La visita de Dinorah Figuera a Caracas y su encuentro con Jorge Rodríguez marcan un giro concreto en la política venezolana. La presidenta de la Asamblea Nacional de 2015 regresó respaldada por Estados Unidos con una agenda centrada en la renovación del Consejo Nacional Electoral, la recomposición del Tribunal Supremo de Justicia y garantías de participación política. Ambos actores, que durante años se negaron mutuamente, sostuvieron conversaciones directas que dejan atrás el desconocimiento recíproco y abren una fase donde las instituciones permanentes definen el margen de maniobra de los próximos años.
El cambio de escenario es claro: el chavismo ya no puede negociar solo desde una posición de fuerza unilateral. La presión estadounidense exige resultados verificables y no solo anuncios. Figuera, hasta hace poco desconocida para gran parte de la población, se convirtió en interlocutora visible de un sector de la oposición que busca reconstruir reglas institucionales antes de cualquier proceso electoral.
El peso real de las instituciones permanentes
Los rectores del CNE y los magistrados del TSJ no son cargos temporales. Quien los controle influye en la validación de candidaturas, la resolución de disputas electorales y la interpretación de la Constitución durante al menos una década. En procesos anteriores, el oficialismo utilizó las mesas de diálogo para ganar tiempo y dividir a la oposición. Hoy la variable externa es distinta: Washington mide avances concretos y puede reactivar sanciones si detecta dilación. Este condicionamiento reduce el margen para repetir la estrategia de 2019 y 2021.
La diferencia radica en que la reconstrucción institucional requiere mayorías calificadas y plazos largos. Cualquier acuerdo que no incluya plazos verificables y mecanismos de seguimiento internacional corre el riesgo de quedar en papel. Los actores que participen en la designación de estos órganos obtendrán influencia estructural que trasciende los resultados de una sola elección.
Tres lecturas sobre el equilibrio de poder
La primera lectura apunta a una redistribución controlada del poder. El chavismo acepta compartir espacios institucionales a cambio de alivio de sanciones y reconocimiento parcial de su permanencia en el Ejecutivo. La segunda lectura subraya la presión estadounidense como factor que obliga a resultados medibles, lo que limita el uso tradicional de las negociaciones como herramienta dilatoria. La tercera lectura advierte sobre la exclusión de María Corina Machado, quien mantiene el mayor respaldo popular según encuestas internas de la oposición. Ignorar a esta fuerza puede generar inestabilidad posterior si los acuerdos no reflejan la distribución real de apoyos electorales.
Cada una de estas interpretaciones tiene sustento en comportamientos previos. El chavismo ha demostrado capacidad para absorber presiones mediante concesiones parciales. Estados Unidos ha endurecido condiciones cuando detecta incumplimientos. Machado, por su parte, representa un sector que rechaza cualquier negociación que no incluya garantías de integridad electoral desde el primer paso.
Perspectivas de los actores involucrados
Desde el oficialismo, el cálculo es preservar control sobre las instituciones clave mientras se obtiene oxígeno económico. Para el sector que representa Figuera, el objetivo es recuperar terreno en organismos que históricamente han favorecido al poder ejecutivo. Estados Unidos busca evitar un colapso migratorio mayor y una mayor influencia de actores externos en la región. Los sectores más radicales de la oposición temen que cualquier acuerdo sin Machado consolide una transición pactada que limite competencia real.
Las tensiones internas dentro de la oposición son evidentes. Algunos dirigentes priorizan la presencia en la mesa para influir en las reglas; otros consideran que la ausencia de la figura con mayor capital político debilita cualquier resultado. Esta división puede reproducirse si los plazos de implementación se extienden sin avances tangibles.
Riesgos y tendencias probables
El principal riesgo es la repetición del patrón de negociaciones sin cumplimiento. Si el oficialismo percibe que puede obtener alivio parcial sin entregar control efectivo del CNE o del TSJ, es probable que extienda los tiempos. Otro riesgo es la fragmentación opositora: la exclusión de Machado podría derivar en movilizaciones paralelas que erosionen la legitimidad de cualquier acuerdo. Un tercer riesgo es la reacción de actores regionales que observan con atención cómo evoluciona la presión estadounidense.
Las tendencias más probables apuntan a un proceso gradual de designaciones institucionales con plazos intermedios y revisiones trimestrales. Es poco probable que se alcance un acuerdo integral antes de que se definan las reglas para las próximas elecciones. La variable decisiva seguirá siendo la capacidad de Estados Unidos para mantener coherencia en sus exigencias y la disposición de ambos lados a aceptar que ninguna parte puede imponer condiciones unilaterales.
Los venezolanos exigen resultados concretos sobre las instituciones que decidirán su futuro político. Las conversaciones actuales pueden abrir esa ruta, pero solo si los hechos demuestran que el control compartido reemplaza al control unilateral. De lo contrario, el país volverá a un ciclo de promesas sin verificación.
