La retirada del plan para privatizar parcialmente los futuros ingresos del Mundial no solo representa un tropiezo financiero para Gianni Infantino. También expone una fractura política dentro de la FIFA y reabre una discusión que acompaña al fútbol internacional desde hace años: hasta dónde puede llegar la transformación de una institución deportiva en una plataforma global de negocios sin perder legitimidad, control interno y confianza pública.
La propuesta contemplaba crear FIFA Forward Enterprise, una compañía comercial separada de la asociación sin fines de lucro que actualmente organiza la Copa Mundial y administra sus derechos. La nueva entidad habría reunido los ingresos procedentes de la televisión, las marcas, las entradas y los patrocinadores. Su valoración estimada era de 20.000 millones de dólares y el objetivo consistía en vender hasta el 20 % a inversores privados para obtener alrededor de 4.200 millones de dólares de manera inmediata.
El proyecto se desmoronó en pocos días. Arsène Wenger, jefe de desarrollo global del fútbol de la FIFA, declaró que desconocía el plan y que era “absolutamente necesario” abandonarlo. Mattias Grafström, secretario general de la organización, describió internamente la última semana como una “serie de eventos tristes y reprochables” y admitió que había provocado una agitación difícil de comprender y aceptar. Antes de esas intervenciones, Kevin Lamour, director de operaciones, había acusado a Infantino de engañar al personal y calificó la iniciativa como “el proyecto de una sola persona”.
De la asociación deportiva al activo financiero
La importancia de la propuesta se entiende mejor al observar cómo funciona hoy el modelo de la FIFA. La organización es formalmente una asociación sin fines de lucro, pero controla uno de los productos audiovisuales y comerciales más rentables del planeta. Cada cuatro años, el Mundial concentra audiencias globales, contratos de patrocinio, venta de entradas y acuerdos de retransmisión que generan miles de millones de dólares. Esa combinación permite a la FIFA acumular reservas, financiar programas de desarrollo y distribuir recursos entre federaciones nacionales.
Separar los derechos comerciales mediante una empresa independiente habría modificado esa arquitectura. En apariencia, la operación podía ofrecer capital inmediato sin vender el control total del torneo. En la práctica, la entrada de accionistas privados habría creado expectativas de rentabilidad, mecanismos de supervisión y posibles presiones para aumentar los ingresos en cada ciclo mundialista. El fútbol seguiría siendo el producto, pero una parte de sus beneficios quedaría vinculada a intereses financieros externos.
La cifra anunciada también plantea preguntas sobre la valoración. El 20 % de una empresa estimada en 20.000 millones equivale matemáticamente a 4.000 millones, mientras que la recaudación prevista rondaba los 4.200 millones. Esa diferencia puede explicarse por primas, derechos adicionales o condiciones de la transacción, pero ilustra la falta de claridad que rodeó el anuncio. En una operación de tal magnitud, las discrepancias aparentemente menores suelen alimentar dudas sobre los activos incluidos, los métodos de valoración y el destino exacto del dinero.
El grupo inversor señalado como posible líder de la compra era Thrive Eternal, firma fundada por Joshua Kushner. La referencia adquirió una dimensión política por su relación familiar con Jared Kushner, yerno y figura influyente del entorno del presidente estadounidense Donald Trump. No existe, según la información disponible, una prueba de que ese vínculo determinara la propuesta, pero su presencia podía intensificar la percepción de que el Mundial estaba entrando en una zona de conexiones entre deporte, capital privado y poder político.
La rebelión interna como señal de desgaste
La oposición de Wenger y Grafström tiene un peso mayor que el de una crítica aislada. Wenger fue contratado por Infantino en 2019 y ocupa un cargo directamente relacionado con la estrategia global del fútbol. Grafström, por su parte, desempeña una función central en la administración cotidiana de la FIFA. Que ambos se distancien públicamente sugiere que el problema no estaba limitado a la comunicación externa, sino que había alcanzado el núcleo ejecutivo.
El correo dirigido al personal resulta especialmente relevante. Las grandes organizaciones deportivas pueden superar una controversia pública, pero tienen más dificultades cuando pierden la confianza de sus propios empleados. Si los funcionarios consideran que las decisiones estratégicas se toman sin información suficiente o mediante intimidación, la consecuencia no es únicamente moral: se deterioran la coordinación, la capacidad de negociación y la ejecución de proyectos internacionales. El Mundial exige contratos complejos con gobiernos, ciudades, cadenas de televisión, patrocinadores y federaciones. Una dirección dividida reduce su margen de maniobra frente a todos esos actores.
Las palabras de Lamour apuntan precisamente a esa dimensión. Acusar a la máxima autoridad de presentar un plan sin consultar adecuadamente al personal implica cuestionar los procedimientos de gobierno, no solo el contenido financiero. La respuesta de Infantino, incluso si defendiera el proyecto como una vía para modernizar la FIFA, tendría que abordar cómo se aprobó, quién conocía los detalles y qué controles existían antes de ponerlo en circulación.
El dinero inmediato frente al control futuro
La lógica financiera del plan era comprensible: obtener miles de millones sin esperar a que concluyera otro ciclo de la Copa Mundial. Ese capital podría haber financiado programas de infraestructura, competiciones femeninas, formación de jóvenes o expansión tecnológica. También habría permitido a la FIFA contar con recursos líquidos en un momento de crecientes exigencias operativas y políticas.
Sin embargo, vender una participación en los ingresos futuros significa comprometer parte de la flexibilidad de las próximas décadas. Los derechos audiovisuales pueden crecer, pero también enfrentan fragmentación de audiencias, cambios en los hábitos de consumo y competencia de plataformas digitales. Si el valor comercial del Mundial aumenta, los inversores reclamarán una mayor parte de ese rendimiento. Si disminuye, la FIFA conservará la presión política de haber comprometido ingresos que ya no puede recuperar fácilmente.
El precedente de otras organizaciones deportivas muestra que la financiación externa puede acelerar el crecimiento, pero también alterar las prioridades. En el fútbol de clubes, la entrada de fondos de inversión ha permitido realizar grandes desembolsos y mejorar instalaciones, aunque ha generado disputas sobre deuda, identidad institucional y distribución de beneficios. La FIFA no es un club: administra una competición que pertenece simbólicamente a federaciones de todo el mundo. Por eso, una participación privada en sus derechos tendría consecuencias de legitimidad mucho más amplias.
Confederaciones y ciudades sede en alerta
La reacción de la Conmebol, que también descartó la propuesta y afirmó que “el fútbol siempre está primero”, revela que la discusión no puede resolverse únicamente dentro de la sede central de la FIFA. Las confederaciones regionales son esenciales para organizar el calendario, distribuir recursos y sostener la autoridad del organismo mundial. Si perciben que una empresa comercial independiente podría concentrar demasiado poder en manos de inversores, aumentarán las resistencias a futuras reformas.
El conflicto llega además en un momento delicado para la relación con las ciudades sede. La organización de un Mundial exige inversiones públicas, garantías de seguridad, transporte, estadios y servicios. Las administraciones locales aceptan esos costos con la expectativa de recibir beneficios económicos y compromisos financieros claros. Las controversias sobre pagos prometidos, incluida la señalada en relación con ciudades estadounidenses del Mundial de 2026, pueden amplificar la desconfianza: si la FIFA busca capital privado para sus activos comerciales mientras los gobiernos locales reclaman recursos, la operación puede ser presentada como una priorización de los inversionistas sobre las comunidades anfitrionas.
Esa percepción tendría efectos prácticos. Las futuras candidaturas podrían exigir contratos más detallados, auditorías independientes y garantías de pago antes de comprometer fondos públicos. Algunos gobiernos podrían limitar las exenciones fiscales o condicionar la disponibilidad de estadios. La FIFA obtendría entonces menos libertad para negociar y posiblemente asumiría mayores costos para hacer atractiva cada sede.
El problema de la transparencia y la legitimidad
La crisis también recupera una pregunta histórica: ¿quién controla los beneficios de una competición que se presenta como patrimonio universal del fútbol? La FIFA sostiene una amplia red de programas de desarrollo, pero sus decisiones financieras han estado sometidas durante años a escrutinio por la concentración de poder en la presidencia y por la distancia entre sus ingresos globales y las condiciones de muchas federaciones nacionales.
Una compañía como FIFA Forward Enterprise habría requerido reglas precisas sobre gobernanza. Habría sido indispensable conocer qué derechos se transferían, por cuánto tiempo, qué capacidad de veto conservaría la FIFA, cómo se elegiría a los inversores y qué sucedería en caso de conflicto entre el interés deportivo y el financiero. Sin esas respuestas, la promesa de separar “el juego y el negocio” podía producir el efecto contrario: hacer más opaco quién decide sobre el negocio y a quién debe rendir cuentas.
La retirada de la propuesta no elimina esas interrogantes. De hecho, puede aumentar la presión para que el organismo publique documentos, explique las conversaciones con potenciales compradores y establezca un procedimiento formal para futuras operaciones. La transparencia no será un requisito decorativo. Se convertirá en una condición para recuperar la autoridad frente al personal, las confederaciones, los gobiernos y los patrocinadores.
Una presidencia ante una nueva prueba
Infantino todavía conserva instrumentos de poder: controla la agenda internacional, dirige una organización con enormes recursos y puede argumentar que la innovación comercial es necesaria para financiar el desarrollo del fútbol. Pero la velocidad con la que el plan fue anunciado, cuestionado y abandonado limita su capacidad de presentar la retirada como una decisión plenamente controlada. La oposición de ejecutivos próximos y el rechazo de una confederación refuerzan la imagen de un liderazgo que avanzó más rápido que sus propios mecanismos internos.
El siguiente desafío será evitar que la crisis se convierta en una disputa permanente. Para ello, la FIFA necesitaría demostrar que las decisiones estratégicas serán sometidas a consultas reales, evaluaciones jurídicas y aprobación institucional. También tendría que distinguir entre una operación legítima de financiación y una transferencia irreversible de activos deportivos a capital privado. La diferencia dependerá menos del nombre de la empresa que de las condiciones, los controles y la rendición de cuentas.
El fracaso de la privatización del Mundial no significa que la presión por encontrar nuevas fuentes de ingresos vaya a desaparecer. La FIFA seguirá buscando fórmulas para ampliar el valor de sus derechos, explotar plataformas digitales y financiar proyectos globales. La cuestión decisiva será quién participa en esas ganancias y bajo qué reglas. Si la organización aprende de esta crisis, podría avanzar hacia una estructura comercial más profesional sin romper su base asociativa. Si la interpreta únicamente como un problema de comunicación, el conflicto reaparecerá con otro nombre y probablemente con un costo político mayor.
