El estadio Rodrigo Paz Delgado terminó como escenario de un incidente entre integrantes de Delfín Sporting Club y efectivos de la Policía Nacional, luego del triunfo 2-1 de Liga Deportiva Universitaria de Quito en el cierre de la fecha 23 de la LigaPro. El partido, marcado por una remontada en el tiempo de adición, derivó en reclamos contra la terna arbitral y en el uso de gas lacrimógeno y gas pimienta para dispersar a jugadores, dirigentes y miembros del cuerpo técnico del conjunto manabita.
La controversia se originó durante los minutos finales, cuando Delfín sostenía una ventaja de 1-0 en condición de visitante. De acuerdo con los reclamos expresados por el plantel cetáceo, el árbitro central Lenin Quiñónez se habría negado a autorizar un cambio solicitado por el equipo antes de una acción que terminó modificando el resultado. La versión corresponde a la postura del club y de su cuerpo técnico; hasta el momento de la información difundida no se conocía un pronunciamiento arbitral que explicara esa decisión.
Una remontada definida en el tiempo añadido
Liga de Quito encontró la igualdad y posteriormente la victoria por intermedio de Michael Estrada, autor de los dos goles albos en los minutos 89 y 100. La remontada significó tres puntos para el equipo local, pero también intensificó el malestar de Delfín, que pasó de controlar el marcador a abandonar el estadio con una derrota en los últimos instantes del compromiso.
La secuencia de los goles fue determinante para elevar la tensión. El primer tanto de Estrada llegó cerca del cierre del tiempo reglamentario y el segundo se produjo cuando el encuentro ya se encontraba en el tramo final de la adición. Para el conjunto mantense, la imposibilidad de concretar el cambio solicitado y las decisiones adoptadas durante ese periodo incidieron en una pérdida que consideró especialmente perjudicial.
Los reclamos continuaron después del pitazo
Una vez concluido el partido, dirigentes, futbolistas y el entrenador de Delfín, Juan Carlos “Pechón” León, se dirigieron hacia la zona central de la cancha para pedir explicaciones a la cuarteta arbitral. La protesta, inicialmente verbal, aumentó de intensidad y llevó a la intervención de los agentes policiales que se encontraban en el estadio.
Según la información difundida sobre el incidente, la fuerza pública empleó gas lacrimógeno y gas pimienta con el propósito de dispersar a los integrantes del equipo visitante y proteger a los árbitros. La acción se produjo cerca del túnel de acceso a los camerinos, un espacio de circulación reducida en el que se generaron escenas de confusión y desesperación entre las personas presentes.
El uso de los agentes químicos afectó al propio León y, al menos, a tres jugadores de Delfín. Los afectados presentaron irritación ocular y dificultades respiratorias, aunque la información disponible no reportó lesiones de mayor gravedad ni traslados hospitalarios. Tampoco se detallaron públicamente las circunstancias exactas que precedieron al momento en que la Policía decidió utilizar estos recursos.
La versión de Delfín y el reclamo anunciado
En declaraciones posteriores, el técnico Juan Carlos León calificó la intervención policial como injustificada y desproporcionada. El entrenador sostuvo que las expresiones de inconformidad del cuerpo técnico y de los futbolistas eran protestas verbales, por lo que, a su criterio, no debieron recibir una respuesta que incluyera el uso de sustancias irritantes y contacto físico.
La directiva de Delfín Sporting Club también manifestó su rechazo a lo ocurrido mediante un comunicado oficial. La institución describió la actuación de la fuerza pública como una forma de violencia desmedida contra deportistas y anunció que presentará un reclamo formal ante las autoridades correspondientes y la LigaPro.
El pedido del club contempla dos líneas de revisión. La primera está relacionada con las decisiones arbitrales de la jornada, especialmente con la supuesta negativa a permitir el cambio antes de la jugada que precedió al gol de Liga. La segunda busca establecer responsabilidades por el empleo de gas lacrimógeno contra integrantes de la delegación visitante dentro del escenario deportivo.
Un incidente que abre dos investigaciones distintas
El episodio plantea responsabilidades potencialmente separadas. Por un lado, los organismos disciplinarios y de competición deberán analizar el comportamiento de los integrantes de Delfín, la actuación de los árbitros y el cumplimiento de los procedimientos aplicables durante el partido. Por otro, la autoridad competente tendrá que determinar si la respuesta policial fue necesaria, proporcional y ajustada a los protocolos de seguridad para eventos deportivos.
La diferencia es relevante porque el resultado deportivo y el conflicto posterior no constituyen un mismo asunto. Las decisiones de Quiñónez pueden ser revisadas mediante los mecanismos arbitrales y disciplinarios de la LigaPro, mientras que el uso de agentes químicos exige evaluar el nivel de riesgo existente, las advertencias previas y las alternativas disponibles para controlar la situación sin afectar a jugadores y miembros del cuerpo técnico.
Hasta ahora, la versión conocida incluye los reclamos de Delfín y la explicación general sobre la intervención policial, pero no una respuesta pública detallada de la Policía Nacional, de la terna arbitral o de la LigaPro. Esos pronunciamientos serán determinantes para establecer si hubo una amenaza concreta contra la integridad de los árbitros, si se respetaron los protocolos de seguridad y qué medidas podrían adoptarse.
La remontada de Liga de Quito, que le permitió imponerse 2-1 en el cierre de la fecha 23, quedó así vinculada a un conflicto que trascendió el marcador. La revisión formal de las imágenes, los informes arbitrales y los reportes de seguridad deberá aclarar tanto la controversia por el cambio solicitado como las circunstancias que llevaron al uso de gas contra la delegación de Delfín.
