Galicia presenta un perfil de beneficiarios de la Política Agraria Común menos envejecido que el de la mayoría de las comunidades autónomas, pero esa ventaja estadística no debe confundirse con una renovación suficiente del campo. El 28,60% de quienes recibieron ayudas directas de la PAC en 2025 tenía más de 65 años, frente al 39,56% de media española. Al mismo tiempo, los menores de 40 años apenas representaron el 9,58% de los perceptores gallegos, solo 0,75 puntos por encima del promedio nacional, situado en el 8,83%.
Los datos, analizados por la Asociación Valenciana de Agricultores a partir del informe del Ministerio de Agricultura sobre edad y sexo de los beneficiarios de ayudas directas y de desarrollo rural, sitúan a Galicia en una posición intermedia con algunos rasgos favorables. Solo Cantabria, Asturias y La Rioja registran una proporción inferior de perceptores mayores de 65 años. Sin embargo, la distancia respecto a las comunidades con mayor presencia juvenil revela que el relevo generacional continúa siendo frágil y territorialmente desigual.
Una excepción relativa dentro de un campo envejecido
La comparación autonómica permite dimensionar mejor el caso gallego. En Canarias, el 48,40% de los beneficiarios supera los 65 años; en la Comunidad Valenciana, el 48,07%; en Baleares, el 46,23%, y en Navarra, el 45,61%. También superan el 40% Castilla-La Mancha, Madrid, Cataluña y Andalucía. Galicia, con menos de tres perceptores mayores por cada diez, se separa claramente de ese bloque.
Pero el dato adquiere otro significado cuando se observa la parte baja de la pirámide. Cantabria alcanza un 18,80% de beneficiarios menores de 40 años, Asturias un 14,76% y La Rioja un 13,97%. También superan a Galicia Murcia, Aragón, País Vasco, Extremadura y Castilla y León. La comunidad gallega no está entre las más envejecidas, pero tampoco entre las que están incorporando jóvenes con mayor intensidad.
Hay una primera advertencia metodológica importante: estos porcentajes describen a los perceptores de las ayudas, no necesariamente a todas las personas que trabajan en el sector agrario. Una explotación puede estar a nombre de una persona mayor mientras la gestión cotidiana recaiga en familiares más jóvenes; también puede haber titulares que reciben pagos sin mantener una actividad agraria equivalente a la de una explotación profesional. Por ello, la estadística funciona como una señal de estructura y dependencia, no como un censo perfecto de agricultores activos.
El primer problema: menos envejecimiento no equivale a relevo
La lectura más habitual de las cifras podría ser tranquilizadora: Galicia está mejor que la media española y, por tanto, afronta con menos urgencia el envejecimiento agrario. Esa interpretación sería incompleta. El 28,60% de mayores de 65 años sigue representando una proporción elevada, mientras que el 9,58% de menores de 40 años es demasiado reducido para garantizar por sí solo la continuidad de las explotaciones cuando se produzca una oleada de jubilaciones.
La relación entre ambos grupos ofrece una pista más útil que cualquiera de los porcentajes aislados. En Galicia hay aproximadamente tres perceptores mayores de 65 años por cada menor de 40. La ventaja frente a la media nacional procede, en parte, de una estructura productiva y familiar específica: el peso de las explotaciones ganaderas, la fragmentación de la propiedad, la presencia de unidades de pequeña dimensión y la continuidad de negocios familiares. Es posible que parte de la actividad esté siendo asumida por personas de edades intermedias, sin que eso signifique que exista una generación joven suficientemente numerosa para sustituirlas.
Esta es la primera conclusión de fondo: Galicia puede no tener el campo más envejecido, pero sí enfrenta un déficit de escala en el relevo. El problema no es únicamente quién se jubilará, sino cuántos jóvenes estarán en condiciones de hacerse cargo de explotaciones que requieren inversión, conocimientos técnicos, capacidad financiera y una expectativa razonable de rentabilidad.
La rentabilidad decide más que la edad administrativa
El presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores, Cristóbal Aguado, vincula el envejecimiento con la falta de rentabilidad, el abandono de explotaciones y el despoblamiento rural. La relación es lógica, aunque no lineal. Cuando los ingresos dependen de precios volátiles, los costes de alimentación, energía y fertilizantes aumentan y la burocracia consume tiempo, la jubilación deja de ser un simple cambio generacional: se convierte en el momento en que la familia decide si vende, arrienda, reduce o abandona la actividad.
En Galicia, la presión se concentra especialmente en las explotaciones ganaderas y en las áreas donde la base territorial está fragmentada. Una granja puede ser viable desde el punto de vista técnico y, sin embargo, resultar poco atractiva para un joven si exige endeudarse para modernizar instalaciones, asumir jornadas extensas y competir en una cadena alimentaria en la que el productor tiene escaso poder de negociación. Las ayudas directas amortiguan parte de esa incertidumbre, pero no corrigen por sí solas los márgenes estrechos ni garantizan precios suficientes.
El segundo hallazgo es, por tanto, que la política de relevo no puede medirse solo por el número de incorporaciones. Si los jóvenes entran en explotaciones pequeñas, endeudadas o sin canales de comercialización estables, el resultado puede ser una sucesión formal seguida de una salida pocos años después. El éxito debería evaluarse por la permanencia a medio plazo, la renta agraria generada, la superficie gestionada y la capacidad de modernización, no únicamente por la concesión inicial de una ayuda.
Un mapa autonómico que cuestiona las recetas uniformes
Las diferencias territoriales son demasiado amplias para aplicar una única solución. Cantabria combina el menor porcentaje de mayores de 65 años, un 15,13%, con la mayor presencia de menores de 40, un 18,80%. Asturias y La Rioja también presentan una estructura relativamente más joven. En el extremo opuesto, Canarias y la Comunidad Valenciana se acercan a la mitad de beneficiarios mayores de 65 años. La geografía, la especialización productiva, el tamaño medio de las explotaciones, la presión urbanística y la disponibilidad de tierra influyen de manera distinta en cada territorio.
Una ayuda diseñada para facilitar la instalación puede tener efectos muy diferentes en una comunidad con explotaciones extensivas y abundante superficie disponible que en otra donde el suelo agrario está fragmentado o compite con usos residenciales y turísticos. Galicia necesita abordar la transmisión de tierras, el acceso a financiación y la consolidación de la actividad; no basta con replicar modelos administrativos concebidos para otras estructuras productivas.
La tercera conclusión es que el indicador de edad debería cruzarse con variables que permitan identificar el tipo de relevo. No es lo mismo un joven que inicia una explotación desde cero que otro que hereda una granja familiar; tampoco es equivalente una incorporación a tiempo completo a una actividad complementaria. Sin datos sobre dimensión económica, renta, superficie, endeudamiento y continuidad, el porcentaje de menores de 40 años ofrece una imagen útil, pero insuficiente para orientar con precisión el gasto público.
Entre la protección social y la eficiencia de las ayudas
Las personas mayores beneficiarias tienen razones legítimas para defender la continuidad de los pagos. En muchas explotaciones, la ayuda de la PAC forma parte de una renta agraria limitada y contribuye a mantener la actividad, conservar el territorio y sostener servicios rurales. Retirar apoyos de forma abrupta podría acelerar el abandono, especialmente en zonas donde la producción tiene costes elevados o cumple funciones ambientales difíciles de remunerar por el mercado.
Desde la perspectiva de los jóvenes, sin embargo, existe una tensión evidente. Una parte relevante de los recursos se dirige a titulares de edad avanzada mientras quienes quieren incorporarse encuentran barreras de entrada: precios de la tierra, alquileres escasos, inversión inicial, falta de vivienda y dificultades para acceder a crédito. La cuestión no es enfrentar a generaciones, sino decidir cómo se distribuyen los incentivos para que la ayuda a la persona que se jubila facilite realmente la entrada de quien continúa.
Las organizaciones agrarias suelen reclamar medidas estructurales, y ahí se encuentra el núcleo de la disputa. La Administración puede argumentar que ya existen primas de instalación, ayudas a la modernización y pagos asociados a determinadas prácticas. Los productores responden que los procedimientos son complejos, los plazos largos y la rentabilidad insuficiente. Ambas posiciones pueden ser parcialmente ciertas: un programa bien dotado fracasa si no llega a tiempo, pero una simplificación administrativa tampoco resuelve un mercado con precios deprimidos.
La transmisión de explotaciones será el punto crítico
Durante los próximos años, la presión aumentará a medida que se acerquen a la jubilación los titulares nacidos en las décadas de 1950 y 1960. El riesgo no consiste solo en que desaparezcan perceptores de la PAC. También puede reducirse la producción local, deteriorarse la gestión de pastos y parcelas, y concentrarse la tierra en menos operadores. Esa concentración puede mejorar la eficiencia de algunas explotaciones, pero también expulsar a pequeñas unidades, debilitar el tejido rural y aumentar la dependencia de proveedores y compradores dominantes.
Galicia cuenta con una particularidad que puede agravar el problema: la fragmentación parcelaria y la complejidad de la titularidad dificultan reunir superficie suficiente para una explotación competitiva. Una persona joven puede tener interés y formación, pero no encontrar una base territorial continua ni acuerdos claros con propietarios que ya no trabajan la tierra. La existencia de tierras abandonadas no significa automáticamente que estén disponibles: pesan las herencias, los contratos, la localización y los costes de recuperación.
La transmisión ordenada exigirá anticipación. Bancos de tierras eficaces, mediación entre jubilados y nuevos agricultores, incentivos al arrendamiento de larga duración, asesoramiento jurídico y fiscal, y mecanismos para separar la propiedad de la gestión podrían ser más decisivos que una prima puntual. También será necesario proteger al cedente, garantizando una renta digna y seguridad jurídica, porque muchos titulares retrasan la salida ante el temor de perder ingresos o quedar sin respaldo.
Qué puede cambiar y qué riesgos permanecen
El escenario más favorable sería una renovación gradual: jóvenes que acceden a explotaciones existentes, cooperativas que comparten maquinaria y comercialización, incorporación de tecnología y una mayor capacidad de negociación frente a la industria y la distribución. En ese caso, Galicia podría aprovechar su porcentaje relativamente bajo de mayores de 65 años para consolidar una transición menos brusca que la de otras comunidades.
El escenario intermedio combina entradas juveniles con una elevada tasa de abandono posterior. Se produciría una apariencia de relevo en las estadísticas, pero sin aumentar de forma estable la base productiva. El escenario más adverso sería una retirada simultánea de titulares mayores y una incorporación insuficiente de jóvenes, con concentración de tierras en explotaciones grandes o inversores externos, pérdida de actividad en zonas periféricas y mayor dependencia de importaciones para determinados alimentos.
También existe un riesgo de diseño de la propia PAC. Si las ayudas se vinculan principalmente a derechos históricos o a la titularidad formal, pueden mantener estructuras envejecidas sin acelerar la transferencia de gestión. Si, por el contrario, se condicionan de manera excesiva a inversiones y requisitos técnicos, pueden dejar fuera a jóvenes con proyectos viables pero poca capacidad financiera. La política deberá equilibrar continuidad, actividad real y objetivos ambientales sin convertir el acceso en una carrera burocrática.
La cifra gallega de menores de 40 años, aunque superior a la media española, no permite hablar de relevo garantizado. Señala una oportunidad, no una solución. La comunidad parte de una posición menos envejecida que Canarias, la Comunidad Valenciana, Baleares o Navarra, pero su futuro dependerá de que esa diferencia se traduzca en explotaciones rentables, tierra disponible y proyectos capaces de sobrevivir más allá del primer ciclo de ayudas. El indicador decisivo en los próximos años no será cuántos jóvenes aparecen como perceptores, sino cuántos consiguen convertir esa entrada en una actividad estable y duradera.
