas sin preparación suficiente o modificar ciclos de entrenamiento para buscar una clasificación inmediata. El COE deberá equilibrar la expectativa de medallas con la protección de carreras deportivas sostenibles.
Financiamiento y confianza, dos condiciones inseparables
La crisis administrativa tiene una consecuencia económica directa. Cuando las autoridades no están claramente registradas, los convenios pueden retrasarse, los pagos quedar sujetos a revisiones y los patrocinadores percibir un riesgo mayor. En un calendario que incluye Juegos Bolivarianos, Suramericanos, Panamericanos, campeonatos continentales y torneos clasificatorios, cualquier interrupción financiera puede afectar concentraciones, viajes, equipamiento y contratación de personal técnico.
La respuesta no debería limitarse a solicitar más recursos. La nueva dirección tendrá que demostrar cómo se asignan, quién controla su uso y qué resultados se esperan de cada programa. Presupuestos publicados, auditorías, informes periódicos y criterios técnicos para distribuir ayudas permitirían reducir sospechas y fortalecer la posición del COE frente al Gobierno y las empresas privadas. La transparencia, además de una obligación institucional, puede convertirse en una herramienta para recuperar patrocinadores.
Hay una incertidumbre adicional: la capacidad de las federaciones para entregar información confiable y cumplir los plazos. Si algunas no cuentan con estructuras administrativas mínimas, el COE puede terminar absorbiendo tareas que no le corresponden. Eso aliviaría la emergencia en el corto plazo, pero crearía dependencia y sobrecarga en la organización central. La reforma debe fortalecer a las federaciones, no sustituirlas indefinidamente.
La prueba será construir un sistema que no dependa de una figura
Jefferson Pérez aporta autoridad moral, experiencia competitiva y reconocimiento público. Ese capital puede facilitar acuerdos en un momento en que la confianza está deteriorada. Sin embargo, ningún sistema olímpico puede depender exclusivamente del prestigio de su presidente. Si la gestión se personaliza, los avances podrían quedar expuestos a la salida de un dirigente, a una disputa interna o a un cambio de administración.
La oportunidad consiste en utilizar el inicio de este mandato para crear reglas institucionales que sobrevivan a sus protagonistas. Eso implica profesionalizar la administración, incorporar indicadores de cumplimiento, establecer canales de participación para los atletas y separar con claridad las decisiones políticas de las técnicas. También exige comunicar con precisión qué problemas fueron resueltos, cuáles continúan abiertos y qué plazos son realistas.
Los próximos meses mostrarán si el relevo presidencial representa una verdadera recomposición o solo un cambio de nombres dentro de una estructura frágil. La participación en los Juegos Suramericanos será el primer indicador visible, pero la evaluación decisiva estará en la regularización de las federaciones, la relación equilibrada con el Estado y la capacidad de sostener programas hasta Los Ángeles 2028. Ecuador llega a ese ciclo con una generación capaz de competir por resultados históricos; para que ese potencial no quede atrapado por la incertidumbre, el COE tendrá que convertir la urgencia actual en una reforma institucional verificable.
