Santo Domingo, 4 ago.- La celebración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe en República Dominicana ha reabierto una discusión habitual en torno a los grandes acontecimientos deportivos: qué beneficios permanecen cuando termina la competencia y cómo se justifica el gasto público asociado a su organización. El certamen reúne a unos 6.200 atletas de 37 países y territorios, con pruebas en 40 deportes, una dimensión que sitúa sus resultados más allá del calendario competitivo.
El Gobierno dominicano destinó alrededor de 160 millones de dólares a la construcción y remodelación de instalaciones, la organización de los Juegos y la preparación de los deportistas. La magnitud de esa inversión convierte la etapa posterior al evento en un asunto central. El éxito no se medirá únicamente por la calidad de las ceremonias, el desarrollo de las pruebas o el balance de medallas, sino también por la capacidad de mantener activos los espacios y aprovechar la experiencia acumulada.
La prueba comienza cuando concluye el calendario
La experiencia internacional muestra que la celebración de un evento deportivo puede ocultar durante semanas problemas que aparecen después. Estadios, gimnasios y complejos construidos para una competencia específica corren el riesgo de quedar abandonados o de ser utilizados por debajo de su capacidad si no existe una planificación clara para su operación, mantenimiento y financiamiento.
En el caso dominicano, la infraestructura solo producirá un retorno social duradero si queda integrada en la vida deportiva de las ciudades y comunidades. Eso implica facilitar el acceso de atletas en formación, clubes y escuelas, establecer calendarios regulares y definir quién asumirá los costos de conservación. Sin esos mecanismos, una obra nueva puede convertirse en una carga presupuestaria o en un activo subutilizado, incluso cuando haya cumplido correctamente su función durante los Juegos.
La discusión también exige distinguir entre inversión y gasto. La construcción o renovación de una instalación puede considerarse una inversión cuando amplía de manera sostenida la capacidad deportiva del país. Para que esa condición se cumpla, deben existir programas de uso posterior, indicadores que permitan evaluar la asistencia y la actividad generada, y una administración capaz de evitar el deterioro. El cemento, por sí solo, no constituye un legado.
Un movimiento que supera las canchas
Los Juegos movilizan a más de 6.200 atletas, cerca de 3.000 entrenadores, técnicos y trabajadores de apoyo, además de miles de voluntarios. Ese flujo crea una demanda temporal para hoteles, restaurantes, empresas de transporte, comercios y proveedores de servicios. La actividad puede generar ingresos y empleo durante la competencia, aunque su impacto final dependerá de cuánto de ese movimiento se traduzca en relaciones comerciales y promoción turística posteriores.
La organización de un evento de esta escala también permite poner a prueba capacidades que no siempre son visibles para el público: coordinación institucional, atención a delegaciones, logística, seguridad, servicios médicos y gestión de sedes. Si esas capacidades quedan documentadas y se incorporan a futuras estrategias, el país puede reducir costos y mejorar su posición para acoger nuevas competiciones. Si se pierden al finalizar el torneo, una parte importante del aprendizaje desaparece con ellas.
El turismo deportivo busca continuidad
El turismo deportivo aparece como una de las oportunidades más relevantes. De acuerdo con organismos internacionales citados en el análisis sobre los Juegos, esta modalidad representa cerca del 10 por ciento del gasto turístico mundial y mueve una industria valorada en más de 1.300 millones de dólares. Para República Dominicana, cuya economía turística tiene una fuerte presencia internacional, atraer visitantes vinculados con competencias puede ayudar a ampliar la oferta más allá de los destinos tradicionales.
La posibilidad, sin embargo, no se activa de manera automática por haber organizado un torneo. Para consolidar ese segmento se requieren instalaciones disponibles, conectividad, servicios confiables y una agenda de eventos capaz de ocupar distintos periodos del año. La celebración de los Juegos puede servir como vitrina, pero la conversión de esa visibilidad en visitantes recurrentes dependerá de la promoción, la coordinación con federaciones y operadores turísticos, y la capacidad de ofrecer experiencias deportivas competitivas.
Una estrategia de este tipo también podría contribuir a reducir la estacionalidad del turismo, al atraer delegaciones, aficionados y participantes en fechas distintas de las temporadas de mayor demanda. El beneficio sería más amplio si se distribuye territorialmente y favorece a comunidades próximas a las sedes, en lugar de concentrarse solo en los grandes establecimientos y centros urbanos.
El legado social requiere acceso
El componente económico es solo una parte de la evaluación. El legado de los Juegos debería observarse asimismo en la participación deportiva de niños y jóvenes, la incorporación de más mujeres a las disciplinas, la atención a modalidades con menor visibilidad y el fortalecimiento de programas comunitarios. Las instalaciones adquieren valor público cuando permiten que nuevos usuarios practiquen deporte con regularidad, no únicamente cuando reciben una competencia internacional.
La preparación de los atletas ofrece otra referencia. El esfuerzo realizado para competir en Santo Domingo puede servir para mejorar los sistemas de detección de talentos, entrenamiento y apoyo técnico, siempre que las instituciones mantengan los programas después del cierre del evento. La continuidad es decisiva: una generación de deportistas no puede depender exclusivamente de los recursos extraordinarios asociados a una sede internacional.
La pregunta sobre qué ocurre cuando se apaga el pebetero no tiene una respuesta única ni inmediata. El retorno de los 160 millones de dólares deberá evaluarse durante los próximos años, mediante el uso real de las instalaciones, la trayectoria de los atletas, la actividad económica vinculada al turismo deportivo y el acceso de las comunidades. Los Juegos ofrecen una oportunidad para combinar promoción internacional, desarrollo deportivo y dinamización económica; convertirla en legado exigirá administrar con transparencia lo construido y sostener, después de la ceremonia final, las políticas que le den sentido.
