La permanencia de la ara de la Fortuna Balnearia en Gijón deja de depender de un préstamo temporal y adquiere una dimensión institucional más estable. El Ayuntamiento y el Principado de Asturias han acordado formalizar un convenio para que la pieza continúe expuesta en el museo de las Termas Romanas de Campo Valdés durante un mínimo de cuatro años, con posibilidad de prórroga. El cambio no altera la titularidad de la obra, que pertenece al Principado, pero sí consolida su lugar dentro del relato histórico de la ciudad y fija las responsabilidades de ambas administraciones sobre su conservación, seguridad y difusión.
La decisión tiene como punto de partida una pieza descubierta hace más de dos siglos, en 1820, en Tremañes. Se trata de un bloque de arenisca con una inscripción distribuida en siete líneas, enmarcada por una cenefa decorada con rosetones y otros motivos ornamentales. La dedicatoria está dirigida a Fortuna Balnearia, una manifestación de la diosa Fortuna vinculada a los baños y a los espacios termales. Aunque su datación no está plenamente establecida, los elementos formales y epigráficos han llevado a considerar probable que proceda de época flavia, entre finales del siglo I y comienzos del II.
De hallazgo local a patrimonio protegido
El interés de la lápida no reside únicamente en su antigüedad. La inscripción se ha conservado en un estado excepcional, lo que permite acercarse a las prácticas religiosas y al lenguaje público de la sociedad romana asentada en el entorno de la actual Gijón. En ese sentido, la pieza funciona como una fuente histórica directa: no es una reconstrucción moderna ni un objeto aislado de contexto, sino un testimonio material relacionado con la presencia romana en el territorio y con la importancia social de los espacios termales.
Durante años, la ara permaneció en manos privadas. Esa situación introducía un riesgo habitual en el patrimonio arqueológico: que una pieza de relevancia pública quedara sometida a las decisiones del mercado, incluida la posibilidad de ser subastada y trasladada fuera de Asturias. A comienzos de 2020, el Principado inició los trámites para declararla Bien de Interés Cultural. La figura de protección no solo reconoce su valor, sino que también permite activar mecanismos administrativos destinados a impedir su salida del territorio y a someter cualquier operación sobre ella a controles específicos.
El proceso culminó en 2023, cuando la Administración autonómica adquirió la pieza por 35.000 euros. La compra representó una inversión relativamente limitada si se compara con el coste de recuperar un bien una vez dispersado o con la pérdida de información que puede producirse cuando un objeto arqueológico abandona su contexto cultural. Sin embargo, la adquisición también planteaba una cuestión práctica: que la titularidad pública no se tradujera en almacenamiento, sino en acceso ciudadano y aprovechamiento científico. Su traslado a las Termas Romanas de Campo Valdés, pocos meses después, respondió precisamente a esa necesidad.
Hasta ahora, la presencia de la Fortuna Balnearia en Gijón se sustentaba en un préstamo temporal acordado entre el Ayuntamiento y el Principado. El nuevo convenio sustituye esa fórmula por un régimen de depósito de más largo alcance. La diferencia puede parecer administrativa, pero tiene consecuencias concretas. Un préstamo suele estar más expuesto a revisiones periódicas o a cambios de criterio sobre la disponibilidad del bien; un depósito con duración definida permite al museo planificar exposiciones, materiales educativos y programas de divulgación con mayor seguridad.
Las Termas como lugar de contexto
La elección de las Termas Romanas de Campo Valdés no es neutral. La pieza se exhibe en un espacio arqueológico directamente relacionado con la cultura termal romana, de modo que el visitante puede interpretar la dedicatoria dentro de un marco histórico y arquitectónico coherente. Una inscripción dedicada a Fortuna Balnearia tendría un significado más reducido en una vitrina genérica; situada junto a unas termas, se integra en una explicación sobre las funciones religiosas, sociales y sanitarias que podían desempeñar estos complejos.
Esta relación entre objeto y contexto es una de las claves de la museografía contemporánea. Los bienes arqueológicos pierden parte de su capacidad explicativa cuando se presentan como piezas aisladas, separadas de los lugares y prácticas que les dieron sentido. En Campo Valdés, la ara puede contribuir a ampliar la lectura del yacimiento: las termas dejan de ser únicamente restos constructivos y pasan a mostrar también la dimensión ritual y comunitaria de la vida romana. La inscripción ofrece, además, un punto de entrada accesible para públicos que no suelen acercarse a la epigrafía o a la historia antigua.
El compromiso municipal de mantener la obra expuesta públicamente convierte esa función divulgativa en una obligación concreta. No se trata solo de conservar la lápida, sino de garantizar que pueda ser vista y comprendida. La exposición continuada facilita visitas escolares, recorridos turísticos y actividades de interpretación histórica. También permite que los investigadores dispongan de un objeto estable en la ciudad, aunque cualquier estudio deberá realizarse bajo las condiciones de conservación y supervisión que correspondan a un bien protegido.
Un convenio que reparte responsabilidades
El acuerdo establece que el Ayuntamiento suscribirá una póliza de seguro para cubrir la pieza frente a vandalismos y otros daños. Asimismo, deberá asegurar el mantenimiento de su estado de conservación, promover su exposición y cumplir las condiciones técnicas necesarias para evitar deterioros. Estos compromisos son relevantes porque la vulnerabilidad de una pieza arqueológica no termina cuando llega a un museo. La iluminación, la humedad, las vibraciones, la manipulación, la seguridad del recinto y la calidad de los soportes pueden influir en su preservación a largo plazo.
El Principado conservará la titularidad y realizará inspecciones periódicas para comprobar que se cumple lo acordado. Ese control evita que el depósito se convierta en una cesión indefinida sin seguimiento. También delimita un modelo de cooperación que puede ser útil para otros bienes culturales: la Administración autonómica aporta la propiedad, la tutela y la supervisión especializada, mientras la institución local facilita el espacio, la atención al público y la integración de la pieza en la programación del museo.
El modelo, no obstante, exige coordinación sostenida. Las inspecciones deben traducirse en informes, recomendaciones y, si fuera necesario, intervenciones. La cobertura del seguro tampoco sustituye a la prevención: una indemnización económica no puede reparar la pérdida de una inscripción original ni recuperar la información histórica contenida en ella. El verdadero indicador del éxito del convenio será que la pieza llegue al final del periodo en condiciones adecuadas y que su presencia haya generado un conocimiento mayor sobre el patrimonio romano de Gijón.
Más que una pieza: una política de arraigo patrimonial
La trayectoria de la Fortuna Balnearia refleja un problema más amplio de la gestión cultural: numerosos bienes de interés histórico se encuentran en manos privadas, dispersos o sin una estrategia clara de acceso público. La declaración como BIC y la posterior compra por parte del Principado muestran una respuesta preventiva frente al riesgo de deslocalización. El caso confirma que la protección legal resulta más eficaz cuando se acompaña de recursos para adquirir, conservar e interpretar los bienes.
También plantea una discusión sobre el valor de las inversiones patrimoniales. Los 35.000 euros abonados en 2023 no deben medirse solo por el precio de mercado de una pieza antigua. La compra evita que el patrimonio epigráfico asturiano quede sujeto exclusivamente a la lógica de la oferta y la demanda, y permite que el bien se incorpore a una institución que lo ofrece al conjunto de la sociedad. El retorno de esa inversión aparece en forma de investigación, educación, turismo cultural y fortalecimiento de la identidad histórica local, aunque sus efectos no siempre puedan expresarse de manera inmediata en cifras.
Para Gijón, la permanencia de la ara refuerza la conexión entre la ciudad actual y su pasado romano. El patrimonio no opera únicamente como decoración urbana o atractivo turístico: puede ayudar a explicar cómo se formó el territorio, qué comunidades lo habitaron y qué huellas permanecen bajo las estructuras contemporáneas. Si la exposición se acompaña de recursos didácticos rigurosos, la inscripción puede servir para acercar al público debates sobre religión, ciudadanía, urbanismo y transmisión cultural en la Antigüedad.
El horizonte después de los cuatro años
La vigencia inicial de cuatro años ofrece estabilidad, pero no resuelve por sí misma el futuro definitivo de la pieza. La posibilidad de prorrogar el convenio abre una vía razonable para mantenerla en Campo Valdés, siempre que ambas administraciones evalúen periódicamente los resultados. Esa evaluación debería considerar no solo el estado físico de la lápida, sino también su presencia en los programas educativos, el número y perfil de visitantes, la calidad de la información ofrecida y las necesidades de investigación.
El caso puede convertirse en una referencia para futuras colaboraciones entre el Principado y los municipios asturianos. La descentralización de las colecciones permite que los bienes permanezcan vinculados a los lugares donde fueron encontrados o donde adquieren mayor capacidad explicativa. Pero ese modelo requiere reglas claras sobre financiación, seguros, conservación y acceso. Sin ellas, los depósitos pueden depender demasiado de la voluntad política del momento o de la disponibilidad presupuestaria de cada ayuntamiento.
La decisión adoptada en Gijón llega, además, en un contexto en el que las administraciones deben justificar cada gasto y demostrar el impacto social de sus políticas. La reunión de la Junta de Gobierno en la que se aprobaron los detalles del convenio también incluyó un nuevo requerimiento a la empresa responsable de las obras del carril bus de Pablo Iglesias, debido a la aparición de desperfectos, y la disposición de 29.132,70 euros para becas de asistencia vinculadas al proyecto “Tejiendo Oportunidades”. La convivencia de estos asuntos evidencia que la política patrimonial compite dentro de una agenda municipal amplia, pero también que la cultura forma parte de la gestión ordinaria de la ciudad y no de un ámbito separado de sus demás responsabilidades.
La Fortuna Balnearia permanecerá al menos cuatro años en Gijón porque dos administraciones han convertido una colaboración provisional en un compromiso formal. El valor de la operación, sin embargo, se medirá más allá de su duración: en la capacidad de conservar una pieza singular, explicar su significado y demostrar que la protección del patrimonio puede traducirse en acceso público, conocimiento y arraigo. La inscripción seguirá siendo romana, pero la forma en que se preserve y se interprete pertenece a las decisiones culturales del presente.
