Gianni Infantino ha decidido convertir la crisis más delicada de su presidencia en una prueba de fuerza electoral. La FIFA confirmó que su presidente buscará en 2027 un último mandato, hasta 2031, pese a que la UEFA, varias federaciones nacionales y figuras políticas británicas han reclamado su salida. La decisión llega después del fracaso de un plan para comercializar participaciones vinculadas a los beneficios de futuros Mundiales mediante una filial, iniciativa que provocó una reacción adversa dentro del fútbol europeo y abrió cuestionamientos sobre la gestión financiera, la transparencia y la concentración de poder en Zúrich.
El dato decisivo no es únicamente que Infantino vaya a competir de nuevo, sino que el anuncio formaliza una confrontación que ya no puede resolverse con mensajes institucionales de conciliación. La FIFA ha pedido disculpas por errores en el diseño de la operación y ha asegurado que evitará su repetición. Sin embargo, para sus críticos el problema no se limita a un expediente técnico mal ejecutado: se trata de una forma de gobierno que, según sostienen, ha debilitado los controles internos al priorizar proyectos comerciales de gran escala sin un consenso suficiente entre las confederaciones y asociaciones que integran el organismo.
La fecha límite convierte el conflicto en una campaña
El 18 de noviembre vence el plazo para registrar candidaturas, cuatro meses antes de la elección presidencial. Ese calendario obliga a traducir el descontento político en una alternativa concreta. Hasta ahora, las críticas contra Infantino han sido visibles, especialmente desde Europa, pero una elección en la FIFA no se gana sólo mediante declaraciones públicas ni con el respaldo de las federaciones más influyentes en términos económicos. Se decide con votos de asociaciones nacionales procedentes de todos los continentes, muchas de ellas altamente dependientes de los programas de financiación, desarrollo e infraestructura administrados desde la sede central.
Este mecanismo explica por qué la oposición europea enfrenta un desafío mayor que el de expresar una ruptura de confianza. La UEFA aporta una porción extraordinaria del valor comercial del fútbol global: sus clubes, ligas, patrocinadores y audiencias televisivas son centrales para el ecosistema de la FIFA. Pero su peso económico no se traduce automáticamente en una mayoría electoral. La estructura de “una asociación, un voto” limita la capacidad de las potencias tradicionales para imponer su voluntad y, al mismo tiempo, ofrece a la presidencia una amplia base potencial en federaciones para las cuales las transferencias de la FIFA representan una fuente relevante de estabilidad presupuestaria.
La primera lectura, por tanto, es que la disputa no debe interpretarse como un simple choque entre Infantino y Europa. Es una pugna sobre quién define la legitimidad de la gobernanza mundial del fútbol. Para la UEFA, la confianza exige controles más estrictos, consulta real sobre los grandes activos y claridad sobre el uso de ingresos futuros. Para buena parte de las asociaciones más pequeñas, la evaluación puede ser más pragmática: si la FIFA mantiene o incrementa los recursos destinados al fútbol local, la continuidad puede parecer preferible a una transición incierta impulsada desde las federaciones más ricas.
Vender ingresos futuros tocó un límite institucional
El plan abandonado para vender participaciones en los beneficios de futuros Mundiales fue el detonante visible de la actual crisis. Aunque la FIFA presentó la propuesta como una fórmula comercial, la objeción de fondo era más amplia. Los ingresos de la Copa del Mundo no son un activo empresarial ordinario. Financian programas de desarrollo, compensaciones a clubes, torneos juveniles, fútbol femenino, arbitraje, infraestructura y el funcionamiento de asociaciones nacionales con escasas fuentes de ingresos propios. Ceder una parte de los retornos futuros a inversores privados puede aportar liquidez o repartir riesgos, pero también puede reducir el margen de maniobra del organismo en ciclos posteriores.
La cuestión central es qué se entrega y bajo qué condiciones. Cuando una entidad vende una participación en beneficios futuros, no sólo obtiene capital inmediato: compromete una parte de la capacidad de decidir sobre recursos que todavía no han sido generados. En el fútbol, donde el Mundial concentra una proporción excepcional de valor mediático y comercial, esa operación puede alterar el equilibrio entre la ambición financiera de la administración y la función redistributiva de la institución. Las disculpas de la FIFA reconocen fallos, pero no despejan por sí mismas las dudas sobre los criterios de valoración, los mecanismos de supervisión ni la información suministrada a los miembros.
La denuncia penal que la UEFA prepara ante tribunales suizos, relacionada con una posible mala gestión financiera, eleva el coste político del conflicto. Preparar una denuncia no equivale a demostrar responsabilidad penal; cualquier acusación requerirá pruebas, un procedimiento independiente y respeto al debido proceso. Pero su importancia institucional es inmediata. Una controversia que podía presentarse como un desacuerdo de política comercial pasa a situarse bajo el escrutinio de la justicia suiza, en un país cuya relación con la FIFA ha estado marcada durante años por investigaciones, reformas y demandas de mayor rendición de cuentas.
La segunda idea que emerge es que la crisis no depende ya de que el proyecto esté abandonado. La retirada puede limitar daños operativos, pero no resuelve el precedente. Los miembros necesitan saber si las salvaguardas internas funcionaron antes de que la iniciativa se hiciera pública, quién autorizó los pasos relevantes, qué evaluación de riesgos existía y por qué las alarmas políticas se activaron después. Si esas respuestas no llegan de manera verificable, el debate sobre la reelección se convertirá inevitablemente en un referéndum sobre la calidad de los contrapesos dentro de la FIFA.
UEFA y FA: presión alta, capacidad electoral limitada
La UEFA ha encabezado el llamado a la renuncia y ha planteado previamente la posibilidad de boicotear competiciones de la FIFA, incluido el Mundial. Esa amenaza tiene fuerza simbólica y comercial: un torneo sin selecciones europeas perdería una parte esencial de su atractivo deportivo, de su audiencia y de sus ingresos. Sin embargo, también es un instrumento de alto riesgo. Las federaciones europeas, sus jugadores, patrocinadores, emisoras y aficionados tendrían mucho que perder con una ruptura efectiva. Un boicot no sería una sanción quirúrgica contra la presidencia; dañaría a futbolistas y a ecosistemas nacionales que dependen de la visibilidad de las grandes competiciones.
La Federación Inglesa de Fútbol retiró su apoyo a la reelección de Infantino, una decisión políticamente relevante porque Inglaterra conserva peso histórico y capacidad de influencia en el debate público del deporte. La intervención del primer ministro británico, Andy Burnham, quien afirmó que Infantino no era la persona adecuada para dirigir el fútbol mundial, añade una dimensión gubernamental a una disputa formalmente asociativa. Pero también introduce una paradoja: cuanto más parezca la oposición una iniciativa de gobiernos y federaciones europeas, más fácil será para el entorno de Infantino presentar su candidatura como una defensa de la autonomía global frente a la influencia de las potencias tradicionales.
Ese marco puede ser electoralmente eficaz en confederaciones que han denunciado durante décadas la distribución desigual de riqueza y poder en el fútbol. Infantino ha construido gran parte de su legitimidad política en torno a la expansión de competiciones, el aumento de fondos para asociaciones y una presencia más intensa de la FIFA en mercados fuera de Europa. Sus detractores ven en esa expansión una lógica de centralización y sobrecarga del calendario; sus partidarios pueden verla como una corrección de desequilibrios históricos. Ambas visiones conviven, y la elección dependerá de cuál de ellas resulte más convincente para las federaciones con derecho a voto.
El calendario de torneos es el trasfondo que no desaparece
La controversia financiera se superpone a una tensión previa: la expansión de las competencias FIFA y el conflicto por el control del calendario. La ampliación del Mundial masculino, el crecimiento de los torneos de clubes y la multiplicación de competiciones juveniles y femeninas responden a una lógica de mayor alcance global, pero también elevan las exigencias sobre jugadores, clubes y selecciones. Cada nuevo producto comercial fortalece el balance de la FIFA, pero puede intensificar la disputa con ligas nacionales, sindicatos de futbolistas y clubes que soportan el coste físico de un calendario más denso.
La inauguración del Mundial Femenino Sub-20 en Polonia, donde Infantino evitó comentar su futuro, ilustra la complejidad de ese escenario. Los torneos de desarrollo y las competiciones femeninas son indispensables para ampliar la base del deporte y corregir décadas de desigualdad de inversión. No obstante, su valor no debería utilizarse como argumento que impida examinar la gobernanza financiera. La expansión deportiva y la transparencia institucional no son objetivos incompatibles: una organización que afirma proteger el crecimiento del fútbol tiene mayor obligación de demostrar que sus decisiones de financiación preservan ese crecimiento a largo plazo.
La tercera conclusión es que una elección sin rival competitivo podría profundizar la crisis incluso si Infantino obtiene una victoria amplia. Un mandato formalmente legítimo, respaldado por los votos reglamentarios, no necesariamente resolvería el déficit de confianza con la UEFA y con otras federaciones críticas. La FIFA necesita legitimidad electoral, pero también legitimidad de procedimiento: decisiones trazables, auditorías sólidas, información oportuna y espacios en los que las confederaciones puedan cuestionar proyectos estratégicos antes de que se conviertan en hechos consumados.
Los próximos meses medirán más que una candidatura
Infantino conserva ventajas considerables. Es presidente en ejercicio, controla una red institucional extensa y puede señalar una etapa de expansión de ingresos, competiciones y financiación para miembros. La ausencia, por ahora, de un candidato alternativo claramente consolidado también favorece su posición. Pero el poder de incumbencia se debilita si la controversia adquiere consecuencias judiciales, si aumentan los retiros de apoyo o si la UEFA consigue construir una alianza que vaya más allá de Europa. El desafío de sus opositores será evitar que la crítica se reduzca a un enfrentamiento personal y convertirla en una propuesta viable de reforma.
Una salida negociada parece cada vez menos probable mientras el presidente confirme su intención de competir. Aun así, existen medidas que podrían reducir la temperatura antes de la elección: una investigación externa sobre la operación abandonada, publicación de los criterios financieros relevantes, refuerzo de los comités independientes y compromisos claros sobre consulta previa para decisiones que afecten ingresos de los Mundiales. Estas medidas no garantizarían la reconciliación, pero distinguirían entre una institución que corrige sus fallos y otra que se limita a administrar el desgaste.
El riesgo mayor para el fútbol mundial no es únicamente una eventual derrota o victoria de Infantino. Es que la relación entre la FIFA y sus principales actores quede atrapada en una lógica de represalias: boicots amenazados, recursos judiciales, desacuerdos sobre calendarios y decisiones comerciales adoptadas sin confianza mutua. El Mundial sigue siendo el activo deportivo más poderoso del planeta, pero su fortaleza depende de la cooperación entre federaciones, clubes, jugadores, patrocinadores y aficionados. La campaña hacia 2027 mostrará si la FIFA puede reconstruir esa cooperación o si su próxima presidencia comenzará con una fractura ya incorporada a la estructura del juego.
