La pregunta sobre si Gianni Infantino debe dimitir ya no pertenece únicamente al terreno de la opinión pública. Se ha convertido en una disputa abierta sobre la legitimidad, los procedimientos y el modelo de gobierno de la FIFA, a menos de un año de las elecciones previstas para 2027. Las controversias acumuladas no constituyen necesariamente una prueba concluyente de una infracción, pero sí han deteriorado el capital político del presidente y han colocado bajo sospecha decisiones que, en otro contexto, podrían haberse presentado como simples episodios administrativos.
El debate se alimenta de una sucesión de frentes: el indulto al delantero Balogun para que disputara los octavos de final del Mundial contra Bélgica, el proyecto de abrir a inversores privados una parte de los derechos comerciales de la Copa del Mundo, la acusación de “chantaje” formulada por el presidente de la Asociación de Fútbol de Jordania, el príncipe Ali bin Al Hussein, y la supuesta oferta a Marruecos para albergar la final del Mundial de 2030. Esta última información, publicada por The Times, ha sido presentada como una propuesta vinculada a la búsqueda de apoyos, aunque cualquier conclusión definitiva exigiría conocer documentos, interlocutores y respuestas formales de las partes.
Una presidencia construida sobre la centralización
Infantino llegó a la presidencia de la FIFA en 2016, en un momento en que la organización trataba de superar la crisis provocada por los escándalos de corrupción que habían arrastrado a dirigentes históricos y habían obligado a revisar sus mecanismos de control. Su mandato se apoyó en una promesa doble: recuperar la credibilidad institucional y ampliar el alcance económico y geográfico del fútbol mundial.
El crecimiento de los torneos, la expansión del calendario, la multiplicación de competiciones y la búsqueda de nuevos mercados han reforzado el peso de la presidencia. Pero ese mismo proceso ha aumentado la dependencia de las federaciones respecto de la estructura central. La FIFA distribuye recursos, organiza los principales acontecimientos y decide sobre derechos comerciales, sanciones y formatos. Cuando la autoridad concentra tantas palancas, cualquier decisión controvertida deja de afectar solo a un partido o a un contrato: puede alterar el equilibrio entre federaciones, confederaciones, clubes, jugadores y patrocinadores.
La tensión actual nace, en parte, de esa concentración. Un presidente con capacidad para intervenir en asuntos deportivos, comerciales y diplomáticos necesita una legitimidad particularmente sólida. Si las federaciones perciben que el acceso a recursos o la influencia sobre futuras sedes depende de la cercanía política, el sistema puede seguir siendo formalmente legal y, sin embargo, perder confianza. En las organizaciones internacionales, la legitimidad no se mide únicamente por el resultado de una votación; también depende de que las reglas sean previsibles y de que las decisiones parezcan imparciales.
El caso Balogun y la fragilidad de la disciplina
El llamado “caso Balogun” ha adquirido una importancia desproporcionada porque toca el núcleo competitivo del fútbol: la igualdad ante las reglas. Según la información difundida, la FIFA indultó al delantero después de su expulsión y le permitió disputar los octavos de final frente a Bélgica. La cuestión no es únicamente si la sanción podía ser revisada conforme a los reglamentos, sino cuándo se tomó la decisión, qué criterios se aplicaron y si esos criterios estarían disponibles para cualquier selección.
En un torneo de eliminación directa, la suspensión de un jugador puede cambiar el resultado de una competición entera. Por eso, las excepciones requieren una justificación clara, un procedimiento documentado y una comunicación comprensible para el resto de participantes. Si la medida se percibe como una intervención política o como un privilegio concedido a una selección concreta, el daño no se limita al equipo afectado. También alcanza a los árbitros, a los órganos disciplinarios y a la credibilidad del campeonato.
El precedente más delicado no sería necesariamente el indulto en sí, sino la posibilidad de que las normas parezcan negociables según la relevancia del partido o la presión de los implicados. La justicia deportiva necesita margen para corregir errores, pero ese margen debe estar acompañado por controles independientes. Sin ellos, una decisión excepcional puede convertirse en argumento para futuras reclamaciones y en una fuente permanente de sospechas.
El dinero como nuevo centro de gravedad
La propuesta de vender una parte de los derechos comerciales del Mundial a inversores privados revela otra dimensión de la crisis. La FIFA necesita ingresos crecientes para financiar competiciones, programas de desarrollo y transferencias económicas a sus miembros. La entrada de capital privado podría aportar liquidez, capacidad de inversión y una valoración inmediata de activos que hasta ahora permanecen bajo control institucional.
El riesgo aparece cuando se confunde financiación con transferencia de soberanía. Los derechos del Mundial no son un activo comercial ordinario: están vinculados a la identidad de las selecciones, a la distribución de recursos entre países y a la capacidad de la FIFA para fijar su estrategia a largo plazo. Un inversor que compre una participación buscará rentabilidad, estabilidad y capacidad de influencia. La organización, en cambio, debe preservar objetivos deportivos y políticos que no siempre producen beneficios inmediatos.
Un acuerdo de ese tipo también podría condicionar decisiones futuras sobre sedes, horarios, formatos o plataformas de emisión. Si una compañía obtiene derechos relevantes, su interés económico puede entrar en conflicto con la protección de los aficionados, la diversidad de mercados o la accesibilidad de los partidos. La experiencia de otras industrias demuestra que la monetización anticipada de activos puede resolver problemas presupuestarios en el corto plazo, pero limitar la autonomía estratégica durante décadas.
Por esa razón, el debate debería centrarse menos en si la inversión privada es buena o mala en abstracto y más en quién controlaría los derechos, durante cuánto tiempo, con qué cláusulas de salida y bajo qué supervisión. La opacidad en esas condiciones alimentaría la impresión de que las urgencias políticas de una presidencia están imponiéndose sobre el interés institucional de la FIFA.
Apoyos, sedes y diplomacia futbolística
La acusación del príncipe Ali bin Al Hussein, quien habría denunciado presiones o “chantaje” para obtener su respaldo, introduce una dimensión especialmente sensible: la utilización de la influencia presidencial para asegurar apoyos políticos. En una organización formada por 211 federaciones, las alianzas son inevitables y las campañas electorales requieren negociación. Lo que marca la diferencia es si las conversaciones se desarrollan dentro de una competencia legítima o si se vinculan a promesas, amenazas o decisiones administrativas.
La supuesta propuesta a Marruecos para albergar la final del Mundial de 2030 añade un elemento de enorme carga simbólica. Marruecos organizará el torneo junto con España y Portugal, de modo que la elección de la final afectaría al equilibrio entre los países anfitriones y a la distribución del prestigio, los ingresos y la atención mundial. Si una decisión de semejante magnitud se utilizara para obtener apoyo a una candidatura presidencial, la frontera entre la gestión del torneo y la política interna de la FIFA quedaría peligrosamente difuminada.
La información debe ser verificada y contrastada antes de convertirla en una acusación definitiva. Sin embargo, el mero hecho de que circule con fuerza demuestra que el sistema de designación de sedes necesita mayor transparencia. Deberían conocerse los criterios técnicos, las competencias de cada órgano, los registros de reuniones y las reglas sobre conflictos de interés. La publicación de documentos después de una controversia no basta: la transparencia eficaz debe producirse antes de que se adopte la decisión.
La reacción de federaciones cambia el escenario
Que varias federaciones hayan anunciado la retirada de su apoyo, junto con críticas procedentes de confederaciones y de figuras como Luís Figo, transforma el problema en una cuestión electoral. Las federaciones pueden respaldar a un dirigente por sus resultados financieros, por la ampliación de programas de desarrollo o por la influencia que les garantiza en el escenario internacional. Pero también pueden abandonarlo cuando calculan que el coste reputacional de mantenerlo supera los beneficios obtenidos.
La elección de 2027 funcionará como una prueba de la resistencia del sistema. Si la oposición crece, Infantino podría intentar presentarse como el dirigente que modernizó y expandió la FIFA frente a una campaña que, según su entorno, buscaría desestabilizar la institución. Sus adversarios, en cambio, tratarán de convertir cada episodio en evidencia de una cultura de poder excesivamente personalista. El resultado dependerá tanto de las pruebas disponibles como de la capacidad de cada bloque para construir una alternativa creíble.
Una dimisión voluntaria sería una salida políticamente drástica y jurídicamente no obligatoria mientras no exista una resolución formal que establezca responsabilidades. No obstante, la ausencia de una condena no elimina el problema de confianza. En las democracias deportivas, la responsabilidad política puede surgir antes que la sanción disciplinaria. Un dirigente puede conservar el derecho a permanecer en el cargo y, al mismo tiempo, carecer de la autoridad necesaria para impulsar reformas o negociar con sus miembros.
Lo que está en juego más allá de Infantino
El caso puede marcar la relación futura entre la FIFA y el resto del ecosistema del fútbol. Los jugadores necesitan garantías de que las sanciones se aplican de manera uniforme; los clubes, previsibilidad sobre el calendario y los derechos comerciales; las federaciones, procedimientos equitativos; y los aficionados, la certeza de que los resultados no están condicionados por acuerdos opacos. Si cada sector interpreta que las reglas dependen de la influencia, crecerán las disputas y disminuirá la disposición a aceptar decisiones desfavorables.
También existe una dimensión social. El fútbol moviliza recursos públicos, identidad nacional y audiencias masivas. Las sedes mundialistas implican inversiones en estadios, transporte, seguridad y promoción internacional. Por ello, la elección de una ciudad o de un país no puede entenderse como un intercambio privado entre dirigentes. Las comunidades que asumen los costes tienen derecho a conocer cómo se toman las decisiones y qué compromisos económicos se adquieren.
La respuesta más sólida no consistiría únicamente en exigir la salida de una persona. Sería necesario reforzar los órganos disciplinarios independientes, publicar los contactos relacionados con las sedes, someter las operaciones comerciales extraordinarias a auditorías externas y establecer reglas precisas sobre las promesas electorales. También convendría separar con mayor claridad la promoción institucional de la campaña por la reelección. Sin reformas de ese tipo, un relevo en la presidencia podría cambiar el nombre del dirigente sin modificar las condiciones que generan la controversia.
La pregunta sobre la dimisión de Infantino, por tanto, funciona como un indicador de algo más profundo: la FIFA debe decidir si quiere ser una potencia comercial global gobernada con criterios de empresa, una federación deportiva con obligaciones públicas o una combinación de ambas realidades. Cada modelo exige controles distintos, pero ninguno puede sostenerse sobre decisiones difíciles de explicar. Las elecciones de 2027 resolverán quién ocupa el cargo; la credibilidad del fútbol mundial dependerá de si, antes de entonces, la organización demuestra que sus reglas están por encima de sus alianzas.
