La dictadura argentina intentó convertir una victoria de la selección juvenil de fútbol en una demostración de normalidad y respaldo popular, pero la estrategia quedó eclipsada por las miles de denuncias recibidas durante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en septiembre de 1979. Mientras el régimen organizaba festejos alrededor del triunfo del equipo capitaneado por Diego Maradona, familiares de desaparecidos y presos políticos formaban largas filas para relatar ante los juristas las violaciones cometidas por el Estado.
La delegación, encabezada por el venezolano Andrés Aguilar, llegó al aeropuerto de Ezeiza el 6 de septiembre, después de que la presión internacional obligara a la junta militar a aceptar una investigación de la Organización de Estados Americanos (OEA). Desde el golpe del 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas habían gobernado sin controles democráticos y acumulaban denuncias sobre detenciones ilegales, torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones encubiertas y centros clandestinos de detención.
Una visita aceptada bajo presión internacional
La autorización de la misión no significó un cambio en la política represiva. Para el gobierno militar, permitir la llegada de la CIDH podía servir para mejorar su deteriorada imagen exterior y, al mismo tiempo, controlar el escenario en el que los enviados recogerían información. Organizaciones de exiliados y entidades internacionales habían documentado durante años la existencia de presos políticos sin proceso y de personas cuyo paradero se desconocía, denuncias que la dictadura calificaba como parte de una supuesta “campaña antiargentina”.
La propaganda oficial insistía en que los militares habían tomado el poder para salvar a la patria y defender la “civilización occidental y cristiana”. El lema “Los argentinos somos derechos y humanos” apareció en medios de comunicación, espacios públicos y automóviles. La campaña, sin embargo, había sido diseñada por la agencia estadounidense Burson Marsteller, contratada por el régimen para recomponer su reputación. La contradicción entre el mensaje publicitario y los testimonios que comenzaban a acumularse sería uno de los principales rasgos de la visita.
El fútbol como escenario de normalidad
El 7 de septiembre, un día después de la llegada de la comisión, la selección juvenil argentina derrotó por 3-1 a la Unión Soviética en la final del Mundial disputado en Japón. La victoria ofreció a la junta una oportunidad para organizar una imagen de unidad y alegría colectiva. El relator José María Muñoz utilizó su programa La Oral Deportiva, de Radio Rivadavia, para convocar a la población a reunirse en la Avenida de Mayo y demostrar a los visitantes que el país “no tenía nada que ocultar”.
La operación propagandística alcanzó su punto más visible cuando Muñoz comunicó a los jugadores con el dictador Jorge Rafael Videla, que se encontraba en los estudios de la televisión estatal. Vestido de civil, Videla felicitó a Maradona y presentó el triunfo como una expresión de los valores de cooperación, optimismo y esperanza que, según afirmó, caracterizaban a la juventud argentina. El mensaje buscaba asociar el éxito deportivo con la legitimidad del régimen y con una supuesta libertad para expresar sentimientos y opiniones.
La dictadura aceleró además el regreso del equipo para aprovechar el horario de salida laboral en Buenos Aires. Tras viajar desde Tokio a Río de Janeiro, los futbolistas fueron trasladados en un avión oficial hasta Ezeiza y luego en helicópteros al club Atlanta. Desde allí partió una caravana hacia la Casa Rosada. La escenificación fue cuidadosamente coordinada, pero no logró monopolizar la atención pública.
Las filas frente a la OEA contradicen al discurso oficial
Mientras parte de la población participaba de los festejos, centenares de personas se concentraban frente a las oficinas de la OEA en la Avenida de Mayo para denunciar desapariciones, secuestros y encarcelamientos. Las filas se prolongaron durante los días siguientes y se convirtieron en una evidencia difícil de neutralizar: la sociedad que el gobierno mostraba como satisfecha y despreocupada incluía a miles de familias afectadas directamente por la represión.
La comisión trabajó en Buenos Aires entre el 7 y el 10 de septiembre, viajó luego a Córdoba y Tucumán, pasó por Rosario y regresó a la capital antes de partir hacia Washington el 20 de septiembre. Sus integrantes recibieron testimonios en distintas ciudades, visitaron cárceles y recorrieron centros clandestinos como La Perla, La Ribera, El Atlético, el Olimpo y la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Las autoridades habían preparado esos lugares para ocultar su funcionamiento. En la ESMA, varios sobrevivientes fueron trasladados a una isla del delta del Tigre conocida como “El Silencio”, adquirida por la Armada poco antes de la visita. Otros detenidos fueron llevados a una quinta de la zona norte de Buenos Aires. Incluso se habría obligado a un grupo de secuestrados a vestir uniformes navales durante el recorrido. En Córdoba y Tucumán, el general Luciano Benjamín Menéndez ordenó una operación de “limpieza” que, según las denuncias posteriores, incluyó la ejecución de personas cautivas en centros clandestinos.
Un informe que debilitó la imagen de la junta
Las maniobras de encubrimiento impidieron a los juristas observar todo lo que ocurría en los centros de detención, pero no evitaron que registraran 5.580 denuncias. La delegación también entrevistó a dirigentes y referentes de organismos de derechos humanos, entre ellos Emilio Mignone, Augusto Conte, Raúl Alfonsín, Enrique y Graciela Fernández Meijide, Alfredo Bravo y Simón Lázara. Sus testimonios permitieron contrastar la escenografía oficial con una trama represiva sostenida por agentes estatales.
El informe final, de 294 páginas, fue difundido en mayo de 1980 y presentado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de ese año. La CIDH concluyó que entre 1975 y 1979 se habían cometido numerosas y graves violaciones de derechos humanos, entre ellas atentados contra la vida, la libertad personal, la integridad física y las garantías judiciales. También señaló la práctica sistemática de la tortura, la ineficacia del hábeas corpus y las restricciones impuestas a abogados que defendían a detenidos por razones políticas.
La misión no puso fin de inmediato a la represión, pero modificó el costo internacional de negarla. Sus conclusiones fueron retomadas después del regreso de la democracia por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas y por los procesos judiciales contra los responsables del terrorismo de Estado. La distancia entre los festejos deportivos organizados por la dictadura y las denuncias reunidas por la CIDH terminó revelando que la propaganda podía construir una escena pública, pero no borrar los rastros documentales de los crímenes.
