La declaración de Andrea Verónica Trimarchi expuso un esquema de remuneraciones mensuales que vinculaba directamente a Leopoldo Luque y Agustina Cosachov con la administración personal de Diego Maradona. Desde 2019 el neurocirujano recibía 100.000 pesos y la psiquiatra 33.000 pesos, montos abonados de manera regular hasta el fallecimiento del ex futbolista. Esta información, volcada en planillas que detallan transferencias y pagos en efectivo entre el 11 y el 25 de noviembre de 2020, permite reconstruir la estructura de asistencia médica que rodeó los últimos días de Maradona en la casa de Tigre. El testimonio, realizado de forma virtual durante la feria judicial, se convirtió en el segundo de 29 audiencias y reveló que la contadora manejaba en exclusiva la clave fiscal del deportista.
Uno de los hallazgos más relevantes radica en la ausencia de pagos a Carlos Díaz, el psicólogo que atendió a Maradona en los dos meses previos a su muerte. Trimarchi aclaró que la relación con Díaz fue breve y que no se registraron desembolsos similares a los realizados con Luque y Cosachov. Esta distinción temporal sugiere que el equipo médico estableció una jerarquía de contratación que priorizó especialidades quirúrgicas y psiquiátricas sobre intervenciones psicológicas, un patrón que podría interpretarse como una decisión deliberada de limitar la exposición de Maradona a profesionales con menor antigüedad en su círculo.
Relación contractual y responsabilidad profesional
El hecho de que Luque y Cosachov figuraran como destinatarios de honorarios fijos desde la salida de Maradona de la Clínica Olivos plantea interrogantes sobre el grado de dependencia económica que existía entre los profesionales y el paciente. En el contexto del juicio, esta dependencia puede utilizarse para argumentar que ambos médicos formaban parte del entorno laboral de Maradona y no solo de una relación ocasional de consulta. Los fiscales han exhibido planillas donde se consignan gastos de telefonía, seguridad, abogados y medicamentos junto a los honorarios médicos, lo que dibuja un ecosistema de servicios integrados que dificulta separar las decisiones clínicas de las obligaciones contractuales. Un análisis comparado con casos similares, como el seguimiento de otros deportistas de élite en Argentina, muestra que cuando los pagos se canalizan a través de un estudio contable se genera un registro documental que puede servir tanto para acreditar atención continua como para cuestionar la independencia del criterio médico.
Perspectivas de fiscales, defensa y familia
Los representantes del Ministerio Público Fiscal ven en estos pagos una prueba de que Luque y Cosachov ejercían funciones médicas permanentes, lo que refuerza la imputación por presunta negligencia en el control postoperatorio. Por el contrario, los defensores de los acusados podrían argumentar que los montos reflejan una relación comercial legítima y que la interrupción de pagos durante la internación de Maradona demuestra que no existía un vínculo de subordinación que obligara a los médicos a permanecer disponibles. La familia, representada por Mario Baudry, ha utilizado la declaración para subrayar que la administración de Maradona estaba centralizada en manos de Matiás Morla y que cualquier decisión sobre insumos médicos pasaba por ese filtro. Trimarchi negó haber conversado directamente con Luque o Cosachov sobre compras de medicamentos, lo que abre un flanco sobre la cadena de responsabilidades en la provisión de insumos durante los días previos al deceso.
La posición de Swiss Medical, defendida por Nicolás D’Albora, se centró en un audio del 3 de noviembre de 2020 en el que Trimarchi indicaba que no podía realizar pagos mientras Maradona permaneciera internado. Esta evidencia introduce la variable de la suspensión temporal de obligaciones económicas durante una crisis de salud, un mecanismo que podría interpretarse como una práctica habitual en la gestión de pacientes de alto perfil pero que también expone lagunas en la continuidad de la atención médica cuando el financiamiento depende de una única fuente administrativa.
Riesgos sistémicos en la atención de pacientes de alto perfil
El modelo de pagos mensuales a través de una contadora personal genera al menos tres riesgos identificables. Primero, la concentración de decisiones financieras en una sola persona reduce la trazabilidad de las solicitudes médicas y dificulta la auditoría externa. Segundo, la práctica de abonar honorarios fijos independientemente de la cantidad de consultas puede desincentivar evaluaciones más frecuentes o derivaciones a otros especialistas. Tercero, la ausencia de contratos formales que especifiquen obligaciones de guardia o respuesta ante emergencias deja un vacío legal que solo se evidencia cuando ocurre un desenlace adverso. Casos documentados en el ámbito del deporte profesional argentino, como los seguimientos de futbolistas con problemas de adicciones, muestran patrones similares donde la relación económica precede y condiciona la relación terapéutica.
Escenarios futuros para la regulación médica privada
La visibilidad que ha adquirido este esquema de remuneraciones podría impulsar modificaciones en la normativa que regula la atención médica domiciliaria de pacientes con recursos significativos. Una posible línea de evolución apunta a exigir que los honorarios médicos abonados por personas físicas se registren en plataformas centralizadas accesibles a obras sociales y organismos de control, de modo que se pueda verificar la frecuencia real de las prestaciones. Otro escenario contempla la obligación de incluir cláusulas de disponibilidad en contratos de asistencia privada, especialmente cuando el paciente presenta antecedentes de cirugías recientes. La experiencia del juicio de Maradona podría servir como precedente para que los colegios médicos establezcan guías éticas sobre la compatibilidad entre honorarios fijos y autonomía profesional. Sin embargo, cualquier reforma enfrentará resistencia de estudios contables y representantes legales que gestionan patrimonios de figuras públicas, quienes argumentarán que mayor transparencia compromete la privacidad de sus clientes.
El riesgo más inmediato radica en que otros profesionales que atienden a celebridades adopten prácticas de registro más opacas para evitar ser vinculados contractualmente con sus pacientes. Esto podría traducirse en un aumento de pagos en efectivo no declarados o en la intermediación de terceros que diluyan la cadena de responsabilidad. La declaración de Trimarchi, al dejar constancia de que nunca habló con los médicos sobre insumos, ya ilustra cómo la fragmentación administrativa puede dificultar la reconstrucción de hechos incluso cuando existe voluntad judicial de esclarecimiento.
