La imagen de Diego Martínez y Paco López compartiendo un seminario arbitral de la máxima categoría en Las Caldas, Asturias, tiene una lectura que va mucho más allá de la coincidencia entre dos entrenadores vinculados a la historia reciente del Granada. Ambos dirigieron los dos últimos ascensos del club a Primera División: Martínez en 2019 y López en 2023. Ambos están ahora sin equipo. Y ambos acudieron a un espacio organizado para acercar las preocupaciones de los entrenadores y de los árbitros, dos colectivos que suelen encontrarse en el momento de mayor tensión de un partido, pero rara vez dialogan con calma fuera del campo.
El encuentro, celebrado durante el pasado fin de semana, buscaba conocer las inquietudes de ambos estamentos y contribuir a la evolución del fútbol español. En ese contexto, la intervención de Martínez resultó especialmente significativa: se declaró defensor del VAR, aunque reclamó tiempo para que la tecnología se integre de forma eficiente, sin condicionar el ritmo de los partidos y con criterios claros sobre cuándo debe intervenir y cuándo debe permanecer al margen. López coincidió en el fondo, al definir la herramienta como “fantástica” para hacer el fútbol más justo. La coincidencia no elimina el debate; lo desplaza hacia una cuestión más compleja: cómo hacer que una tecnología aceptada en principio sea también comprensible y legítima para todos.
El dato central no está solo en el VAR
La noticia contiene tres hechos conectados. Primero, dos técnicos con una relación directa con los ascensos recientes del Granada participan en una conversación institucional con los árbitros. Segundo, ambos respaldan la existencia del VAR, lo que desmonta la idea de que el colectivo de entrenadores rechaza por definición la intervención tecnológica. Tercero, los dos permanecen fuera del mercado de trabajo: Martínez no dirige desde su etapa al frente de Las Palmas en Primera, hace dos temporadas, y López está sin banquillo desde el curso pasado, cuando terminó su ciclo en el Leganés de Segunda División.
La combinación es reveladora. El seminario no reúne únicamente a dos opiniones técnicas sobre el arbitraje; también muestra a dos profesionales experimentados en una fase de espera, observando desde fuera un sistema que sigue tomando decisiones sobre el juego y sobre sus carreras. La ausencia de equipo puede facilitar una mirada menos condicionada por la urgencia de un resultado, aunque también les priva de la protección política que ofrece representar a un club. Un entrenador en activo debe criticar una decisión sin poner en riesgo su relación con la competición, el árbitro o la dirección deportiva. Un técnico sin contrato dispone de mayor libertad, pero pierde capacidad de incidencia inmediata.
La primera conclusión es que el problema del VAR no es tecnológico, sino institucional. Las cámaras pueden ofrecer más ángulos y las retransmisiones pueden revisar una jugada con precisión, pero ninguna imagen decide por sí sola qué constituye un error claro y manifiesto, cuánto debe tolerarse el contacto o qué nivel de evidencia basta para modificar una decisión de campo. El protocolo del VAR no sustituye el criterio humano: lo organiza. Por eso la calidad del sistema depende tanto de la formación, la comunicación y la consistencia como de la tecnología instalada en el estadio.
La justicia necesita también una explicación
La defensa de Martínez parte de una distinción crucial: estar a favor del VAR no significa aceptar cualquier uso del VAR. La tecnología puede corregir errores graves en goles, penaltis, tarjetas rojas o identidades equivocadas, pero pierde valor cuando convierte cada contacto en una investigación interminable. Si el árbitro de campo queda reducido a esperar la recomendación del video, la autoridad se fragmenta. Si el público no entiende por qué una jugada aparentemente similar recibe una resolución distinta, la herramienta deja de ser percibida como un mecanismo de justicia y empieza a parecer una fuente adicional de arbitrariedad.
El coste más visible es el tiempo. Las revisiones prolongadas alteran la cadencia emocional del partido, afectan a la preparación de los futbolistas y complican la experiencia del espectador en el estadio. Sin embargo, el problema no se mide solo en segundos añadidos. Una pausa modifica el estado psicológico de los equipos: permite ordenar una defensa, enfriar una protesta, aumentar la incertidumbre de un delantero o alterar el vínculo entre la grada y la acción. Cuando el fútbol se detiene por una infracción difícil de interpretar, el precio de la revisión debe justificarse con una mejora clara de la decisión.
Los datos internacionales sobre el uso del video muestran precisamente esa tensión. Desde su implantación progresiva en las principales competiciones, el VAR ha corregido miles de decisiones relevantes y ha reducido errores evidentes en situaciones decisivas. Pero las evaluaciones de IFAB y de las distintas ligas también han reflejado que el beneficio no es uniforme: las jugadas objetivas, como un fuera de juego posicional o una identificación errónea, generan mayor consenso; las acciones interpretables, como manos, cargas y contactos en el área, siguen produciendo controversia. La lección es clara: cuanto más subjetiva es la jugada, mayor debe ser la exigencia de un criterio estable y de una explicación pública.
El entrenador reclama previsibilidad, no inmunidad
Para los técnicos, la consistencia arbitral tiene un valor estratégico. Preparar un partido implica anticipar qué comportamientos serán sancionados, cómo se gestionará el contacto físico y qué margen existe en las disputas aéreas o en la presión sobre el portero. Si ese umbral cambia de un encuentro a otro, el entrenador no solo afronta una incertidumbre deportiva; también debe modificar la conducta de su plantilla y la manera de administrar las protestas. La petición de Martínez, por tanto, no puede reducirse a una defensa corporativa. Reclama un entorno de reglas previsibles para competir.
Eso no significa que los árbitros deban aceptar todas las exigencias de los banquillos. Los entrenadores tienen incentivos para convertir cada revisión en una oportunidad de presión, especialmente cuando el resultado está en juego. La protesta colectiva puede influir en el ambiente del estadio y dificultar la toma de decisiones. Además, el VAR no elimina la responsabilidad del jugador: una entrada temeraria sigue siendo una entrada temeraria aunque el árbitro disponga de una pantalla. El diálogo institucional solo será útil si también obliga a los clubes y a sus cuerpos técnicos a reconocer los límites del reclamo.
Desde la perspectiva arbitral, la reunión ofrece una ventaja concreta: permite explicar las restricciones del protocolo a quienes viven el partido desde el banquillo. Los árbitros no pueden intervenir ante cualquier error ni revisar toda acción dudosa. Deben distinguir entre una decisión discutible y un error claro y manifiesto, un límite que en ocasiones no percibe el espectador porque las retransmisiones repiten la jugada desde numerosos ángulos y a velocidad reducida. El árbitro observa una acción en tiempo real; el público recibe una versión editada y ampliada. Comparar ambas experiencias sin matices alimenta expectativas imposibles.
Dos ascensos y una pregunta sobre las oportunidades
El vínculo de Martínez y López con el Granada añade una dimensión laboral al episodio. Los ascensos de 2019 y 2023 demostraron que ambos fueron capaces de construir equipos competitivos en contextos de presión, pero sus trayectorias posteriores recuerdan que el éxito no garantiza continuidad. El fútbol español suele valorar mucho el resultado inmediato y poco la acumulación de conocimiento. Un entrenador puede alcanzar un objetivo extraordinario y, pocos meses después, quedar fuera del circuito principal si cambian los propietarios, la dirección deportiva o las prioridades presupuestarias.
La situación de los dos técnicos también permite observar la concentración de oportunidades en los banquillos. La Primera División dispone de pocos puestos y una rotación elevada, pero la sustitución no siempre abre la puerta a perfiles nuevos: a menudo favorece a entrenadores con mayor exposición mediática, redes de representación más fuertes o una relación previa con determinados clubes. La Segunda presenta un mercado más amplio, aunque igualmente sometido a ciclos cortos. En ese escenario, la experiencia de ascender no se traduce automáticamente en una oferta estable; puede convertirse incluso en una etiqueta asociada a un proyecto concreto, difícil de trasladar a otro contexto.
El seminario funciona así como una forma de capital profesional. La participación pública, la capacidad de dialogar con otros estamentos y la defensa razonada de una innovación pueden reforzar la reputación de un técnico durante un periodo sin equipo. No sustituye al trabajo diario ni garantiza un contrato, pero mantiene visible su perfil y lo vincula con debates que afectan a toda la industria. El riesgo, por supuesto, es que una intervención sea interpretada como posicionamiento interesado o que una opinión sobre el arbitraje se utilice posteriormente para juzgar su relación con los colegiados.
El conflicto pendiente: transparencia y autoridad
La principal controversia futura no será decidir si el VAR debe continuar, porque esa discusión parece superada en las competiciones de élite. La disputa se concentrará en cuánto debe explicarse y quién debe hacerlo. Las audiencias reclaman conocer el razonamiento de las decisiones; los árbitros temen que una exposición excesiva convierta cada conversación en una nueva fuente de polémica; los organizadores desean preservar la autoridad del colectivo y, al mismo tiempo, responder a una demanda legítima de transparencia.
Una solución razonable pasa por separar la explicación técnica de la discusión partidista. Las competiciones podrían ofrecer después de cada jornada un informe sobre las intervenciones relevantes, con el audio entre el árbitro y la sala VAR cuando el marco reglamentario lo permita, y con una descripción clara del protocolo aplicado. No se trataría de someter a votación cada decisión, sino de mostrar la cadena de razonamiento. En otros deportes, la publicación de comunicaciones arbitrales ha ayudado a comprender mejor las revisiones, aunque no ha eliminado el desacuerdo. La transparencia reduce la sospecha; no puede prometer unanimidad.
También sería conveniente medir el funcionamiento del sistema con indicadores más amplios que el número de aciertos. Deben considerarse el tiempo medio de revisión, la frecuencia de intervenciones por tipo de jugada, la diferencia entre decisiones corregidas y decisiones mantenidas, la percepción de jugadores y entrenadores y la coherencia entre jornadas. Si una liga comunica únicamente que el VAR ha corregido errores, presenta una parte del balance. Si informa también sobre las revisiones innecesarias o sobre los criterios que generan más discrepancias, facilita una mejora real.
El próximo salto será cultural
La evolución del VAR dependerá menos de incorporar nuevas cámaras que de consolidar una cultura común entre árbitros, entrenadores, jugadores, clubes y medios. Los seminarios como el de Las Caldas tienen valor precisamente porque permiten discutir antes de que aparezca el conflicto. Allí pueden revisarse casos concretos, identificar expresiones que provocan malentendidos y establecer líneas de comunicación. La formación debe alcanzar también a las categorías inferiores, donde los recursos son menores y la ausencia de tecnología obliga a reforzar el criterio de campo, no a imitar mecánicamente la lógica de la élite.
Hay, sin embargo, riesgos que no deben ignorarse. Una dependencia excesiva del video puede debilitar la autoridad del árbitro principal y fomentar que jugadores y banquillos reclamen revisión después de cada contacto. Una aplicación demasiado intervencionista puede fragmentar el juego hasta hacer irreconocible su ritmo. En el extremo contrario, una interpretación restrictiva y opaca puede mantener errores graves y alimentar la acusación de que la tecnología solo se utiliza cuando conviene a determinados clubes. La desigualdad de recursos entre competiciones constituye otro problema: cuanto más sofisticado sea el sistema en Primera, mayor será la brecha con Segunda, las categorías no profesionales y el fútbol base.
La posición compartida por Martínez y López ofrece una salida intermedia: defender el VAR sin confundir justicia con intervención permanente. El fútbol español no necesita elegir entre la pantalla y el árbitro, sino definir una relación funcional entre ambos. La imagen debe ayudar a corregir lo decisivo; el árbitro debe conservar la responsabilidad de interpretar y conducir el partido; los clubes deben aceptar que no toda decisión desfavorable es un error; y los organizadores deben explicar los criterios con suficiente claridad para que la confianza no dependa de la camiseta afectada.
El valor del encuentro de Asturias se medirá por lo que ocurra después. Si las conversaciones quedan en una fotografía institucional, su efecto será limitado. Si sirven para traducir inquietudes en protocolos más comprensibles, formación conjunta y datos verificables, pueden contribuir a que el arbitraje deje de ser un enfrentamiento semanal entre sospechas y se convierta en un área de mejora compartida. Mientras tanto, dos entrenadores que conocen el precio de cada decisión desde un banquillo y desde la distancia han puesto sobre la mesa una idea sencilla, pero exigente: la tecnología solo hará más justo el fútbol si también consigue que sus reglas parezcan justas cuando se aplican.
