El estadio José Rico Pérez atraviesa una fase de deterioro progresivo que exige una intervención inmediata. Tanto los propietarios como los arrendatarios y los aficionados coinciden en que el recinto, construido para el Mundial de 1982, necesita obras estructurales y de modernización para evitar que su valor siga cayendo y que la seguridad percibida se deteriore aún más. El club Hércules, a través de su sociedad anónima deportiva, ha mantenido reuniones recientes con representantes de la Generalitat Valenciana para explorar una solución que permita recuperar la titularidad y asumir la reforma integral del inmueble.
El deterioro visible y las limitaciones estructurales
Las deficiencias del estadio son evidentes en múltiples zonas. Manchas persistentes en el hormigón, filtraciones de agua, asientos sueltos, acumulación de residuos y grafitis deterioran la imagen del recinto. Aunque la propiedad sostiene que los cimientos de hormigón permanecen sólidos y que no existe riesgo inmediato de colapso, la percepción de inseguridad entre los usuarios ha aumentado. Esta situación se agrava por la falta de mantenimiento profundo en los últimos años, lo que ha convertido el estadio en un ejemplo claro de cómo la inacción administrativa acelera la depreciación de un activo público.
Intentos previos de reubicación y su fracaso
Durante varios ejercicios, el Hércules exploró la posibilidad de abandonar la parcela actual y construir un nuevo campo. Las gestiones no prosperaron debido a las dificultades para encontrar un emplazamiento alternativo que satisficiera a socios, vecinos y administraciones. Las suspicacias sobre posibles especulaciones urbanísticas y la complejidad de los trámites urbanísticos frenaron cualquier avance. Esta vía cerrada ha llevado al club a centrar sus esfuerzos en recuperar la propiedad del Rico Pérez como paso previo imprescindible para ejecutar una reforma profunda.
La posición de la Generalitat y el IVF
El Instituto Valenciano de Finanzas, que gestiona el estadio en nombre de la Generalitat, ha confirmado que el convenio vigente atribuye al Hércules las tareas ordinarias de mantenimiento y conservación. Ambas partes mantienen contactos para definir el alcance de las obligaciones de cada una. La administración autonómica ha descartado que la decisión adoptada en Madrid sobre el estadio de Vallecas sea aplicable en Alicante, al considerar que las circunstancias de inseguridad e insalubridad no son comparables. Sin embargo, reconoce que el inmueble requiere actuaciones que van más allá de las reparaciones puntuales.
El compromiso del club y las demandas sociales
La Federación de Peñas Herculanas ha trasladado a la directiva un listado de intervenciones urgentes. El club ha respondido con un plan de actuaciones inmediatas que incluye limpieza general, saneamiento de asientos, reparación de aseos y retirada de residuos con apoyo del Ayuntamiento de Alicante. Estas medidas se ejecutarán antes del inicio de la competición el 29 de agosto, cuando el Real Murcia visitará el estadio. El Hércules insiste en que estas acciones son provisionales y que solo la recuperación de la titularidad permitirá abordar una modernización completa que incluya mejoras en accesibilidad, instalaciones y confort.
Contexto político y económico de la operación
La propuesta de Ximo Puig de convertir el recinto en un arena al estilo estadounidense no avanzó por el elevado coste que supondría. El Hércules considera que la compra al Consell representa la vía más directa y económicamente viable para financiar las obras, al tiempo que permite a la administración recuperar parte de la inversión realizada en 2017. Cuanto más se demore la decisión, mayor será el gasto necesario para devolver al estadio unas condiciones aceptables. Ambas instituciones coinciden en que la actuación no puede aplazarse indefinidamente si se quiere evitar que el deterioro alcance un punto irreversible.
Reacciones de los aficionados y riesgos percibidos
Los socios expresan preocupación por la posibilidad de que se produzca algún incidente derivado del mal estado de conservación. Aunque el club reitera que la estructura no presenta riesgo de derrumbe, reconoce que la imagen proyectada afecta tanto a la institución como a la ciudad. La presencia de excrementos, basura y elementos deteriorados en el perímetro ha sido objeto de quejas reiteradas por parte de equipos visitantes y turistas. La presión social ha obligado al Hércules a priorizar la limpieza y el mantenimiento semanal mientras se negocia la fórmula jurídica que permita la reforma integral.
La operación de compra, si se concreta, supondría un cambio significativo en la relación entre el club y la administración autonómica. El Hércules asumiría el coste financiero de la modernización a cambio de recuperar un patrimonio que considera esencial para su futuro. La Generalitat, por su parte, podría destinar los ingresos obtenidos a otras necesidades más urgentes. El debate sigue abierto y dependerá de la voluntad política de ambas partes para alcanzar un acuerdo que garantice la viabilidad del estadio a medio y largo plazo.
