La celebración del Mundial de 2026 dejó una factura política y financiera que todavía no parece cerrada. Según una investigación publicada por The Athletic, las 11 ciudades estadounidenses que albergaron partidos esperaban recibir un millón de dólares cada una como contribución de la FIFA, una promesa atribuida al presidente del organismo, Gianni Infantino. Tres semanas después de la conclusión del torneo, esos fondos seguirían sin llegar a sus destinatarios.
El importe, 11 millones de dólares en total, es reducido frente a los ingresos que genera una Copa del Mundo y frente al coste global de organizarla. Sin embargo, el caso adquiere una dimensión mayor porque afecta a la relación entre una institución deportiva internacional y los gobiernos locales que ponen a disposición estadios, servicios públicos, personal y recursos de seguridad. La disputa no se limita a una transferencia pendiente: plantea qué compromisos asume realmente la FIFA cuando convence a una ciudad para convertirse en sede y qué mecanismos existen para exigir el cumplimiento de esas promesas.
Una promesa ligada al coste de 39 días
El Mundial de 2026 fue presentado como el mayor de la historia. La ampliación del torneo implicó más selecciones, un calendario más extenso y un número récord de encuentros. En Estados Unidos, las sedes tuvieron que prepararse para recibir actividad durante 39 días, con efectos que excedieron ampliamente las horas concretas de cada partido.
El gasto municipal asociado a un evento de esta escala no se reduce a acondicionar un estadio. Incluye policías adicionales, control del tráfico, transporte público, servicios médicos, limpieza, protección de zonas turísticas, gestión de multitudes y coordinación con organismos federales. También puede exigir la contratación temporal de personal, la adaptación de espacios urbanos y la puesta en marcha de zonas para aficionados. Aunque una parte de esos costes puede justificarse por los beneficios económicos y promocionales del torneo, la presión inicial recae con frecuencia sobre presupuestos públicos locales.
En ese contexto, la contribución anunciada por Infantino habría funcionado como una compensación simbólica y práctica. Simbólica, porque un millón de dólares no cubre necesariamente los gastos extraordinarios de una gran ciudad durante más de un mes. Práctica, porque permitía a los responsables locales defender ante sus concejos municipales y contribuyentes que la FIFA también asumiría una parte de la carga. Cuando ese pago no se materializa, la discusión cambia: deja de ser una cuestión de magnitud y pasa a ser una cuestión de confianza.
El punto débil: promesa, contrato y prueba
Cuatro ejecutivos vinculados a comités organizadores locales aseguraron, bajo anonimato, que la FIFA comunicó en repetidas ocasiones que las ciudades recibirían compensaciones equivalentes por el uso de los estadios. La reserva de identidad refleja la dependencia que mantienen estos representantes respecto del organismo rector y el temor a dañar futuras relaciones profesionales. También revela una dificultad habitual en la gestión de grandes acontecimientos: muchas decisiones se negocian en reuniones, cartas o conversaciones privadas, mientras que los documentos contractuales definitivos pueden contener fórmulas más limitadas.
La cuestión central será determinar la naturaleza exacta del compromiso. No es lo mismo una declaración pública del presidente de la FIFA, una carta de intención, un acuerdo operativo con una ciudad o una obligación incluida en el contrato de sede. Cada formato tiene consecuencias jurídicas y políticas distintas. Si el millón de dólares fue incorporado a documentos vinculantes, las ciudades dispondrían de una base más sólida para reclamar. Si se trató de una promesa verbal o de una comunicación informal, el conflicto podría quedar atrapado en una zona gris: suficientemente importante para generar expectativas, pero difícil de hacer valer ante un tribunal.
La ausencia de pagos también obliga a distinguir entre un retraso administrativo y un incumplimiento deliberado. Pueden existir procesos de auditoría, conciliación de gastos o requisitos documentales antes de liberar los fondos. Pero el hecho de que varias sedes reclamen al mismo tiempo sugiere que no se trata únicamente de un problema aislado en una oficina local. La FIFA debería aclarar si reconoce la deuda, cuál es el calendario de desembolso y qué condiciones deben cumplir las ciudades. Sin esa información, el silencio alimenta la percepción de que las promesas se realizaron con mayor facilidad que las obligaciones.
La economía política de ser anfitrión
Durante décadas, organizar un gran torneo internacional se ha vendido como una oportunidad de crecimiento, visibilidad y renovación urbana. Las autoridades locales suelen competir por ser sede porque esperan atraer visitantes, activar hoteles y restaurantes, mejorar infraestructuras y proyectar una imagen global. Sin embargo, los beneficios no se distribuyen de manera automática ni coinciden siempre con los lugares que soportan los costes.
La experiencia de otros grandes eventos ofrece una advertencia. Los Juegos Olímpicos de Montreal 1976 quedaron asociados durante años a una deuda elevada; Atenas 2004 dejó infraestructuras costosas de mantener; y en varios Mundiales recientes los gastos públicos superaron las previsiones iniciales. Cada caso tiene circunstancias diferentes, pero todos muestran el mismo problema: los ingresos comerciales se concentran en el organizador y sus socios, mientras que los gastos de seguridad y adaptación urbana suelen recaer en autoridades públicas.
El modelo de 2026 acentúa esa tensión porque distribuye los partidos entre tres países y numerosas ciudades. La descentralización reduce la presión sobre una sola sede, pero multiplica los acuerdos, las cadenas administrativas y las posibilidades de que un compromiso quede interpretado de forma diferente en cada jurisdicción. Una compensación uniforme de un millón de dólares puede parecer sencilla desde la sede central de la FIFA, aunque no refleje las diferencias entre una ciudad que organiza pocos encuentros y otra que afronta una agenda más intensa, mayores necesidades de seguridad o costes logísticos extraordinarios.
Más que once cheques: el problema de la rendición de cuentas
La controversia llega en un momento sensible para la gobernanza del fútbol mundial. La FIFA ha convertido los grandes torneos en operaciones comerciales de enorme escala, con derechos audiovisuales, patrocinios, hospitalidad y acuerdos de mercadotecnia que se negocian globalmente. Esa profesionalización ha incrementado los ingresos, pero también las expectativas de transparencia. Cuanto más poderosa es la institución, mayor es la exigencia de que explique cómo se reparten los beneficios y quién absorbe los costes.
La diferencia entre la capacidad financiera de la FIFA y la situación presupuestaria de muchos municipios hace que el conflicto tenga una dimensión institucional desigual. Para el organismo, 11 millones de dólares pueden representar una partida marginal dentro del balance de un Mundial. Para una ciudad, el importe puede financiar servicios concretos, cubrir horas extraordinarias de seguridad o reducir la presión sobre fondos destinados a transporte y emergencias. Esa asimetría explica por qué un pago aparentemente pequeño puede tener un valor político considerable.
Si las ciudades deben reclamar públicamente una suma anunciada antes del torneo, otros posibles anfitriones tomarán nota. En futuras candidaturas, los gobiernos podrían exigir garantías bancarias, cuentas de depósito, cláusulas de penalización o calendarios de pago vinculantes antes de comprometer recursos. También podrían pedir auditorías independientes que separen los ingresos extraordinarios del organizador de los costes asumidos por cada administración. El resultado sería una negociación más lenta y formal, pero posiblemente más equilibrada.
El efecto sobre la ciudadanía y las próximas sedes
La disputa puede repercutir en la aceptación social de los grandes acontecimientos deportivos. Los vecinos no evalúan un Mundial únicamente por la asistencia a los estadios o la imagen internacional; también observan si aumentaron los alquileres, si hubo restricciones de movilidad, cuánto costaron los operativos policiales y qué beneficios permanecen cuando termina el último partido. Si una ciudad descubre que una compensación anunciada no se ha pagado, la promesa de un legado positivo pierde credibilidad.
Ese deterioro puede reforzar a los sectores que cuestionan el uso de dinero público para eventos globales. En muchas ciudades, la aprobación de una candidatura depende de justificar que el torneo no desviará recursos de vivienda, transporte, salud o educación. Un conflicto de pagos ofrece un argumento sencillo a quienes sostienen que las instituciones deportivas privatizan los beneficios y socializan los riesgos. La FIFA podría responder que sus inversiones indirectas, el turismo y la actividad comercial compensan los gastos locales, pero esa defensa exige datos verificables y no solo estimaciones de impacto económico.
El episodio también tendrá consecuencias para los próximos torneos, especialmente para aquellos que se celebren en países con presupuestos municipales más limitados. Si las sedes de una edición organizada en un mercado de alto valor como Estados Unidos encuentran dificultades para cobrar una aportación prometida, las autoridades de otras regiones podrían endurecer sus condiciones. La FIFA tendría entonces que demostrar que su modelo de expansión geográfica puede convivir con obligaciones financieras claras y con una distribución más transparente de los riesgos.
La salida depende de la transparencia
La solución inmediata parece sencilla: confirmar por escrito el compromiso, explicar las razones del retraso y fijar una fecha de pago. Pero una respuesta eficaz debería ir más lejos. La FIFA tendría que publicar qué ciudades tienen derecho a la compensación, qué documentos respaldan la promesa, qué costes se consideran elegibles y si existen diferencias entre las distintas sedes. Las autoridades locales, por su parte, deberían detallar los gastos extraordinarios y evitar presentar como deuda firme aquello que todavía no esté respaldado contractualmente.
Una auditoría independiente podría resolver la principal disputa de credibilidad. No se trataría solo de comprobar si se transfirieron 11 millones de dólares, sino de reconstruir el proceso mediante el cual se comunicó la compensación y evaluar si las ciudades pudieron tomar decisiones presupuestarias basándose en esa expectativa. Esa trazabilidad es esencial para prevenir que futuras negociaciones dependan de promesas ambiguas o de la influencia personal de un dirigente.
El Mundial de 2026 ya terminó en los estadios, pero su balance institucional aún está abierto. El retraso denunciado por las sedes estadounidenses no determina por sí solo el éxito o el fracaso del torneo, pero sí pone a prueba una regla básica de cualquier alianza: quien obtiene beneficios de la cooperación debe cumplir las condiciones que hicieron posible esa cooperación. La forma en que la FIFA resuelva los pagos pendientes marcará si las ciudades anfitrionas son tratadas como socios con derechos definidos o como plataformas temporales para una operación global.
