El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre la gestión del programa Team España y la ejecución de fondos europeos por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD) revela deficiencias generalizadas en la justificación y el control de las subvenciones concedidas a varias federaciones deportivas. La revisión, correspondiente a las ayudas otorgadas entre 2021 y 2024, identifica facturas duplicadas, pagos realizados fuera de plazo, alquileres sin contrato, gastos sin respaldo documental y partidas cuya relación con los programas subvencionados no aparece acreditada.
El órgano fiscalizador advierte de que las incidencias no parecen limitarse a errores aislados. Su conclusión apunta a prácticas repetidas en distintas entidades, especialmente en la forma de documentar los gastos y en el cumplimiento de los plazos administrativos. El informe no califica por sí mismo estas irregularidades como delitos, pero sí considera que reflejan un sistema de control insuficiente para garantizar que el dinero público se destina exclusivamente a los fines aprobados.
Retrasos generalizados y ausencia de sanciones
Una de las principales conclusiones afecta a los plazos de justificación. El Tribunal localizó 487 justificantes de gasto por un importe conjunto de 596.052 euros que fueron presentados fuera del periodo establecido. También registró 205 pagos extemporáneos, con una demora media de 52 días. En numerosas anotaciones, además, la fecha consignada para el pago era anterior a la fecha de la factura, una inconsistencia que dificulta comprobar cuándo se produjo realmente la operación.
El retraso alcanzó asimismo a las cuentas justificativas completas: 214 expedientes, el 28,46 % del total examinado, llegaron fuera de plazo, con una demora media de 38 días. Pese a la reiteración de estos incumplimientos, el informe señala que no se tramitó ningún procedimiento sancionador como consecuencia de ellos. Esta circunstancia constituye uno de los elementos centrales de la crítica del Tribunal, ya que la falta de consecuencias puede debilitar el efecto disuasorio de las obligaciones de control.
Facturas que superan el gasto real
El caso más significativo de duplicidad se encuentra en la Federación Hípica. En las justificaciones correspondientes a 2022 y 2023, la entidad imputó cantidades vinculadas a una misma factura hasta alcanzar 53.372 euros, aunque el importe real del documento era de 36.300 euros. El Tribunal añade que tampoco se aportaron los justificantes de pago correspondientes a las ayudas de esos ejercicios, por lo que no pudo verificar de forma suficiente la salida efectiva de los fondos.
La Federación de Personas con Discapacidad Física no presentó los justificantes de las transferencias realizadas a terceros. En el caso de la Federación de Esgrima, faltó una parte sustancial de las facturas de la convocatoria de 2023. Estas carencias no solo afectan a la forma del expediente: impiden establecer con precisión quién recibió el dinero, qué servicio se pagó y si el gasto coincidía con la finalidad de la ayuda concedida.
Alquileres y viviendas sin trazabilidad
El informe también identifica gastos recurrentes de alquiler en varias federaciones sin documentación suficiente sobre su destino. La Federación de Vela imputó 36.000 euros en alquileres correspondientes a las subvenciones de 2023 y 2024 sin aportar el contrato de arrendamiento ni el justificante del gasto. Además, la persona que figuraba como jefe de expedición no estaba adecuadamente identificada.
En Rugby, las ayudas de 2022 y 2023 financiaron 35.204 euros en gastos de vivienda sin precisar quiénes ocupaban el inmueble. La ausencia de contratos, recibos y datos básicos sobre los beneficiarios impide determinar si las viviendas estaban vinculadas a concentraciones, desplazamientos o actividades deportivas financiadas por el programa. El problema, por tanto, no reside únicamente en la existencia del alquiler, sino en la falta de una cadena documental que permita relacionarlo con una necesidad subvencionable.
Partidas cuya finalidad no queda acreditada
La fiscalización recoge otros gastos cuya elegibilidad o motivación no quedó demostrada. La Federación de Ciclismo imputó una intervención quirúrgica de un deportista por 5.970 euros, pese a que ese concepto no figura expresamente entre los gastos subvencionables del programa. También incluyó 40.000 euros correspondientes a un convenio con un club deportivo sin explicar la motivación del acuerdo ni acreditar que ese tipo de desembolso estuviera contemplado en la convocatoria.
En Hockey se detectó una redistribución de 60.872 euros desde el equipo femenino al masculino sin que constara la modificación presupuestaria necesaria. En Esgrima se incorporaron de forma incorrecta casi 80.000 euros en programas de entrenamiento, alojamiento, manutención, fisioterapia y servicios de psicología. En algunos casos ni siquiera se identificó al deportista que había recibido la asistencia, lo que limita la verificación individual de los servicios prestados.
El caso del reintegro compensado
El episodio relativo a la Federación de Taekwondo plantea una cuestión distinta, relacionada con la gestión administrativa de los reintegros. Después de que la entidad no justificara parte de una subvención concedida en 2024, el CSD inició un procedimiento para reclamar 69.752 euros. Sin embargo, la deuda terminó compensándose mediante el descuento de esa cantidad de la subvención ordinaria correspondiente a 2025.
El Tribunal considera que esa actuación no respeta el carácter finalista de las ayudas. Las subvenciones no son fondos de libre disposición: el dinero asignado a una convocatoria debe utilizarse para los objetivos de esa convocatoria y no puede emplearse para devolver ayudas de otra. La observación pone de manifiesto la necesidad de separar con claridad la concesión, la ejecución y el reintegro de cada ejercicio, incluso cuando la compensación pueda parecer una solución operativa para recuperar fondos públicos.
Más de 344.000 euros bajo observación
En conjunto, el informe cifra en 344.043 euros los gastos que presentan deficiencias o que no han sido suficientemente justificados. De esa cantidad, 107.833 euros corresponden a ayudas a deportistas; 74.720 euros, a personal y servicios profesionales; 79.983 euros, a compras y suministros; 10.303 euros, a desplazamientos; y 71.204 euros, a otros conceptos.
El Tribunal de Cuentas insta al Consejo Superior de Deportes a reforzar los controles previos y posteriores sobre las subvenciones, mejorar la verificación de los gastos y exigir una documentación más rigurosa. La magnitud de los retrasos y la variedad de las incidencias sugieren que no basta con corregir expedientes individuales: resulta necesario homogeneizar los criterios de justificación, comprobar los pagos con documentación bancaria y aplicar procedimientos de seguimiento que permitan detectar a tiempo los incumplimientos. La responsabilidad última de garantizar ese marco de control corresponde al organismo concedente, mientras que las federaciones deben demostrar de forma verificable que cada euro recibido responde al destino autorizado.
