La petición de dimisión formulada por Luís Figo contra Gianni Infantino no es una discrepancia más dentro del fútbol internacional. El exjugador portugués ha convertido en un conflicto abierto la reacción contra un proyecto que, según la información conocida, pretendía abrir a inversores privados determinadas competiciones de la FIFA, incluido el Mundial, mediante la empresa FIFA Forward Enterprise. La iniciativa fue retirada después de recibir el rechazo de tres confederaciones continentales, pero sus efectos políticos permanecen: ha puesto en cuestión la manera en que se toman las decisiones en la organización y ha debilitado la imagen de control que Infantino había construido desde su llegada a la presidencia.
Figo, antiguo jugador del Real Madrid y del FC Barcelona, exigió una salida inmediata del dirigente italo-suizo en un artículo publicado por el Daily Mail. Lo acusó de actuar de forma “deshonesta” y de promover cambios de gran alcance para beneficiarse a sí mismo y a sus allegados. Sus palabras son especialmente relevantes porque proceden de una figura con enorme reconocimiento internacional y con un antecedente político directo: en 2015 retiró su candidatura a la presidencia de la FIFA, una carrera que terminó ganando Infantino tras la crisis que había sacudido a la institución.
La propuesta que abrió una grieta institucional
El núcleo del conflicto no se limita a la eventual entrada de capital privado. El problema central fue el procedimiento. Infantino defendió que la operación permitiría aumentar los ingresos de todas las federaciones miembro, un argumento coherente con la presión financiera que soportan muchas asociaciones nacionales. Sin embargo, impulsar con rapidez un acuerdo de esa dimensión, sin una consulta amplia a las estructuras continentales y nacionales, transformó una propuesta económica en una disputa sobre legitimidad.
La FIFA no es una empresa convencional. Administra competiciones que pertenecen simbólicamente a todo el fútbol mundial y distribuye recursos entre federaciones con capacidades muy desiguales. Cualquier mecanismo que vincule el Mundial u otros torneos a inversores privados puede generar ingresos, pero también modifica quién asume los riesgos, quién participa en las decisiones y quién se beneficia del crecimiento comercial. Esa diferencia explica que el debate haya provocado una reacción mucho más intensa que la discusión ordinaria sobre patrocinadores o derechos audiovisuales.
La resistencia se vio reforzada por un temor previo: la posibilidad de celebrar un Mundial ampliado cada dos años en lugar de cada cuatro. Aunque esa hipótesis aparece vinculada al descontento general y no necesariamente al mismo acuerdo empresarial, ambas cuestiones comparten una percepción: la FIFA estaría tratando de acelerar la expansión del calendario y del negocio sin evaluar suficientemente sus consecuencias deportivas. Para clubes, selecciones, jugadores y aficionados, cada nueva competición compite por espacio, atención y recursos.
El respaldo continental como límite al presidente
El rechazo de tres confederaciones continentales obligó a Infantino a abandonar el plan. Ese desenlace revela el principal contrapeso institucional de la FIFA. Aunque el presidente dispone de una plataforma global y de una amplia capacidad para distribuir fondos, necesita mantener una relación funcional con las confederaciones, que organizan competiciones regionales y representan intereses deportivos, comerciales y políticos muy concretos.
Cuando varias de esas estructuras se coordinan contra una iniciativa, el problema deja de ser técnico. La oposición comunica que el presidente no puede rediseñar unilateralmente el modelo económico del fútbol mundial. También envía una señal a las federaciones nacionales: los fondos prometidos no bastan para justificar cualquier transformación si el proceso carece de transparencia o si amenaza el equilibrio entre los distintos niveles del deporte.
La reunión mantenida en Marruecos con otros directivos de la FIFA, referida por una fuente a la AFP, debe interpretarse en ese contexto. Más que una negociación ordinaria, parece formar parte de un esfuerzo para recuperar apoyos tras una crisis política inesperada. La necesidad de recomponer alianzas demuestra que la retirada del plan no cerró el episodio. Al contrario, abrió una etapa en la que cada miembro del gobierno de la FIFA tendrá que decidir cuánto respaldo conserva Infantino y qué condiciones exige para seguir apoyándolo.
Figo y la memoria de las elecciones de 2015
La intervención de Figo tiene una dimensión que supera la del exfutbolista indignado. En 2015 quiso competir por la presidencia de la FIFA y abandonó la carrera en un momento en que la organización estaba marcada por acusaciones de corrupción y una profunda pérdida de credibilidad. Aquella etapa convirtió la reforma de la gobernanza en una demanda global, aunque el paso del tiempo ha desplazado el foco hacia la expansión comercial y la concentración de poder.
Al pedir que Infantino se marche sin esperar a las elecciones del próximo año, Figo plantea una cuestión de responsabilidad política. En los sistemas deportivos internacionales, la celebración periódica de comicios funciona como mecanismo de ratificación, pero también puede convertirse en una protección para los dirigentes si controlan los recursos, las alianzas y la agenda. La exigencia de una dimisión inmediata implica que, a juicio de sus críticos, el daño no debería medirse únicamente en votos futuros, sino en la confianza perdida durante el actual mandato.
El apoyo o la coincidencia pública de otros altos cargos, entre ellos Arsène Wenger, antiguo entrenador del Arsenal, amplía la importancia del caso. No significa necesariamente que exista una candidatura alternativa ni una mayoría organizada para sustituir al presidente. Sí indica, en cambio, que el malestar ha alcanzado a personas con conocimiento directo del funcionamiento del fútbol internacional. Cuando las críticas proceden de antiguos dirigentes, asesores o responsables técnicos, la discusión adquiere un carácter interno que resulta más difícil de neutralizar mediante mensajes institucionales.
El coste de confundir crecimiento con legitimidad
La defensa de Infantino se apoya en una lógica reconocible: el fútbol genera enormes ingresos, pero muchas federaciones continúan necesitando financiación para infraestructuras, formación y competiciones. Abrir nuevas vías de inversión podría permitir que una parte mayor de ese valor regresara a las asociaciones más débiles. El razonamiento tiene fuerza, pero no resuelve tres preguntas decisivas: quién fija las condiciones, durante cuánto tiempo se comprometen los activos y qué mecanismos impiden que el inversor privado termine influyendo sobre las prioridades deportivas.
Los precedentes de otros deportes muestran que el capital puede acelerar la expansión internacional y mejorar la producción audiovisual, pero también generar conflictos sobre calendarios, sedes y reparto de beneficios. En el fútbol, donde las federaciones dependen de los ingresos de la FIFA y los clubes sostienen buena parte del espectáculo, una estructura demasiado orientada a la rentabilidad inmediata puede trasladar los costes a los jugadores y a las competiciones nacionales. Más partidos significan, por ejemplo, mayor exposición comercial, pero también más carga física y menos tiempo de recuperación.
Por eso la controversia no debería reducirse a una oposición entre modernizadores y defensores del inmovilismo. El debate real consiste en determinar qué tipo de crecimiento es compatible con la autonomía deportiva. Si un acuerdo privado aporta capital sin controles públicos, sin auditorías claras y sin consulta a quienes organizan y disputan las competiciones, la promesa de mayores ingresos puede terminar erosionando la legitimidad que hace valiosos esos mismos torneos.
Una crisis que afecta al calendario y a la confianza
El enfrentamiento también reabre la disputa sobre el calendario internacional. La idea de un Mundial bienal ya había provocado preocupación porque alteraría la relación histórica entre la Copa del Mundo, las competiciones continentales y las temporadas de clubes. Un torneo cada dos años podría multiplicar los ingresos comerciales y la frecuencia de los grandes acontecimientos, pero reduciría su excepcionalidad y presionaría a las ligas nacionales, que perderían espacio y audiencia.
El impacto social tampoco es menor. El fútbol funciona como una institución cultural compartida por países con sistemas políticos y económicos muy distintos. Cuando sus dirigentes son acusados de actuar con opacidad o de priorizar intereses personales, la desconfianza no queda confinada a las oficinas de la FIFA. Afecta a los aficionados, que perciben que las decisiones sobre el deporte que siguen se toman lejos de ellos y con criterios difíciles de escrutar.
En ese sentido, las palabras de Figo, aunque contundentes y claramente políticas, conectan con una inquietud más amplia: la distancia entre la dimensión comunitaria del fútbol y la escala financiera que ha adquirido su gestión. La reputación de la FIFA depende tanto de la cantidad de dinero que distribuya como de la credibilidad de las reglas con las que lo obtiene y reparte. Una organización que promete más recursos, pero no explica con claridad sus acuerdos, puede ganar capacidad económica y perder autoridad moral.
Las rutas que quedan abiertas
El futuro inmediato dependerá de si Infantino logra reconstruir el consenso o si la retirada del proyecto se convierte en el comienzo de una contestación más amplia. Para recuperar legitimidad, no bastará con presentar una nueva versión de la misma propuesta. Serían necesarias consultas formales con las confederaciones, información pública sobre los inversores y los riesgos financieros, límites precisos a la cesión de derechos y garantías de que las decisiones deportivas no quedarán subordinadas a compromisos comerciales.
También será determinante la capacidad de las voces críticas para convertir la indignación en una agenda concreta. Pedir la dimisión puede movilizar a la opinión pública, pero una reforma duradera necesita reglas sobre conflictos de interés, controles independientes y una representación más equilibrada de jugadores, clubes, federaciones y aficionados. Sin ese programa, la disputa corre el riesgo de limitarse a un cambio de nombres, dejando intacta la estructura que permitió que una decisión de alcance mundial avanzara con una consulta insuficiente.
La crisis, por tanto, no se resolverá únicamente con la continuidad o la salida de Infantino. Ha puesto a prueba el modelo de gobierno del fútbol global y ha demostrado que la autoridad presidencial tiene límites cuando las confederaciones perciben que están siendo desplazadas. Figo ha elevado el tono del conflicto, pero la cuestión de fondo es más amplia: quién debe decidir el futuro económico y deportivo del fútbol, con qué controles y en beneficio de quién. La respuesta determinará si la FIFA sale de este episodio con una nueva legitimidad o con una fractura que reaparecerá ante la próxima gran expansión comercial.
