La empleada del Espanyol que denunció a Álvaro Aguado por agresión sexual durante la fiesta del ascenso en 2024 solicita diez años y medio de prisión para el futbolista, junto con una orden de alejamiento de mil metros durante una década y una indemnización total de 83.000 euros. Esta petición supera ligeramente la de la Fiscalía, que reclamaba nueve años y 65.000 euros, y refleja la gravedad con la que la acusación particular valora tanto el daño moral como las secuelas psicológicas persistentes.
Los hechos ocurrieron el 23 de junio de 2024 en la discoteca Opium de Barcelona. Según el escrito de acusación, Aguado realizó tocamientos no consentidos en la pista de baile y, aprovechando el estado de la víctima tras consumir alcohol, la condujo hasta los baños masculinos donde se produjo la presunta agresión. La denunciante rechazó reiteradamente cualquier contacto y el jugador, tras el incidente, le habría dicho que ninguno de los dos se conocía. La ausencia de grabaciones, provocada por la denuncia tardía, complica la prueba pero no impide que la magistrada considere coherente y creíble el testimonio de la víctima.
La diferencia entre las penas solicitadas por Fiscalía y acusación particular evidencia dos lecturas del mismo relato: una centrada en la responsabilidad penal y otra que añade la dimensión del daño psicológico prolongado. Aguado mantiene su versión de relaciones consentidas y ha pedido que el juicio se celebre cuanto antes. El caso pone de relieve cómo el contexto festivo y el desequilibrio de poder dentro de un club pueden dificultar el reconocimiento inmediato de conductas no consentidas, dejando a la víctima con secuelas que el proceso judicial aún debe resolver.
