La UEFA ha advertido formalmente a la FIFA de que estudia emprender acciones legales, recurrir al arbitraje o presentar quejas ante organismos reguladores por el fallido proyecto para vender a inversores privados una participación en los ingresos futuros de los Mundiales. La organización europea también exigió preservar documentos, comunicaciones y otros materiales potencialmente relacionados con la iniciativa, una medida que eleva el conflicto institucional y abre la puerta a una disputa jurídica de mayor alcance.
Una carta que transforma la crisis en un frente legal
Los abogados de la UEFA comunicaron a la FIFA que el organismo europeo está “considerando activamente acciones legales, arbitraje y/o quejas regulatorias” derivadas del plan denominado FIFA Forward Enterprise, conocido como FFE, y de todos los asuntos vinculados con su preparación y presentación. La carta fue enviada por el abogado Andrew J. Levander y señala que los procedimientos son “razonablemente previsibles”, debido a la percepción extendida entre distintos actores del fútbol de que la propuesta era incompatible con una gobernanza adecuada.
El escrito identifica a 18 ejecutivos de la FIFA cuyos datos, documentos y mensajes electrónicos deberían conservarse como posibles pruebas. La UEFA advirtió que cualquier destrucción, eliminación, alteración, ocultamiento o pérdida de materiales relevantes después de recibida la notificación, o desde el momento en que razonablemente se pudiera prever un procedimiento, podría constituir destrucción de pruebas.
El proyecto abandonado por Infantino
La propuesta fue impulsada en secreto por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con el objetivo de captar 4.200 millones de dólares de inversores privados, entre ellos la firma de inversión neoyorquina asociada a Joshua Kushner. El proyecto fue retirado a primera hora del sábado, pocos días después de que informaciones periodísticas revelaran su existencia y provocaran una reacción internacional.
La estructura planteada habría creado una escisión empresarial valorada por la FIFA en 20.000 millones de dólares. Esa entidad habría asumido el control de operaciones comerciales y torneos generadores de ingresos, actualmente administrados por la organización sin ánimo de lucro con sede en Zúrich. A cambio, las 211 federaciones miembro habrían recibido pagos únicos de 20 millones de dólares, con un plazo hasta mediados de septiembre para aceptar la oferta.
La operación habría modificado de manera sustancial la relación entre la FIFA, sus federaciones y los futuros ingresos de la Copa del Mundo. Aunque los miembros son formalmente propietarios de la organización, la transferencia de actividades comerciales a una estructura con capital privado habría planteado dudas sobre el control efectivo de los activos, la duración de los compromisos financieros y el reparto de poder entre las federaciones y los inversores.
La reacción coordinada de Europa
La UEFA encabezó la oposición al proyecto. Sus 55 federaciones miembro se reunieron el jueves y acordaron boicotear todos los acontecimientos y competiciones de la FIFA mientras la propuesta continuara vigente. La retirada del plan evitó, al menos de momento, la aplicación de esa medida, pero no cerró el conflicto: la advertencia legal demuestra que las federaciones europeas pretenden esclarecer cómo se diseñó el proyecto, quién participó en su elaboración y qué compromisos pudieron asumirse antes de su anuncio público.
La organización europea también dejó entrever que quiere poner fin a la presidencia de Infantino, que se aproxima a una década. El sábado afirmó que el dirigente había perdido la confianza del fútbol mundial y que “ninguna opción debería descartarse”. La Confederación Asiática de Fútbol y la CONCACAF, que agrupa a las asociaciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, también difundieron declaraciones críticas, aunque la respuesta no ha sido uniforme entre todas las confederaciones continentales.
Un mapa de apoyos en plena campaña electoral
Infantino conserva respaldo especialmente en África, mientras que la CONMEBOL sudamericana mantiene una relación de confianza con el presidente de la FIFA. La confederación sudamericana espera que el Mundial de 2030 pueda ampliarse de 48 a 64 selecciones, una posibilidad que incrementaría el número de partidos disputados en Argentina, Uruguay y Paraguay, países anfitriones del torneo junto con España y Portugal. Paraguay es, además, el país de origen del presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez.
La controversia altera una sucesión que parecía encarrilada. Infantino abandonó Nueva York después de la final del Mundial, celebrada dos semanas antes según la información disponible, con la reelección aparentemente asegurada y sin rivales para un cuarto y último mandato en marzo, hasta 2031. La federación galesa fue la primera en anunciar que retiraba su respaldo, después de que la FIFA comunicara durante el torneo que el presidente había obtenido cartas de apoyo de aproximadamente 200 de sus 211 miembros.
La elección se celebrará en Marruecos, uno de los aliados más firmes de Infantino y coanfitrión del Mundial de 2030 junto con España y Portugal. El plazo para presentar candidaturas termina el 18 de noviembre, exactamente cuatro meses antes de la votación. El cambio de postura de federaciones europeas podría abrir la carrera electoral, aunque todavía no se conoce si surgirá una candidatura alternativa con respaldo suficiente para desafiar al actual presidente.
Las dudas internas sobre el modelo
La oposición no se limita a las federaciones nacionales. Kevin Lamour, director de operaciones de la FIFA, describió el proyecto como una iniciativa personal de Infantino en un comunicado enviado a The Associated Press. Según Lamour, parte del personal se sintió engañado por su jefe, una acusación que añade una dimensión interna a las críticas sobre transparencia y toma de decisiones.
El plan también habría tenido consecuencias para la posición futura de Infantino. La nueva estructura podía crear un puesto similar al de un comisionado después de 2031, con una remuneración potencialmente muy superior a su salario anual actual de seis millones de dólares y a su paquete de bonificaciones como presidente. Esa posibilidad alimentó las sospechas de quienes interpretan el proyecto como una forma de ampliar su influencia más allá de los límites ordinarios del mandato, aunque la FIFA retiró la propuesta antes de que pudiera concretarse.
La cancelación no elimina las preguntas sobre el proceso ni garantiza que el enfrentamiento institucional termine. La carta de la UEFA convierte la preservación de pruebas en una obligación central y podría preceder a reclamaciones sobre gobernanza, competencia regulatoria o administración de los derechos comerciales del fútbol mundial. El desenlace dependerá ahora de la documentación que conserve la FIFA, de la posición que adopten las demás confederaciones y de si la crisis se traduce en candidaturas capaces de disputar a Infantino la presidencia en Marruecos.
