La negociación del convenio colectivo para Primera y Segunda División se encuentra en un punto de bloqueo que ha llevado a LaLiga y a la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) a una segunda mediación ante el SIMA el próximo 29 de junio. Este acto, promovido por el sindicato tras considerar que la patronal se niega a constituir la comisión negociadora, se produce apenas unos meses después de la primera intervención del mismo organismo por el paro de quince segundos de los jugadores. Los datos de las elecciones celebradas entre abril y mayo resultan determinantes: de 950 votos emitidos, 919 fueron válidos y 856 respaldaron a AFE, lo que representa el 93,14 % del respaldo de los 42 vestuarios. LaLiga propuso incluir a Futbolistas ON sin voz ni voto, una fórmula que AFE rechaza al entender que solo el sindicato mayoritario está legitimado según la Disposición Adicional 17ª de la Ley del Deporte.
Efectos directos sobre jugadores y clubes
El retraso en la firma del nuevo convenio afecta de inmediato a cuestiones salariales, derechos de imagen y protocolos de descanso. Los jugadores de Segunda División, cuyos ingresos medios se sitúan muy por debajo de los de Primera, ven postergada la actualización de mínimos que les permitiría planificar contratos a medio plazo. Los clubes, por su parte, operan con incertidumbre presupuestaria: sin convenio vigente no pueden proyectar con exactitud el gasto en plantilla para la temporada 2026-2027. Esta situación genera un efecto dominó sobre el mercado de fichajes, ya que los agentes retrasan decisiones a la espera de conocer los límites salariales que fijará el acuerdo.
Tres lecturas estructurales del conflicto
La primera lectura apunta a un cambio de poder dentro del sindicalismo futbolístico. El 93,14 % obtenido por AFE consolida su posición como interlocutor único, pero también expone la fragilidad de cualquier intento de fragmentar la representación. Cuando LaLiga plantea la presencia de un segundo sindicato sin capacidad de voto, está ensayando una estrategia de dilución que, de prosperar, podría repetirse en otros sectores deportivos donde existen minorías activas. La segunda lectura se refiere al uso de la Ley del Deporte como instrumento de presión. AFE invoca la disposición que exige un mínimo del 10 % de los votos para legitimar la negociación; al alcanzar el 93 %, el sindicato convierte ese umbral en un argumento casi irrefutable ante los tribunales. La tercera lectura tiene que ver con el calendario competitivo: un eventual recurso judicial podría coincidir con el inicio de la pretemporada, momento en que los clubes necesitan certidumbre sobre las condiciones laborales de sus plantillas.
Perspectivas de las partes implicadas
Desde el punto de vista de LaLiga, la inclusión de Futbolistas ON responde al deseo de equilibrar la mesa negociadora y evitar que un único actor marque el ritmo de las conversaciones. La patronal considera que la diversidad de opiniones dentro del colectivo de jugadores justifica esa presencia, aunque sin derecho a voto. Para AFE, en cambio, cualquier apertura a otro sindicato debilita el mandato recibido en las urnas y contradice el texto legal que reserva la legitimación a quienes superen el 10 %. Los jugadores de clubes medianos expresan en privado su preocupación por la duración del conflicto: temen que un parón prolongado afecte tanto a sus contratos como a la preparación física de la siguiente campaña. Los clubes más pequeños, dependientes de ingresos televisivos, ven con inquietud la posibilidad de que el desacuerdo derive en medidas de presión que interrumpan partidos.
Escenarios futuros y riesgos latentes
Si la mediación del 29 de junio fracasa, AFE podría presentar la demanda anunciada, lo que abriría un proceso judicial de varios meses. Un fallo favorable al sindicato obligaría a constituir la comisión solo con AFE; un fallo contrario podría forzar una negociación más amplia y, eventualmente, una nueva convocatoria electoral. En paralelo, el riesgo de acciones colectivas como parones o concentraciones sigue presente, aunque el propio convenio actual prohíbe huelgas durante la temporada. Otro riesgo es el impacto reputacional: un conflicto largo entre patronal y jugadores puede trasladar al público la imagen de un fútbol profesional más preocupado por disputas internas que por el espectáculo. Por último, la falta de acuerdo retrasa la adaptación de cláusulas sobre salud mental y carga de partidos, temas que la FIFA y la UEFA han señalado como prioritarios en los próximos años.
El desenlace de esta mediación determinará no solo el contenido del próximo convenio, sino también el modelo de representación sindical que regirá el fútbol español durante al menos los próximos cuatro años. La combinación de alta legitimidad electoral de AFE, la rigidez interpretativa de la Ley del Deporte y el calendario apretado de la competición crea un escenario donde cualquier concesión o endurecimiento de posiciones tendrá consecuencias duraderas para clubes, jugadores y el propio espectáculo.
