La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, anunció que el plan de mejora de resiliencia frente a inundaciones en las zonas afectadas por la dana ha recibido un incremento presupuestario significativo. La dotación inicial de 530 millones de euros ha pasado a rozar los 600 millones tras el análisis de las aportaciones recibidas durante el periodo de información pública. Este ajuste refleja la voluntad del Ejecutivo de adaptar las actuaciones a las necesidades concretas detectadas sobre el terreno.
Respuesta a las alegaciones y diseño participativo
Tras recibir 109 alegaciones, el Gobierno estudió cada una de ellas y mantuvo más de 150 reuniones con la Generalitat Valenciana, ayuntamientos y otros agentes locales. El resultado es un plan que combina intervenciones ya previstas con medidas completamente nuevas, todas ellas orientadas a reducir el riesgo en las cuencas del Poyo, Magro, bajo Júcar, Pozalet, Saleta y Picassent. La ministra subrayó que el documento final ha sido “construido con el territorio” y cuenta con un respaldo técnico sólido.
Las obras más novedosas ya cuentan con proyectos en fase de elaboración técnica. En noviembre se lanzaron las licitaciones correspondientes y varios contratos han sido adjudicados y firmados. Entre las actuaciones más avanzadas destacan las del barranco de la Barxeta, cuya licitación se produjo en diciembre, y las del barranco de La Saleta.
Autorización de obras prioritarias
El Consejo de Ministros autorizó el contrato de obras de protección en el barranco de La Saleta, entre Aldaia y la Vía Verde, con un presupuesto base de licitación de 132,1 millones de euros IVA incluido. El objetivo es que la adjudicación se publique antes de que finalice julio. Paralelamente, se aprobó un real decreto que destina 60 millones de euros en ayudas directas a los municipios situados en zonas de riesgo significativo de inundación, con el fin de que puedan ejecutar actuaciones locales de refuerzo de su resiliencia.
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, explicó que las actuaciones deben ejecutarse “de abajo a arriba” para mejorar la capacidad de desagüe. El proyecto prioritario en este momento es la Vía Verde, que desviará caudales desde el Poyo hasta Paiporta y permitirá reducir la presión sobre los núcleos urbanos más vulnerables.
Obras de emergencia ya finalizadas
Además del plan estructural, la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Dirección General del Agua han concluido las 17 obras de emergencia declaradas tras la dana. En total se han movilizado 220 millones de euros en 600 actuaciones durante el último año y medio. El criterio rector ha sido no limitarse a reponer lo destruido, sino mejorar las infraestructuras para que soporten mejor futuros eventos.
En la cuenca del Poyo se ha ensanchado el barranco y se ha triplicado su capacidad de desagüe a su paso por el casco urbano de Chiva. El tramo final del cauce ha sido reconstruido por completo. En el río Magro se ha duplicado la capacidad de encauzamiento desde Utiel y se ha reforzado la operatividad de la presa de Forata. En total se han recuperado 75 kilómetros de cauce que atraviesan diez municipios, devolviendo al río su morfología original y restaurando cuatro pasarelas del parque fluvial.
Apoyo a los ayuntamientos y mejora de procedimientos
La ministra reconoció que muchos consistorios carecen de capacidad técnica y administrativa para gestionar proyectos de esta envergadura. Por ello, en cada una de las líneas de actuación se han previsto mecanismos de apoyo, como la posibilidad de destinar hasta un 20 % de los 60 millones del real decreto a reforzar los medios humanos y técnicos de los ayuntamientos. El Ejecutivo ha indicado que mantiene abierta la puerta a seguir simplificando trámites sin menoscabo de los controles necesarios.
El plan combina la restauración de infraestructuras esenciales, como el canal Júcar-Turia que abastece de agua potable al área metropolitana, con la modernización del Sistema Automático de Información Hidrológica mediante tecnologías avanzadas. Estas mejoras buscan garantizar que la respuesta ante nuevas crecidas sea más rápida y eficaz.
El calendario de ejecución priorizará aquellas obras que ya cuentan con mayor grado de madurez técnica, aunque la ministra insistió en que todos los proyectos incluidos son relevantes para la seguridad de la población. La combinación de intervenciones estructurales, ayudas directas a los municipios y refuerzo de sistemas de alerta configura una estrategia integral orientada a reducir la vulnerabilidad de la zona ante futuros episodios de lluvias torrenciales.
