La petición de Luis Figo para que Gianni Infantino abandone la presidencia de la FIFA no es una discrepancia personal más dentro del fútbol internacional. El exfutbolista portugués ha convertido en una acusación política el rechazo que ya había provocado el proyecto de transferir el 20% de los derechos comerciales de las competiciones de la FIFA a una filial, FIFA Forward Enterprise (FFE), abierta potencialmente a inversores privados. El plan fue retirado después de recibir críticas de federaciones, ligas y otros actores, pero el retroceso no ha cerrado la crisis: ha desplazado el debate desde la conveniencia de una operación financiera hacia la confianza en quien dirige el organismo.
Figo sostiene que Infantino ha “mentido”, ha “engañado” y ha intentado beneficiarse a sí mismo a costa del fútbol. Son acusaciones graves, formuladas públicamente a través de su cuenta de X y acompañadas de una conclusión tajante: la dimisión sería, según él, la única salida para preservar la dignidad del cargo y proteger el deporte. La FIFA, de acuerdo con la información disponible, ha recibido además críticas por la forma en que se planteó la iniciativa y por la falta de consenso entre las instituciones que sostienen el calendario y las competiciones.
La cuestión central no es solamente si FFE habría sido una buena o mala inversión. El verdadero problema es quién controla los ingresos futuros del fútbol, bajo qué reglas se comprometen y qué límites existen cuando una organización deportiva decide convertir una parte de sus derechos comerciales en un activo con participación privada.
La retirada del plan no borra su alcance
El proyecto planteaba vender una participación equivalente al 20% de los derechos comerciales de las competiciones de la FIFA a través de una estructura separada. Aunque el porcentaje pueda parecer limitado frente al conjunto del negocio, los derechos comerciales son uno de los principales pilares económicos del fútbol global. Incluyen patrocinios, acuerdos comerciales y otros ingresos vinculados a las competiciones. Ceder una parte de ese flujo no sería una operación ordinaria: afectaría a la capacidad de la FIFA para decidir sobre su financiación durante años.
El aspecto más sensible es la duración. La venta de una participación no se parece a un patrocinio temporal ni a un crédito con vencimiento. Si los inversores privados obtienen derechos económicos sobre futuras competiciones, podrían reclamar estabilidad, rentabilidad y capacidad de influencia. La FIFA, por su parte, quedaría vinculada a expectativas financieras que podrían condicionar sus decisiones deportivas. La discusión, por tanto, no puede reducirse a cuánto dinero entraría inicialmente. También debe preguntarse cuánto control se perdería, qué obligaciones se asumirían y quién soportaría los costes si el crecimiento esperado no se materializara.
La marcha atrás de Infantino evita, al menos por ahora, que el mecanismo avance. Pero genera un segundo problema: la percepción de que una decisión de gran trascendencia se presentó antes de haber construido una base suficiente de confianza. En una organización que agrupa a federaciones con intereses muy distintos, la viabilidad de una reforma depende tanto de sus números como de su legitimidad. Cuando un proyecto se retira tras el rechazo de actores relevantes, los interrogantes sobre la gobernanza pueden ser más dañinos que el fracaso financiero inicial.
Primera lectura: la crisis es de confianza, no de liquidez
La primera conclusión que se desprende del episodio es que la FIFA no parece estar enfrentando únicamente una necesidad de financiación, sino una crisis de confianza sobre el modo en que se toman las decisiones. Si el objetivo de FFE era captar capital para expandir o asegurar el crecimiento de las competiciones, la dirección del organismo debía explicar con precisión la valoración de los derechos, el destino de los fondos, la duración de los compromisos y las salvaguardas frente a conflictos de interés. La controversia demuestra que la pregunta “cuánto dinero puede obtenerse” quedó por delante de otra más importante: “qué se está entregando a cambio”.
La reacción de Figo puede entenderse dentro de ese vacío. Su crítica no se limita a calificar de erróneo el diseño de FFE; cuestiona la autoridad moral del presidente. Al afirmar que Infantino ha degradado un cargo que prometió elevar, el portugués plantea que la institución no puede recuperar credibilidad simplemente archivando la operación. Desde este punto de vista, la retirada no sería una solución, sino una evidencia de que el proyecto carecía de respaldo político suficiente.
Hay, sin embargo, una cautela necesaria. Una acusación pública no equivale a una prueba de enriquecimiento personal ni de ilegalidad. El hecho de que Figo utilice expresiones como “beneficiarse a sí mismo” no establece por sí solo la existencia de una ventaja económica concreta para Infantino. La rendición de cuentas exige documentos, contratos, estructuras de propiedad y mecanismos de supervisión. La gravedad de las declaraciones obliga precisamente a que el debate se traslade de las redes sociales a procedimientos verificables.
El segundo conflicto: quién representa al fútbol
Figo afirma que Infantino ha perdido el apoyo de su personal, de sus asesores cercanos y de la mayoría de quienes dedican su vida al deporte. También alude al supuesto distanciamiento del ganador del Premio de la Paz de la FIFA, en referencia al presidente estadounidense Donald Trump. Estas afirmaciones deben tratarse con prudencia mientras no existan datos públicos que permitan medir ese respaldo. Pero revelan la amplitud del frente político que el exjugador pretende construir: no una oposición individual, sino una coalición de trabajadores, dirigentes, federaciones y figuras externas.
Las federaciones nacionales tienen una preocupación específica. La FIFA distribuye recursos y programas de desarrollo, y cualquier modificación de sus derechos comerciales puede alterar el volumen y la previsibilidad de esa financiación. Para las federaciones con menos ingresos propios, la estabilidad de las transferencias es más importante que una ganancia extraordinaria inmediata. Un acuerdo que elevara el valor global del organismo podría resultar atractivo en el papel, pero también introducir una dependencia de inversores que exigirían resultados y retornos definidos.
Las ligas, en cambio, observan el asunto desde otra posición. Ya compiten con la FIFA por el control del calendario, la atención de los aficionados y los activos comerciales. Si la máxima organización internacional entrega parte de sus derechos a capital privado, las ligas pueden temer que se acelere la comercialización del fútbol y se multiplique la presión para organizar más partidos, más torneos y más ventanas de explotación. El conflicto no sería solo financiero: afectaría al descanso de los jugadores, a la distribución del calendario y al equilibrio entre competiciones nacionales e internacionales.
Los clubes también tendrían motivos contrapuestos. Los grandes podrían beneficiarse de una expansión comercial que elevara el valor de las competiciones y generara nuevas oportunidades de patrocinio. Los medianos y pequeños, en cambio, podrían quedar expuestos a una concentración mayor de ingresos en las propiedades más rentables. La experiencia de otros mercados deportivos muestra que captar capital no garantiza una distribución equitativa: sin reglas explícitas, el dinero tiende a seguir a las marcas más fuertes y a ampliar las diferencias existentes.
El capital privado puede acelerar, pero también condicionar
La segunda idea que conviene destacar es que la entrada de inversores privados no debe evaluarse como una opción neutral. El capital puede aportar liquidez, conocimiento comercial y capacidad para asumir riesgos que una organización deportiva no quiera financiar con recursos propios. También puede impulsar nuevas plataformas digitales, mercados internacionales y formatos audiovisuales. Esa es la defensa más razonable de un proyecto como FFE.
El problema aparece cuando el inversor adquiere derechos económicos sobre un producto cuyo valor depende de decisiones deportivas, políticas y sociales. Un fondo puede preferir más partidos porque aumentan el inventario publicitario; las federaciones pueden reclamar menos encuentros para proteger a los jugadores. Un inversor puede valorar una sede por su capacidad de generar ingresos; organizaciones de derechos humanos o sindicatos pueden cuestionar las condiciones laborales o políticas del país anfitrión. Cuando los intereses financieros se incorporan a la estructura de propiedad, cada decisión deportiva puede convertirse en una disputa contractual.
La FIFA tendría que demostrar que puede aislar sus decisiones reglamentarias de las presiones económicas. Para ello serían indispensables una valoración independiente de los derechos, publicación de los beneficiarios finales, límites a la influencia de los inversores, auditorías externas y cláusulas que impidan utilizar el contrato para intervenir en cuestiones deportivas. Sin esas garantías, FFE podría ser percibida como una privatización parcial de ingresos colectivos, aunque formalmente permaneciera bajo control de la FIFA.
El riesgo no se limita a la gobernanza. Existe también una posibilidad de sobrevaloración. Si la FIFA vende derechos futuros en un momento de expectativas elevadas, obtiene ingresos inmediatos, pero puede sacrificar una parte de las ganancias que generaría por sí sola en un escenario de crecimiento. Si, por el contrario, el mercado se enfría, el organismo podría quedar atado a compromisos asumidos con proyecciones demasiado optimistas. La decisión financiera tendría entonces consecuencias durante varios ciclos de competición.
Figo reabre una batalla que viene de lejos
La intervención de Figo tiene además una dimensión histórica. El portugués fue candidato a la presidencia de la FIFA en 2015 y ha mantenido una posición crítica con la gestión del organismo. Su voz no es la de un observador ajeno: pertenece a la generación de exjugadores que reclaman mayor transparencia y una participación más directa de quienes han construido el valor del espectáculo. Su legitimidad pública procede de esa trayectoria, aunque también obliga a distinguir entre una crítica institucional válida y una disputa política personal.
La FIFA, como cualquier organización global, necesita recursos para financiar competiciones y programas de desarrollo. También necesita capacidad para negociar con grandes empresas tecnológicas, plataformas audiovisuales y patrocinadores internacionales. Una estructura excesivamente lenta o cerrada podría perder oportunidades frente a operadores privados más ágiles. En ese sentido, quienes apoyan a Infantino podrían argumentar que la innovación financiera es necesaria para mantener la competitividad del fútbol internacional.
El contraargumento es que la velocidad no puede sustituir al consentimiento. Una operación de este tamaño afecta a federaciones, jugadores, clubes, aficionados y empleados. Si todos participan del valor generado por las competiciones, aunque no tengan la misma capacidad de decisión, la FIFA debe explicar por qué el modelo elegido protege el interés colectivo. El respaldo de una mayoría formal no bastaría si los procedimientos no permiten conocer los riesgos ni cuestionar las condiciones del acuerdo.
Qué puede ocurrir después de la marcha atrás
El escenario más probable es una revisión del proyecto, no necesariamente su desaparición definitiva. La FIFA podría rediseñar FFE como una entidad con financiación privada minoritaria, presentar una operación más limitada o buscar acuerdos de patrocinio y distribución en lugar de vender participaciones directas. También podría intentar construir primero un consenso con confederaciones, federaciones y ligas antes de volver a plantear la iniciativa. La fórmula cambiaría, pero la presión para monetizar nuevos activos seguiría existiendo.
Un segundo escenario sería la apertura de investigaciones internas o externas sobre el proceso de diseño y comunicación del plan. No hace falta que exista una infracción para que una organización revise sus controles. La pregunta sería quién autorizó la propuesta, qué asesoramiento recibió, qué conflictos de interés se evaluaron y por qué se anunció antes de contar con apoyos suficientes. Una auditoría independiente podría contener la crisis; una revisión cerrada, en cambio, probablemente alimentaría las sospechas expresadas por Figo.
También es posible que el episodio fortalezca a los opositores de Infantino en los próximos procesos políticos de la FIFA. La dimisión no depende de una declaración individual, sino de los mecanismos internos del organismo y de la capacidad de sus críticos para articular una alternativa. Pero el daño reputacional sí puede producirse de inmediato. En el fútbol global, perder la confianza de las federaciones o de los socios comerciales encarece cada reforma y reduce el margen para tomar decisiones impopulares.
Los riesgos que quedan sobre el césped y fuera de él
El primer riesgo es una mayor fragmentación institucional. Si la FIFA insiste en proyectos comerciales sin acuerdos amplios, las ligas y clubes pueden responder con iniciativas propias, reforzando la competencia entre torneos internacionales y nacionales. El resultado sería un calendario más complejo y una pugna por los mejores periodos de audiencia. Los jugadores pagarían una parte del coste mediante más viajes, más partidos y menos recuperación.
El segundo es jurídico y financiero. Los inversores privados, una vez incorporados a un activo deportivo, podrían exigir compensaciones ante cambios regulatorios, modificaciones del calendario o caídas de ingresos. La FIFA tendría que equilibrar su deber de proteger las competiciones con obligaciones contractuales de largo plazo. Cualquier cláusula ambigua podría terminar en arbitrajes costosos y comprometer recursos destinados al desarrollo del fútbol.
El tercero es reputacional. Si la organización no publica información suficiente sobre FFE y sobre el proceso que condujo a su retirada, la acusación de falta de transparencia puede consolidarse aunque no se demuestre una conducta ilícita. Para una institución que comercializa valores como solidaridad, desarrollo y representación global, la percepción de opacidad reduce la fuerza de sus campañas y debilita la confianza de patrocinadores y aficionados.
La salida de la crisis exige algo más que decidir si Infantino permanece o dimite. Requiere establecer quién tiene derecho a decidir sobre los activos comunes del fútbol, cómo se distribuyen los beneficios y qué controles protegen a las partes menos poderosas. Figo ha planteado una exigencia política extrema: que el presidente se vaya “ahora”. La respuesta institucional no puede limitarse a aceptar o rechazar esa demanda. Deberá demostrar, con documentos y procedimientos, que los derechos comerciales de la FIFA no se gestionan como patrimonio de una cúpula, sino como un recurso cuya legitimidad depende de todo el ecosistema que hace posible el fútbol internacional.
