La declaración de Pablo Milad a radio Biobío tiene una apariencia sencilla: el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) comprometió el apoyo de Chile a la reelección de Gianni Infantino como presidente de la FIFA. Sin embargo, detrás de esa frase existe una decisión con efectos políticos, institucionales y estratégicos que exceden la relación personal entre dos dirigentes. Milad respaldó públicamente la gestión del suizo, dio por cerrada la controversia provocada por la exclusión de Chile de la organización del Mundial de 2030 y, al mismo tiempo, defendió la conveniencia de ampliar a 64 selecciones el número de participantes en la próxima Copa del Mundo.
El dato central es que el apoyo fue anunciado cuando el mandato de Milad al frente de Quilín está próximo a terminar. El propio dirigente reconoció que corresponderá al futuro directorio evaluar formalmente la decisión, pero agregó que la Confederación Sudamericana de Fútbol vota en bloque. Esa combinación de respaldo personal, disciplina regional y transición interna convierte el anuncio en algo más complejo que una simple manifestación de preferencias: fija una posición política para el fútbol chileno, aunque deja abierta la discusión sobre quién tendrá la autoridad definitiva para sostenerla.
Una herida diplomática convertida en “etapa superada”
La exclusión de Chile del Mundial de 2030 había sido un episodio especialmente sensible para la dirigencia nacional. La candidatura sudamericana inicialmente asociada a Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay terminó dando paso a un esquema en el que esos países recibirán partidos conmemorativos, mientras España, Portugal y Marruecos asumirán la mayor parte de la organización. Chile quedó fuera de la sede sudamericana y, con ello, perdió una oportunidad de proyectarse como anfitrión en un torneo de enorme valor económico y simbólico.
Milad optó ahora por describir ese desenlace como “una etapa superada”. La fórmula busca cerrar un conflicto que podría obstaculizar la coordinación futura con la FIFA, pero también revela una prioridad: preservar el vínculo institucional antes que mantener abierta una disputa pública. Desde la perspectiva de la ANFP, prolongar el reclamo tendría un rendimiento incierto. Chile no puede modificar por sí solo una decisión ya adoptada y necesita que sus clubes, selecciones y proyectos de infraestructura sigan conectados con los programas de la FIFA y la Conmebol.
La primera lectura analítica es que el respaldo funciona como una inversión diplomática. Al reconocer la gestión de Infantino y abandonar explícitamente el reproche por 2030, la dirigencia chilena procura recuperar capacidad de interlocución para futuras competencias, reformas y asignaciones de recursos. La lógica es comprensible: cuando la influencia de una federación depende en buena medida de alianzas, mantener un enfrentamiento abierto puede ser más costoso que aceptar una derrota política. El riesgo, no obstante, es que la sociedad interprete el giro como una renuncia a exigir explicaciones sobre el proceso que dejó a Chile fuera.
La dificultad aumenta porque el apoyo no se limita a una valoración administrativa. Milad afirmó que “hoy le damos nuestro apoyo completo a Gianni Infantino” y sostuvo que lo ocurrido fue solamente una propuesta que ya fue retirada. Esa definición reduce el peso político de la candidatura sudamericana que no prosperó y presenta el episodio como una diferencia temporal, no como un quiebre estructural. Para los dirigentes que participaron en aquella iniciativa, la descripción puede parecer insuficiente: una propuesta retirada también puede haber expuesto fallas de coordinación, expectativas mal administradas y una desigual distribución del poder dentro del fútbol internacional.
El voto sudamericano y la autonomía de Chile
La referencia de Milad a que “Conmebol vota en bloque” es posiblemente el elemento más importante de su declaración. En las elecciones de la FIFA, la unidad regional permite que las asociaciones sudamericanas negocien desde una posición colectiva y eviten la dispersión de sus votos. Pero esa coordinación también limita la autonomía de cada federación nacional. El fútbol chileno puede tener prioridades específicas, desde el desarrollo de divisiones inferiores hasta la modernización de estadios, que no siempre coinciden con las de las otras asociaciones del continente.
El bloque sudamericano tiene diez votos, una cifra pequeña frente a los 211 miembros de la FIFA, pero relevante en una elección que suele construirse mediante coaliciones continentales. El peso de Conmebol no depende únicamente del número: también está asociado a la tradición futbolística de la región, a la influencia de sus grandes federaciones y a su capacidad para negociar asuntos como el calendario internacional, el acceso a torneos y la distribución de ingresos. La promesa de unidad puede aumentar esa influencia, aunque también puede transformar a las asociaciones menores en acompañantes de decisiones tomadas por los actores más poderosos.
Ahí aparece la segunda idea clave: la unidad de voto es útil como instrumento de negociación, pero no debería confundirse con la ausencia de debate. Si la ANFP acepta anticipadamente una orientación regional sin explicar qué compromisos concretos espera obtener, el apoyo corre el riesgo de convertirse en una declaración simbólica. La pregunta relevante no es solo a quién votará Chile, sino qué agenda defenderá dentro de ese bloque. Transparencia financiera, seguridad en los estadios, formación de árbitros, desarrollo juvenil y mecanismos de solidaridad deberían formar parte de cualquier negociación que pretenda justificar el respaldo.
El problema institucional es evidente. Milad admitió que la determinación final deberá corresponder al próximo directorio, pero ya hizo pública una posición política. El futuro liderazgo podría respaldarla por continuidad, modificarla por razones estratégicas o cuestionarla para diferenciarse de la administración saliente. En cualquiera de esos escenarios, la declaración adelanta el debate electoral interno y coloca una carga sobre la nueva conducción: mantener el compromiso o explicar públicamente por qué Chile debería apartarse de la línea anunciada.
Infantino ante una FIFA más grande y más cuestionada
El respaldo chileno llega en un momento en que la gestión de Infantino se asocia con una expansión sostenida de las competencias y de la presencia global de la FIFA. El Mundial masculino pasó de 32 a 48 selecciones a partir de 2026, mientras la organización ha explorado formatos con más participantes y nuevos mercados. El argumento favorable es conocido: más países acceden al principal escenario deportivo, se amplían los ingresos comerciales y se distribuyen oportunidades que antes estaban concentradas en Europa y Sudamérica.
La propuesta de un Mundial de 64 equipos para celebrar el centenario de la FIFA lleva esa lógica a un límite superior. Un torneo de esa magnitud permitiría que más federaciones compitieran y podría ofrecer a asociaciones como la chilena una vía adicional de clasificación. También incrementaría los partidos, las ventanas de calendario y el atractivo para patrocinadores y operadores audiovisuales. Desde una perspectiva estrictamente comercial, el crecimiento del inventario de partidos puede mejorar la capacidad de la FIFA para negociar derechos y financiar programas de desarrollo.
Pero la ampliación no es neutral. Un Mundial de 64 equipos obligaría a resolver la duración del torneo, la carga de viajes, la disponibilidad de estadios y la coordinación con las ligas nacionales. El calendario ya enfrenta una tensión creciente entre campeonatos domésticos, torneos continentales, ventanas de selecciones y descansos médicos. Los futbolistas soportan una acumulación de encuentros que ha generado advertencias de sindicatos y asociaciones profesionales. Añadir participantes sin una reducción equivalente en otras competiciones trasladaría el costo a los jugadores y a los clubes, especialmente a los que no reciben una proporción significativa de los ingresos globales.
La tercera conclusión es que la expansión puede beneficiar a Chile en el acceso, pero no necesariamente en la competitividad. Más cupos aumentan la probabilidad estadística de clasificar, aunque no resuelven los problemas estructurales que explican el retroceso de una selección: menor producción de talentos, dificultades en el tránsito entre fútbol juvenil y profesional, inestabilidad institucional y desigualdad en la inversión. Un Mundial más grande podría ocultar durante algunos ciclos esas carencias sin corregirlas. El objetivo debería ser utilizar la ampliación como oportunidad de desarrollo, no como sustituto de una política deportiva.
Quién gana y quién asume los costos
Para la FIFA, un torneo de 64 selecciones ofrecería legitimidad política entre las federaciones que aspiran a competir con mayor frecuencia. Para las asociaciones nacionales, significa más posibilidades de clasificación y potenciales ingresos por participación. Para los gobiernos y ciudades anfitrionas, puede representar actividad turística y obras de infraestructura, aunque también mayores exigencias presupuestarias. La experiencia de los últimos mundiales muestra que organizar el evento no es solo una operación deportiva: implica seguridad, transporte, alojamiento, derechos laborales y control del gasto público.
Los clubes europeos, que concentran buena parte de los jugadores convocados y de los ingresos del fútbol de elite, probablemente exigirán garantías sobre compensaciones y descanso. Las ligas medianas pueden temer que el calendario internacional debilite sus productos locales. En el otro extremo, federaciones de África, Asia, Oceanía y Centroamérica pueden considerar que una ampliación corrige una representación históricamente insuficiente. El debate, por tanto, no enfrenta simplemente a quienes quieren crecimiento contra quienes prefieren conservadurismo: enfrenta distintas formas de entender quién debe beneficiarse de la expansión.
Los aficionados también tienen intereses contradictorios. Un torneo más inclusivo puede generar nuevos relatos, rivalidades y mercados. Sin embargo, si el formato multiplica partidos de menor atractivo en la primera fase o diluye la sensación de excepcionalidad, la marca del Mundial podría perder parte de su fuerza. El valor del torneo no proviene solo del número de selecciones, sino de la concentración de talento, la incertidumbre competitiva y la capacidad de cada encuentro para conservar importancia.
El próximo movimiento será institucional
En el corto plazo, la discusión chilena se trasladará desde la declaración de Milad hacia la capacidad del próximo directorio para convertir el respaldo en una agenda verificable. La ANFP debería precisar qué beneficios deportivos espera, qué compromisos financieros están asociados a la relación con FIFA y Conmebol y cómo se evaluará el impacto de una eventual ampliación mundialista. Sin esos parámetros, el apoyo puede quedar reducido a una señal de buena voluntad sin retorno concreto para el fútbol nacional.
También será decisivo el comportamiento de Conmebol. Si el bloque mantiene una posición común, Chile tendrá incentivos para permanecer alineado. Si aparecen candidaturas alternativas, divisiones internas o negociaciones sobre cupos y calendarios, la frase de Milad podría ser revisada por el nuevo liderazgo. En ese escenario, la asociación deberá equilibrar continuidad diplomática y capacidad de negociación, evitando que una promesa realizada durante el final de un mandato limite innecesariamente a la administración siguiente.
La reelección de Infantino parece encaminarse hacia un debate sobre el modelo de crecimiento de la FIFA. El apoyo de Chile aporta un voto y, sobre todo, una señal de que la estrategia de ampliar la participación mantiene respaldo en Sudamérica pese a la frustración por 2030. El desenlace dependerá de si esa expansión viene acompañada de controles, planificación del calendario y una distribución más clara de los recursos. Para la ANFP, el desafío no consiste únicamente en escoger un candidato: consiste en demostrar que el respaldo internacional puede traducirse en mejores condiciones para el fútbol chileno y no solo en una reconciliación protocolar con el poder global.
