La acusación formulada por el príncipe Ali bin Al Hussein contra Gianni Infantino abre una grieta que excede el desacuerdo entre dos dirigentes. El presidente de la Asociación de Fútbol de Jordania (AFJ) afirmó que no apoyará la reelección del titular de la FIFA y describió como “chantaje” una supuesta presión para respaldarlo. La denuncia aparece en un momento especialmente delicado para el organismo: el retiro de un proyecto destinado a atraer inversión privada a sus principales torneos, la oposición de la UEFA y la renuncia de un asesor estratégico han convertido una discusión comercial en una crisis de gobernanza.
El episodio tiene además una carga simbólica particular. Jordania participó por primera vez en una Copa del Mundo y, en lugar de presentar esa experiencia como una consolidación institucional, su federación denuncia problemas de visados, costos fiscales y retrasos en el pago de premios. Son asuntos diferentes, pero juntos construyen una percepción común: que las asociaciones pequeñas o medianas asumen riesgos y costos crecientes mientras las decisiones se toman en la cúpula, con escasa consulta y limitada transparencia.
De la expansión financiera al retroceso político
El plan FIFA Forward Enterprise (FFE) buscaba crear una subsidiaria encargada de administrar comercialmente la Copa del Mundo masculina, la femenina y el Mundial de Clubes. La propuesta contemplaba vender cerca del 20% de esa empresa a inversores privados y recaudar unos 4.200 millones de dólares para distribuirlos entre las 211 federaciones miembro. En términos formales, la iniciativa pretendía convertir el valor futuro de las competiciones en recursos inmediatos para el desarrollo del fútbol.
La lógica financiera no era difícil de entender. La FIFA controla algunas de las propiedades deportivas más valiosas del planeta, pero también afronta un calendario más costoso, demandas crecientes de infraestructura y una competencia cada vez mayor por la atención de las audiencias. La inversión privada podía aportar capital, experiencia comercial y nuevos canales de explotación. Sin embargo, la operación también implicaba entregar a terceros una participación en la gestión de los torneos que funcionan como la principal fuente de poder económico y político de la organización.
Ahí apareció la resistencia. La UEFA llegó a amenazar con boicotear competiciones de la FIFA y otras confederaciones se sumaron al rechazo. El problema no era únicamente financiero: una subsidiaria con inversores privados podía alterar la distribución de ingresos, la selección de sedes, los calendarios y las prioridades estratégicas. La retirada del proyecto pocos días después de su presentación evitó un enfrentamiento inmediato, pero dejó expuesto un déficit de confianza. En una estructura formada por 211 federaciones, una reforma de semejante alcance no puede sostenerse solo con la autoridad del presidente.
La reacción de Arsène Wenger reforzó esa lectura. El director de Desarrollo Global del Fútbol de la FIFA aseguró que no participó en el plan y que conoció su existencia a través de los medios. Su aclaración es relevante porque Wenger no es un funcionario periférico: supervisa programas de análisis de datos, formación en línea, academias juveniles y competiciones de base, además de desempeñarse como asesor técnico de la IFAB. Al marcar distancia y considerar “absolutamente necesaria” la retirada de la propuesta, transmitió que el desacuerdo no se limitaba a las federaciones opositoras.
La denuncia jordana y el valor del precedente
Al Hussein sostuvo que durante el Mundial le comunicaron verbalmente que apoyar a Infantino ayudaría “enormemente” a la federación jordana. No presentó, según el relato difundido, una prueba documental de esa conversación, por lo que la acusación debe ser tratada como una denuncia política pendiente de respuesta y verificación. Pero su importancia no depende únicamente de que prospere en términos jurídicos. En el ámbito deportivo internacional, una declaración pública de este nivel puede modificar el comportamiento de otras asociaciones que hasta ahora preferían negociar en privado.
El dirigente jordano vinculó la supuesta presión con dificultades concretas. Afirmó que numerosos aficionados no obtuvieron visados para ingresar en Estados Unidos pese a disponer de entradas, que esas entradas se vendieron a precios exorbitantes y que su federación afronta impuestos estadounidenses asociados a su participación en el torneo. También señaló que Jordania todavía esperaba el dinero correspondiente a su llegada a la final de la Copa Árabe de Qatar, disputada bajo el paraguas de la FIFA.
La combinación es políticamente sensible. Una federación puede aceptar que un Mundial implique gastos extraordinarios si percibe que existe un reparto claro y previsible de beneficios. La percepción cambia cuando los costos —visados, alojamiento, tributos, logística y premios demorados— recaen sobre la asociación mientras la FIFA comunica reservas millonarias y nuevos proyectos comerciales. El reclamo jordano, por tanto, no se limita a una disputa personal: plantea quién absorbe los costos de la globalización del fútbol y quién controla los beneficios que genera.
El caso también expone una asimetría entre países organizadores y participantes. Las selecciones que jugaron y se alojaron en Canadá y México, según la denuncia, no afrontaron el mismo tratamiento fiscal que Jordania por haber disputado sus partidos en Estados Unidos. Si la diferencia responde efectivamente a reglas tributarias nacionales, la FIFA no controla por completo la decisión; aun así, sí tiene responsabilidad en la información previa, la negociación institucional y el acompañamiento a las federaciones. La falta de claridad convierte un problema administrativo en un conflicto de legitimidad.
Una elección con mayoría simple, pero sin margen político
Infantino busca un tercer y último mandato de cuatro años en marzo de 2027. Para ser reelegido necesitaría una mayoría simple de más del 50% de las 211 federaciones miembro. Ese umbral parece bajo en una organización tan amplia, especialmente porque la FIFA reúne asociaciones con intereses muy diversos y con distintos niveles de dependencia financiera. Sin embargo, una campaña presidencial no se define solo por la aritmética final. También importa la velocidad con la que se agrupan los opositores, el peso de las confederaciones y la posibilidad de que el voto se convierta en un plebiscito sobre el estilo de conducción.
La denuncia de Jordania puede tener un efecto demostrativo en Asia y en el mundo árabe. Al Hussein ya había competido por la presidencia de la FIFA en el pasado y su voz posee un reconocimiento superior al de una federación sin presencia internacional. Si otros dirigentes interpretan que pueden cuestionar públicamente al presidente sin perder acceso a recursos o competiciones, el costo político de la confrontación disminuye. Si, en cambio, el episodio queda aislado, Infantino podría conservar una mayoría suficiente mediante acuerdos bilaterales y el respaldo de las confederaciones con mayor capacidad de movilización.
La renuncia de Carlos Cordeiro agrega otra señal de riesgo. Como asesor principal en estrategia y gobernanza global, Cordeiro calificó el proyecto de inversión como “un mal negocio para el fútbol” y sostuvo que hipotecaba el futuro del deporte. La salida de una figura vinculada al núcleo de decisión sugiere que el conflicto no se resolvió simplemente archivando la propuesta. El punto de discusión es más profundo: si la FIFA debe priorizar la expansión comercial acelerada o preservar una estructura de control colectivo sobre sus competiciones.
El impacto sobre el negocio y la autonomía del fútbol
El fracaso de la FFE puede enfriar futuras operaciones de capital privado, pero difícilmente cierre el debate. La FIFA continuará buscando nuevas fuentes de ingresos porque la expansión del Mundial de Clubes, el crecimiento del fútbol femenino y la multiplicación de torneos juveniles requieren inversiones importantes. La diferencia estará en el método. Una nueva iniciativa tendría que definir con precisión quién toma las decisiones, cómo se distribuyen los retornos, qué derechos reciben los inversores y qué mecanismos evitan que las federaciones pierdan capacidad de supervisión.
El antecedente de otras ligas y competiciones demuestra que el capital privado puede acelerar proyectos, pero también introduce objetivos de rentabilidad que no siempre coinciden con la lógica deportiva. Un inversor puede preferir más partidos, calendarios compactos y sedes con alto poder adquisitivo; una federación puede priorizar el desarrollo territorial, la protección de los jugadores y la igualdad de oportunidades. Sin reglas públicas y controles independientes, la promesa de repartir dinero entre 211 miembros puede terminar concentrando decisiones en quienes controlen la nueva empresa.
La UEFA, por su parte, ha mostrado que el poder de la FIFA no es absoluto. Sus clubes, selecciones y competiciones concentran una parte sustancial del mercado futbolístico y pueden bloquear proyectos que consideren lesivos para sus intereses. El conflicto revela una tensión estructural: la FIFA tiene autoridad global, pero necesita negociar con confederaciones que poseen sus propios ingresos, audiencias y centros de poder. Cuanto más ambiciosos sean los proyectos comerciales, más difícil será imponerlos mediante una cadena de decisiones cerrada.
Visados, premios y la agenda de la transparencia
Las cuestiones planteadas por Jordania pueden terminar influyendo en políticas que normalmente reciben menos atención que los derechos televisivos. La gestión de visados es un ejemplo. Cuando un país organiza partidos de un Mundial, la FIFA puede exigir garantías de acceso para aficionados, delegaciones y trabajadores. Si miles de personas compran entradas y luego no pueden viajar, el perjuicio no es solo individual: afecta la atmósfera del torneo y la legitimidad de su modelo comercial.
Algo similar ocurre con los premios. Las federaciones planifican presupuestos, contratos y programas de preparación basándose en pagos que deberían ser previsibles. Un retraso desde diciembre, si se confirma, puede ser absorbible para una potencia con patrocinadores y reservas propias, pero representar una presión considerable para una asociación con menor capacidad financiera. La FIFA necesita publicar calendarios de pago, criterios de retención y vías de reclamación que no dependan de relaciones personales con sus dirigentes.
La transparencia tampoco se resuelve con comunicados. Requiere auditorías accesibles, actas de decisiones estratégicas, contratos examinables y una separación clara entre la distribución de fondos y el apoyo electoral. La acusación de “chantaje” será difícil de evaluar si las federaciones no cuentan con canales independientes para denunciar presiones. En ese sentido, el caso jordano podría impulsar una reforma institucional aunque no derive en una sanción formal.
El camino que queda abierto hacia 2027
Infantino conserva ventajas importantes: controla una organización con recursos, una red global de relaciones y una agenda de competiciones que muchos miembros necesitan para sostener sus programas. La retirada de la FFE tampoco equivale a una derrota electoral. Pero el presidente llega a la carrera por la reelección con una cuestión incómoda: cada nuevo proyecto deberá demostrar que la FIFA no confunde crecimiento financiero con autorización para decidir sin consenso.
En los próximos meses, la respuesta institucional será más importante que la disputa retórica. Una investigación independiente sobre las acusaciones de Jordania, un calendario verificable para el pago de premios y una explicación pública de las obligaciones fiscales permitirían separar problemas nacionales de responsabilidades de la FIFA. Si la organización responde con silencio o con negociaciones reservadas, el episodio puede alimentar la idea de que el sistema funciona mediante intercambios políticos. Si ofrece documentación y mecanismos de control, todavía tendrá margen para reconstruir confianza.
La elección de 2027 definirá algo más que la continuidad de un presidente. Pondrá a prueba el modelo de gobierno del fútbol mundial: una FIFA orientada a convertir cada torneo en un activo financiero global, o una institución que acepte límites, consultas y controles en nombre de sus federaciones. La voz de Jordania, el distanciamiento de Wenger y la salida de Cordeiro no forman todavía una oposición organizada, pero sí muestran que la autoridad de Infantino ya no se mide únicamente por los votos que pueda reunir, sino por la credibilidad con la que consiga explicar cómo se toman las decisiones y para quién se distribuyen sus beneficios.
