La confrontación entre la Asociación de Fútbol de Jordania (AFJ) y Gianni Infantino ha dejado de ser una discrepancia bilateral para convertirse en un nuevo síntoma de las tensiones que atraviesan al fútbol internacional. El príncipe Ali bin Al Hussein, presidente de la federación jordana, acusó al dirigente de la FIFA de ejercer “chantaje” y confirmó que su país no respaldará su reelección en marzo de 2027. La denuncia se produce después de la primera participación de Jordania en una Copa del Mundo, un hito deportivo que, según la AFJ, estuvo acompañado de obstáculos administrativos, costes inesperados y una relación deteriorada con el organismo rector.
La gravedad del señalamiento no reside únicamente en el lenguaje empleado. En el sistema de la FIFA, donde 211 federaciones nacionales tienen derecho a voto y cada una cuenta formalmente con la misma representación, el apoyo de asociaciones pequeñas y medianas puede resultar decisivo para construir una mayoría. Infantino aspira a un tercer y último mandato de cuatro años, y aunque su posición continúa siendo fuerte, cada ruptura pública erosiona la imagen de consenso que tradicionalmente acompaña a las elecciones presidenciales del organismo.
Un debut mundialista marcado por costes y barreras
Jordania llegó al último Mundial con una relevancia deportiva inédita. La clasificación representó el mayor logro de su selección y amplió la visibilidad de un país que durante décadas ha intentado consolidar su estructura futbolística en una región dominada por potencias con mayores recursos, como Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos e Irak. Sin embargo, la experiencia de los aficionados y de la propia federación quedó condicionada por problemas que exceden el resultado en el terreno de juego.
Ali bin Al Hussein aseguró que numerosos seguidores jordanos no obtuvieron visados para entrar en Estados Unidos pese a disponer de entradas, que además se habrían vendido a precios “exorbitantes”. La combinación de visado, viaje y acceso al estadio convierte una Copa del Mundo en un producto cada vez más inaccesible para las aficiones de países con menor renta. El caso revela una contradicción estructural: la FIFA promueve el torneo como una celebración global, pero su celebración en territorios con requisitos migratorios estrictos puede excluir precisamente a los aficionados que han sostenido el crecimiento internacional de sus selecciones.
La situación adquiere una dimensión adicional porque el torneo se disputó en Estados Unidos, Canadá y México. Según la denuncia jordana, la participación en partidos celebrados en territorio estadounidense generó obligaciones fiscales que el Gobierno de Estados Unidos estaría cobrando a Jordania a través de la FIFA, mientras que las selecciones que jugaron y se alojaron en Canadá y México no habrían afrontado el mismo tratamiento. La afirmación requiere aclaraciones documentales y una respuesta formal de las instituciones implicadas, pero plantea una pregunta central: quién debe asumir los riesgos regulatorios y tributarios de un evento diseñado y administrado por una organización internacional.
Para una federación con recursos limitados, las diferencias fiscales no son un detalle contable. Pueden afectar la preparación de selecciones, los salarios de entrenadores, las academias juveniles y la capacidad de organizar competiciones nacionales. Si los costes no se conocen con antelación, la clasificación a un Mundial puede transformarse en una carga financiera en lugar de representar una oportunidad de desarrollo. Esa posibilidad es especialmente sensible para los países que llegan por primera vez al máximo torneo y carecen de departamentos jurídicos y fiscales comparables a los de las federaciones más ricas.
El premio pendiente de la Copa Árabe
La segunda acusación de la AFJ se refiere a los fondos correspondientes al subcampeonato de la Copa Árabe de Catar, disputada bajo el paraguas de la FIFA. Al Hussein afirmó que Jordania espera desde diciembre el pago del premio, pese a que el organismo presume de contar con miles de millones de dólares en reservas. La falta de pago, si se confirma, introduce un elemento particularmente delicado: no se trataría de una disputa sobre una previsión futura, sino de una obligación económica vinculada a un resultado ya conseguido.
Los premios de los torneos cumplen una función que va más allá de recompensar el rendimiento. Para muchas asociaciones, constituyen ingresos esenciales para financiar el ciclo siguiente. Una federación puede utilizar esos recursos para mantener concentraciones, contratar personal médico, mejorar campos de entrenamiento o sostener el fútbol femenino y las categorías juveniles. Un retraso prolongado obliga a recurrir a crédito, limitar programas o aplazar inversiones. La diferencia entre una federación grande y otra pequeña no está solo en la cantidad absoluta de dinero, sino en el impacto que tiene cada retraso sobre su funcionamiento cotidiano.
La FIFA ha construido parte de su legitimidad reciente sobre la fortaleza de sus reservas y sobre la promesa de redistribuir una porción creciente de sus ingresos. Por eso, una controversia sobre pagos pendientes resulta políticamente más dañina que una simple discrepancia administrativa. La organización necesita explicar qué condiciones contractuales, auditorías o trámites justifican la demora, si es que existen. En ausencia de una respuesta transparente, las federaciones pueden interpretar el retraso como una herramienta de presión o como una muestra de desigualdad en el trato.
El voto de 211 federaciones y la política del respaldo
La acusación de que se ofreció ayuda a Jordania a cambio de apoyar a Infantino toca el núcleo más sensible de la gobernanza de la FIFA. El príncipe Ali relató que durante el Mundial le comunicaron verbalmente que respaldar al presidente contribuiría “enormemente” a ayudar a la federación. Al tratarse de una conversación descrita como verbal, el alcance exacto del supuesto compromiso dependerá de posibles testigos, documentos posteriores o decisiones presupuestarias que permitan establecer una relación entre el apoyo político y la asistencia institucional.
Conviene distinguir entre la negociación legítima de apoyos y el intercambio indebido de favores. En cualquier elección internacional, los candidatos presentan programas, prometen reformas y buscan alianzas. El problema aparece cuando la ayuda financiera o administrativa, que debería asignarse con criterios objetivos, se vincula a la obediencia electoral. Esa percepción puede convertir los fondos de desarrollo en instrumentos de dependencia y debilitar la autonomía de las asociaciones nacionales.
La estructura de un voto por federación amplifica esta tensión. Una asociación con millones de aficionados tiene el mismo peso formal que otra con una población futbolística mucho menor. El diseño busca proteger la igualdad soberana de las federaciones, pero también facilita que los incentivos económicos tengan un valor político desproporcionado. Para países con presupuestos reducidos, la promesa de una subvención, la construcción de una instalación o el acceso a un programa de apoyo puede pesar más que un debate abstracto sobre reformas institucionales.
La elección de 2027 será, por ello, una prueba para el sistema de rendición de cuentas de la FIFA. Si más federaciones expresan públicamente que han recibido presiones, el proceso podría verse obligado a establecer reglas más estrictas sobre contactos electorales, financiación de campañas y comunicación de compromisos. También podría crecer la demanda de publicar criterios de asignación de fondos y calendarios de desembolso. Sin esas garantías, la igualdad formal del voto corre el riesgo de coexistir con una desigualdad material en la capacidad de decidir.
La herencia de los proyectos controvertidos
La disputa con Jordania llega en un momento en que Infantino también enfrenta críticas por la dirección estratégica de la FIFA. El reciente fracaso de su plan para abrir la Copa del Mundo a la inversión privada representa un revés para una presidencia que ha defendido una expansión comercial constante del fútbol. La propuesta evidenció los límites políticos de una estrategia que busca atraer capital, diversificar ingresos y elevar el valor de las competiciones, pero que puede generar dudas sobre la influencia de actores privados y el control de los recursos.
La expansión de los Mundiales, el nuevo calendario internacional y el interés por captar inversores han aumentado los ingresos potenciales, pero también la complejidad operativa. Cada decisión comercial produce efectos distintos según el tamaño de la federación, la capacidad de sus gobiernos y el lugar donde se disputan los partidos. Un modelo que funciona para una asociación europea con departamentos legales y patrocinadores consolidados puede resultar insuficiente para una federación asiática que depende de pagos de premios y programas de desarrollo.
En ese contexto, el conflicto jordano puede convertirse en un caso de referencia. Si la FIFA responde con datos, contratos y un calendario claro de pagos, la crisis podría limitarse a un desacuerdo político. Si opta por ignorar las acusaciones o reducirlas a una rivalidad personal, aumentará la posibilidad de que otras federaciones planteen reclamaciones similares. La ausencia de una respuesta pública también dejaría espacio para que la controversia se interprete como una disputa entre el centro financiero del fútbol mundial y las asociaciones que tienen menos capacidad para hacer valer sus derechos.
Más allá de la elección: confianza y legitimidad
El impacto social de la disputa se percibirá sobre todo entre los aficionados jordanos. Para ellos, la primera clasificación mundialista debía simbolizar una apertura histórica. Los problemas de visado y el precio de las entradas pueden convertir ese logro en una experiencia de exclusión, especialmente para familias y seguidores jóvenes que no pudieron acompañar a la selección. La legitimidad de los grandes torneos no depende solo de audiencias televisivas y contratos comerciales; también se construye con la posibilidad real de que las comunidades participantes estén presentes.
La controversia plantea además una cuestión de largo plazo para el desarrollo del fútbol en Asia y en otras regiones emergentes. Las federaciones aceptan ampliar calendarios, asumir exigencias logísticas y participar en competiciones globales porque esperan ingresos, reconocimiento y mejoras estructurales. Si los beneficios llegan tarde, son inciertos o dependen de alineamientos políticos, el incentivo se debilita. A la larga, eso puede reforzar la brecha entre las asociaciones capaces de absorber riesgos y aquellas que solo pueden crecer mediante una redistribución fiable.
Jordania no tiene, por sí sola, capacidad para alterar el equilibrio de poder en la FIFA. Pero su denuncia puede funcionar como un punto de articulación para otras federaciones que comparten problemas de pagos, visados, fiscalidad o acceso a los programas de desarrollo. El desenlace dependerá de si la organización ofrece una investigación creíble, aclara las obligaciones tributarias del Mundial y garantiza el desembolso pendiente de la Copa Árabe. También dependerá de que las asociaciones nacionales decidan transformar el malestar privado en una agenda colectiva.
La reelección de Infantino no se decidirá únicamente por la posición de Jordania, pero el episodio anticipa el tipo de debate que puede dominar la campaña de 2027: no solo quién puede aumentar los ingresos de la FIFA, sino cómo se distribuyen, bajo qué reglas y con qué controles. En una organización que administra el acontecimiento deportivo más visto del planeta, la confianza se deteriora cuando las federaciones perciben que la ayuda depende del respaldo político o que los costes de participar se trasladan sin transparencia. La respuesta a las acusaciones jordanas será, en ese sentido, una prueba de si la FIFA entiende la gobernanza como una cuestión de mayorías electorales o como una obligación permanente frente a todas sus asociaciones miembros.
