La denuncia de la Asociación Nacional de Bancas Deportivas (Asonabade) sobre el crecimiento de las agencias hípicas coloca al sistema dominicano de juegos de azar ante una disyuntiva que va más allá de la disputa entre operadores. El presidente de la entidad, Ricardo Nadal, sostiene que estos establecimientos pasaron de 166 en 2019 a más de 70,000 en la actualidad, un salto equivalente a 42,068 %. La cifra, de confirmarse mediante registros oficiales independientes, representaría una transformación extraordinaria de un sector que durante décadas mantuvo una presencia limitada.
El dato también exige cautela. No está claro si los 70,000 puntos corresponden exclusivamente a agencias hípicas autorizadas, a permisos emitidos, a establecimientos físicamente abiertos o a una combinación de agencias que ofrecen juegos virtuales y otras modalidades. Esa diferencia es decisiva para medir el alcance real del fenómeno. Un permiso aprobado no necesariamente equivale a un local operativo, de la misma manera que un punto de venta identificado por una asociación empresarial no prueba por sí solo su situación jurídica.
Un crecimiento que puede formalizar el mercado
La expansión de las agencias hípicas podría producir algunos efectos positivos si se desarrolla bajo reglas claras. Una red amplia de establecimientos facilita el acceso de los consumidores a operadores identificables, puede generar empleos directos e indirectos y abre la posibilidad de recaudar impuestos sobre actividades que, cuando permanecen en la informalidad, escapan al control fiscal. También puede incentivar inversiones en tecnología para registrar apuestas, verificar identidades y detectar operaciones inusuales.
El tránsito de los juegos tradicionales hacia plataformas virtuales ofrece, además, una oportunidad para modernizar la supervisión. Los sistemas digitales pueden dejar trazabilidad de cada apuesta, establecer límites de depósito, bloquear cuentas de menores de edad y producir alertas sobre patrones vinculados con fraude o lavado de activos. Sin embargo, esas ventajas solo aparecen cuando la digitalización está acompañada de controles técnicos, auditorías y una autoridad con capacidad real para hacer cumplir las normas.
La formalización también podría favorecer a los usuarios. En un mercado regulado, los apostadores tendrían más posibilidades de reclamar ante cobros indebidos, publicidad engañosa o incumplimientos en el pago de premios. Para los operadores que cumplen la ley, un registro público y verificable puede reducir la competencia desleal de negocios clandestinos y ofrecer mayor seguridad jurídica para sus inversiones.
El problema es que una expansión tan acelerada también puede reflejar una debilidad institucional. Nadal acusa a la Comisión Hípica Nacional de emitir permisos en materias que, según su interpretación, corresponden al Ministerio de Hacienda y Economía. La controversia no debería resolverse únicamente con declaraciones públicas: requiere revisar las leyes aplicables, los decretos emitidos desde 2019, el alcance de cada licencia y los procedimientos utilizados para autorizar nuevos puntos.
La disputa por las competencias públicas
Cuando dos organismos reclaman facultades sobre una misma actividad, aumenta el riesgo de decisiones contradictorias. Un operador puede recibir una autorización de una entidad y, al mismo tiempo, quedar expuesto a sanciones de otra. Esa incertidumbre afecta a las empresas, pero también al Estado, porque dificulta determinar quién recauda, quién inspecciona, quién sanciona y quién responde cuando se vulneran las reglas de protección al consumidor.
La falta de coordinación puede producir una carrera regulatoria en la que cada institución busque ampliar su influencia mediante la emisión de permisos. En el corto plazo, eso acelera la instalación de locales; en el largo plazo, puede fragmentar los controles y hacer más difícil conocer cuántos establecimientos existen realmente. La experiencia de otros mercados muestra que la cantidad de licencias no garantiza una industria formal si no hay inspecciones periódicas, sanciones efectivas y una base de datos única.
La discusión legislativa adquiere por ello una relevancia central. Si el proyecto de ley sobre juegos de azar modifica las atribuciones administrativas sin establecer una transición ordenada, podría aumentar el litigio y paralizar decisiones de inversión. Si, en cambio, elimina restricciones de distancia o facilita autorizaciones sin criterios territoriales, la regulación puede terminar validando una concentración de puntos de apuestas en zonas de alta vulnerabilidad económica.
Proximidad, menores y salud pública
La instalación de agencias junto a bancas deportivas, hospitales y escuelas constituye uno de los riesgos más sensibles señalados por Asonabade. La cercanía física no demuestra por sí misma una infracción, pero sí plantea una pregunta de política pública: qué nivel de exposición a apuestas debe tolerarse en espacios frecuentados por menores, pacientes y familias. Las distancias mínimas, cuando existen, buscan reducir esa exposición y evitar que los juegos formen parte del entorno cotidiano de niños y adolescentes.
Una red que eventualmente supere los 150,000 establecimientos podría normalizar la apuesta como una actividad de consumo ordinario, especialmente en barrios donde las alternativas recreativas y laborales son limitadas. La publicidad de ganancias rápidas puede afectar con mayor intensidad a personas endeudadas o desempleadas. El aumento de la oferta no permite afirmar automáticamente que crecerá la ludopatía, pero sí amplía las oportunidades de juego y, con ellas, la necesidad de programas de prevención, tratamiento y orientación familiar.
Los juegos virtuales añaden una dificultad específica. A diferencia de una apuesta presencial, pueden estar disponibles durante todo el día desde teléfonos y dispositivos personales. Eso reduce la visibilidad del comportamiento compulsivo y facilita que una persona aumente la frecuencia o el monto de sus apuestas sin que su entorno lo advierta. Los controles de edad, autoexclusión, límites de gasto y pausas obligatorias deberían formar parte de cualquier régimen moderno, no quedar como compromisos voluntarios de los operadores.
Competencia desigual y señales fiscales
La comparación presentada por Nadal entre más de 70,000 agencias hípicas y 1,849 bancas deportivas revela una posible asimetría competitiva. Si un sector puede multiplicar sus puntos mientras otro enfrenta restricciones de licencias, requisitos distintos o mayores controles, la competencia deja de depender exclusivamente de la eficiencia empresarial. También se distorsiona la recaudación: las actividades con escasa supervisión pueden operar con costos inferiores a los de compañías que cumplen obligaciones tributarias y laborales.
El dirigente afirma, además, que unas 30,000 bancas de lotería operarían con autorización legal y cerca de 120,000 funcionarían sin regularización. Estas cifras son graves, pero necesitan ser verificadas por un censo oficial que identifique la ubicación, el titular, la modalidad de juego y el estatus de cada establecimiento. Sin una metodología común, distintas organizaciones pueden contabilizar locales, licencias o terminales de manera diferente, generando diagnósticos incompatibles y decisiones basadas en estimaciones.
La informalidad masiva tendría efectos sobre los ingresos públicos, la seguridad y la protección del consumidor. Un negocio no registrado puede ser más difícil de fiscalizar y puede servir para ocultar transacciones, evadir impuestos o canalizar recursos de origen ilícito. No obstante, convertir automáticamente a todos los operadores informales en delincuentes también sería contraproducente. Una política eficaz debería distinguir entre incumplimientos administrativos, fraude, explotación ilegal y delitos financieros, aplicando sanciones proporcionales y ofreciendo vías transparentes de regularización.
El riesgo de una ley aprobada sin controles suficientes
Nadal sostiene que algunos legisladores propietarios de loterías participaron en la comisión que estudió el proyecto, lo que plantea un posible conflicto de intereses. La acusación debe ser investigada con documentos y procedimientos institucionales, no asumida como prueba de una actuación indebida. Aun así, la sola percepción de que los beneficiarios de una regulación intervienen directamente en su diseño puede deteriorar la confianza pública y debilitar la legitimidad de la ley.
La eliminación o flexibilización de la distancia de 500 metros entre puntos de venta sería especialmente relevante. Esa regla puede proteger la planificación urbana y limitar la saturación comercial, aunque también puede elevar barreras de entrada y favorecer a operadores ya establecidos. La cuestión no es solo mantenerla o eliminarla, sino determinar si la distancia actual responde a criterios técnicos, cómo se mide, qué excepciones existen y si debe complementarse con límites por municipio, densidad poblacional o proximidad a centros educativos y sanitarios.
Un marco demasiado restrictivo puede empujar la demanda hacia plataformas clandestinas o sitios extranjeros difíciles de controlar. Uno demasiado permisivo puede producir saturación, adicción, evasión fiscal y conflictos comunitarios. El desafío legislativo consiste en encontrar un equilibrio verificable, con reglas iguales para todos los operadores y mecanismos para corregir efectos no previstos.
Qué debería aclararse antes de ampliar permisos
Antes de aprobar nuevas autorizaciones, el Estado debería publicar un registro consolidado de agencias hípicas, bancas de lotería y bancas deportivas. Ese registro tendría que incluir la autoridad que concedió cada permiso, la fecha de emisión, el propietario real, la ubicación, las modalidades ofrecidas y el cumplimiento tributario. Una auditoría independiente podría determinar si los puntos anunciados están operativos, si cuentan con licencias compatibles y si respetan las restricciones territoriales.
También sería conveniente establecer un sistema único de supervisión o, al menos, un protocolo obligatorio de coordinación entre la Comisión Hípica Nacional y el Ministerio de Hacienda y Economía. Las competencias deben quedar definidas con precisión: quién autoriza, quién cobra, quién inspecciona, quién investiga operaciones sospechosas y quién impone sanciones. La publicación periódica de estadísticas permitiría evaluar el mercado sin depender exclusivamente de los cálculos de asociaciones empresariales.
La regulación debería incorporar obligaciones de juego responsable, controles contra el lavado de activos, límites a la publicidad dirigida a menores y sanciones por instalar puntos sin autorización. Las decisiones sobre la ubicación de locales tendrían que incluir consultas municipales y criterios de impacto social. Al mismo tiempo, los operadores legales necesitan un procedimiento razonable para renovar licencias, impugnar sanciones y competir en condiciones previsibles.
La denuncia de Asonabade y el respaldo de la Asociación Dominicana de Bancas Deportivas abren una oportunidad para revisar un mercado que parece haber crecido más rápido que su capacidad de supervisión. El dato de 70,000 puntos puede confirmar una transformación económica relevante o revelar una confusión entre permisos, locales y terminales; ambas posibilidades justifican una verificación urgente. La decisión del Senado definirá si la expansión continúa sin un censo confiable o si se establece primero una arquitectura regulatoria capaz de proteger la recaudación, la competencia y a las personas más expuestas a los riesgos del juego.
