El Deportivo ha convertido la continuidad de Marathón Inferior en una cuestión de seguridad, disciplina y supervivencia deportiva. A partir de la temporada 2026-2027, la grada mantendrá su papel como núcleo de animación de ABANCA-RIAZOR, pero sus abonados deberán aceptar condiciones específicas de acceso, acreditar presencialmente su identidad y utilizar un carné personal e intransferible. La decisión llega después de un curso marcado por expedientes disciplinarios, multas elevadas y advertencias de posibles cierres parciales o incluso totales.
La dirección del club sostiene que no pretende desactivar una de las principales fuentes de apoyo al equipo. Su argumento es justamente el contrario: reforzar los mecanismos de control para impedir que los incidentes de una minoría terminen provocando la desaparición temporal de una grada con cerca de 4.000 abonados. El conflicto, sin embargo, plantea una tensión que va más allá de la gestión ordinaria de un estadio: cómo compatibilizar la cultura futbolística popular, la libertad de expresión y la animación colectiva con las obligaciones legales que recaen sobre el organizador de un espectáculo deportivo.
Un problema acumulado durante la temporada 2025-2026
El punto de partida de la nueva normativa son los 17 expedientes disciplinarios abiertos por la Real Federación Española de Fútbol durante la temporada 2025-2026. Según el Deportivo, todos estuvieron relacionados con hechos producidos en Marathón Inferior. La mayoría se refiere a cánticos considerados contrarios a la normativa antiviolencia: insultos graves contra clubes, futbolistas o árbitros, mensajes que incitan a la violencia y expresiones discriminatorias. En los expedientes más recientes se añadió el lanzamiento de objetos al terreno de juego.
La acumulación resulta relevante por dos motivos. Primero, porque transforma episodios aislados en un patrón que las autoridades deportivas pueden interpretar como reiteración. Segundo, porque desplaza la responsabilidad desde quienes protagonizan directamente los hechos hacia el club organizador, obligado a demostrar que informa, previene, identifica y reacciona. En ese marco, el Deportivo afirma que ha asumido más de 267.000 euros en sanciones ya cuantificadas, con multas individuales por cánticos de entre 6.001 y 18.000 euros.
El coste económico es visible, pero no constituye el riesgo principal. Dos propuestas de cierre parcial de la grada habrían estado vinculadas durante la campaña anterior al lanzamiento de objetos en el partido contra el Racing de Santander y a cánticos reiteradamente incitadores a la violencia ante la UD Las Palmas. Además, el último expediente en tramitación incorpora apercibimientos de clausura parcial y de clausura total. Si la autoridad disciplinaria concluye que las medidas del club fueron insuficientes, la siguiente respuesta podría afectar directamente a la celebración de los partidos.
La grada que el club necesita y debe controlar
Marathón Inferior ocupa una posición singular dentro de la arquitectura social del Deportivo. No es únicamente un sector del estadio: concentra peñas, grupos de animación y una forma de vivir el fútbol basada en la permanencia de pie, el uso de bombos y megáfonos y la coordinación de cánticos. Esa intensidad contribuye a construir la identidad sonora de Riazor y puede tener un efecto tangible sobre el ambiente de los partidos, especialmente en momentos de dificultad deportiva.
Precisamente esas características dificultan la identificación individual. Cuando una grada canta al unísono, las responsabilidades se difuminan; cuando el acceso se realiza con carnés prestados o sin un censo actualizado, la investigación posterior se vuelve más compleja. El club intenta corregir ese problema con una relación inequívoca entre localidad, titular y usuario. La comprobación presencial del documento original no es, por tanto, un simple trámite administrativo: busca establecer una cadena de responsabilidad que pueda activarse si se produce una infracción.
El Deportivo insiste en que las reglas generales de seguridad se aplican a todo el estadio, pero justifica las exigencias adicionales por la concentración de sanciones en esta zona y por sus condiciones operativas. La diferencia puede generar malestar entre abonados que cumplen las normas, pero responde a una lógica de gestión de riesgos: los controles se intensifican allí donde las autoridades han detectado una exposición mayor. El desafío será demostrar que esa diferencia se aplica con criterios objetivos y no se convierte en una estigmatización colectiva.
Identificación personal frente a la tradición del carné compartido
La principal novedad práctica es que el abono de Marathón Inferior pasa a definirse de manera expresa como personal, nominativo e intransferible. No podrá prestarse, compartirse ni ser utilizado por alguien distinto de su titular. El club admite que está valorando posibles ajustes, pero solo si permiten identificar correctamente a la persona que entra en el estadio. La flexibilidad futura dependerá, por tanto, de que cualquier cesión quede registrada y pueda atribuirse a un usuario concreto.
La medida afecta a una costumbre extendida en muchos recintos: el intercambio informal de carnés entre familiares, amigos o miembros de una peña. Esa práctica facilita que una localidad no quede vacía, pero también abre un espacio de opacidad. Si se produce un lanzamiento de objetos o un cántico sancionable, el titular formal puede no coincidir con quien ocupaba el asiento. Sin mecanismos de trazabilidad, el club tiene más dificultades para actuar contra el responsable directo y queda expuesto ante los organismos disciplinarios.
El procedimiento diseñado por el Deportivo combina una fase online de renovación con una validación presencial posterior. La fórmula trata de reducir desplazamientos y, al mismo tiempo, actualizar el censo. Los abonos que todavía no han superado esa comprobación permanecen pendientes de activación. En términos organizativos, se trata de una transición relevante: el club no solo vende localidades, sino que construye una base de datos operativa para la seguridad del recinto y para el cumplimiento de sus obligaciones como promotor.
El límite entre animación, crítica y violencia
La normativa no obliga a animar ni establece una intensidad determinada. Tampoco impide el uso de banderas, pancartas, bombos o megáfonos cuando estén autorizados, sean técnicamente seguros y no contengan mensajes prohibidos. El límite se sitúa en los contenidos violentos, racistas, xenófobos o discriminatorios, así como en el lanzamiento de objetos y otras conductas que pongan en peligro a jugadores, árbitros, trabajadores o espectadores.
Esta distinción será central para evitar interpretaciones excesivas. La crítica a la gestión del club, a un resultado o a una decisión arbitral forma parte de la vida deportiva y puede expresarse legalmente. El problema aparece cuando el insulto grave se convierte en una amenaza, cuando un cántico alienta la agresión o cuando la rivalidad territorial utiliza referencias a explosiones, incendios o muerte. Los ejemplos citados por el Comité de Disciplina de la RFEF muestran que no se trata de una advertencia abstracta, sino de conductas que ya han producido consecuencias económicas y disciplinarias.
La frontera puede ser discutida por aficionados y colectivos, pero la responsabilidad institucional es clara. El club debe transmitir instrucciones, pedir el cese de los cánticos, conservar pruebas, identificar a los autores cuando sea posible y aplicar medidas proporcionales. La eficacia de la nueva política no se medirá por el número de controles, sino por su capacidad para distinguir entre una expresión crítica legítima y una conducta que activa la normativa antiviolencia.
Una respuesta que también redistribuye responsabilidades
Hasta ahora, el Deportivo afirma haber asumido íntegramente el coste económico y reputacional de las sanciones por hechos producidos en la grada. El nuevo enfoque intenta modificar esa ecuación. El club seguirá siendo quien responda ante la federación y las autoridades, pero buscará que las consecuencias internas recaigan sobre los individuos identificados: expulsión del estadio, suspensión cautelar, expediente contradictorio, pérdida del abono o pérdida de prioridad para renovarlo.
Ese cambio puede proteger a la mayoría, aunque también exige garantías. La identificación debe ser fiable, la investigación debe respetar el derecho de audiencia y las sanciones internas tienen que guardar proporción con la conducta acreditada. Si el procedimiento se percibe como arbitrario, la medida puede agravar la distancia entre la directiva y los colectivos de animación. Si, por el contrario, se aplica con pruebas y criterios transparentes, puede reforzar la legitimidad de una respuesta individual frente al cierre colectivo de toda la grada.
El club también separa claramente sus actuaciones de las denuncias policiales. Las posibles sanciones administrativas siguen sus propios procedimientos de alegación y recurso, mientras que el Deportivo puede colaborar con las autoridades sin intervenir en sus decisiones. Esta separación resulta importante para evitar confusiones: la pérdida de un abono por incumplimiento contractual no equivale necesariamente a una sanción administrativa, aunque ambos procesos puedan originarse en el mismo incidente.
El precedente que puede marcar el futuro de Riazor
La temporada 2026-2027 funcionará como una prueba de estrés. Si disminuyen los expedientes y los cánticos sancionables, el Deportivo podrá defender que la identificación y el control han servido para preservar la animación sin recurrir al cierre de la grada. Si los incidentes continúan, las autoridades podrían considerar insuficientes las medidas y avanzar hacia restricciones más severas. En ese escenario, el impacto no se limitaría a los abonados de Marathón Inferior: afectaría a la asistencia, a los ingresos de los partidos y a la atmósfera general del estadio.
También se pondrá a prueba el diálogo con peñas y colectivos. El club ha modificado parte de su procedimiento tras recibir reclamaciones, al aclarar que los partidos correctamente liberados no computan como inasistencia y que se valorarán las causas de fuerza mayor justificadas. Esa capacidad de ajuste puede ser decisiva para que la normativa no se perciba como una imposición cerrada. Pero escuchar a los aficionados no elimina la obligación de actuar cuando existe un riesgo acreditado.
La cuestión de fondo es si el fútbol puede conservar espacios de animación intensa sin aceptar como normal la violencia verbal o física. El caso del Deportivo resume una transformación que afecta a numerosos clubes: los estadios son cada vez más dependientes de sistemas de identificación, protocolos de seguridad y evidencias verificables. Esa evolución puede reducir la impunidad, pero debe equilibrarse con la privacidad, la proporcionalidad y el respeto a la cultura de grada.
Marathón Inferior seguirá siendo una pieza esencial del proyecto deportivo y social del Deportivo, pero su continuidad ya no dependerá solo del entusiasmo de sus abonados. Dependerá también de que el club consiga convertir el control en una herramienta de protección y no en una fuente permanente de conflicto. La dirección quiere una grada llena, ruidosa y activa; las instituciones exigirán que ese ruido no se transforme en violencia sancionable. Entre ambos objetivos se jugará el futuro de uno de los principales motores de Riazor.
