La Seguridad Social permitirá que las personas mayores de 30 años que vivan con sus padres soliciten el Ingreso Mínimo Vital (IMV), siempre que acrediten una situación de vulnerabilidad económica y no formen parte de la unidad de convivencia familiar. La medida responde al aumento de los hogares compartidos por el encarecimiento de la vivienda, la inestabilidad laboral y el retraso de la emancipación.
Requisitos y cuantía garantizada
Para acceder a la prestación, el solicitante deberá demostrar que durante los 12 meses anteriores residió en un domicilio distinto al de sus padres. También tendrá que justificar que sus ingresos no cubren las necesidades básicas y presentar la declaración de la renta, trámite utilizado por la Administración para comprobar su situación económica real.
En 2026, la renta garantizada para un adulto que no integra una unidad monoparental asciende a 733,60 euros mensuales, equivalentes a 8.803,20 euros anuales. La cuantía final dependerá de los ingresos y de la composición de cada hogar, por lo que vivir bajo el mismo techo que los padres no determinará por sí solo el derecho a la ayuda.
La ampliación incluye además a jóvenes de entre 18 y 22 años procedentes de centros de protección de menores y a personas de 23 años o más que compartan vivienda con una unidad de convivencia sin pertenecer a ella. En estos casos, no podrán estar casadas, salvo que hayan iniciado la separación o el divorcio, ni formar parte de una pareja de hecho u otra unidad de convivencia.
Una prestación en expansión
El IMV alcanzó en julio a 2.682.646 personas agrupadas en 879.225 hogares. La nómina mensual fue de 473,3 millones de euros, con una cuantía media de 504,5 euros por hogar. Frente a julio de 2025, las prestaciones activas crecieron un 16,9% y los beneficiarios aumentaron un 16,7%. Los menores representan casi el 41% del total, con 1.089.965 perceptores.
Los datos muestran que el IMV se ha convertido en una herramienta central contra la pobreza, pero también evidencian la persistencia de la precariedad y las dificultades de acceso a una vivienda independiente. La nueva regulación amplía la protección a adultos que comparten domicilio por necesidad, aunque su aplicación dependerá de una acreditación rigurosa de la autonomía económica y de la vulnerabilidad.
