La moción presentada por el Partido Popular en la Diputación de Valencia plantea la revisión de la prohibición de actividades náuticas y deportivas en el embalse de Escalona, una decisión adoptada por la Confederación Hidrográfica del Júcar que afecta directamente a una zona con escasa densidad poblacional pero con un potencial turístico consolidado desde 2015. Este embalse, situado en la Canal de Navarrés, ha funcionado como motor económico local al atraer visitantes interesados en el turismo de naturaleza, lo que ha permitido a los municipios de Navarrés y Quesa mantener servicios y empleos vinculados a empresas de ocio acuático.
La continuidad de estas prácticas depende ahora de un análisis técnico que equilibre la seguridad de la infraestructura hidráulica con el desarrollo territorial. La propuesta incluye la creación de una mesa interadministrativa que integre a la Generalitat Valenciana, la Diputación, la mancomunidad y representantes empresariales, un mecanismo que podría servir como precedente para resolver conflictos similares en otros embalses de la cuenca del Júcar.
Desde el punto de vista económico, la reactivación de las actividades deportivas podría consolidar la oferta turística de la comarca, que abarca cerca de 700 kilómetros cuadrados y apenas 16.000 habitantes. Los ingresos derivados del alquiler de embarcaciones, escuelas de vela y competiciones locales han contribuido a estabilizar la población activa, evitando el éxodo que afecta a otras zonas rurales valencianas. Sin embargo, cualquier incremento del uso recreativo exige evaluar el impacto sobre los niveles de agua y la integridad de las compuertas, elementos críticos en periodos de sequía o crecidas repentinas.
Equilibrio entre desarrollo y seguridad hidráulica
La infraestructura del embalse cumple funciones estratégicas de regulación hídrica que van más allá del ocio. Una mayor frecuencia de navegación podría acelerar el desgaste de las instalaciones o dificultar las labores de mantenimiento programadas por la Confederación. Los informes técnicos que justificaron la prohibición no han sido difundidos, lo que genera incertidumbre entre los operadores turísticos sobre los criterios exactos aplicados y sobre la posibilidad de adoptar medidas correctoras como limitaciones de horario o zonas restringidas.
La experiencia de otros embalses españoles muestra que la coexistencia de usos recreativos y de abastecimiento es viable cuando se establecen protocolos claros de monitorización. No obstante, la ausencia de datos públicos sobre el estado actual de las estructuras en Escalona impide valorar si las restricciones responden a riesgos reales o a una interpretación excesivamente cautelosa de la normativa.
Consecuencias para la cohesión territorial
La Canal de Navarrés depende en gran medida de la imagen de destino de interior asociado al agua. La suspensión de las actividades ha provocado ya cancelaciones de reservas y la reducción de contratos temporales en empresas locales. Si la prohibición se mantiene sin alternativas, el efecto sobre el tejido empresarial podría traducirse en cierres y en un incremento de la dependencia de subvenciones públicas para mantener servicios básicos.
Por otro lado, la constitución de la mesa técnica solicitada ofrece una vía para diseñar soluciones intermedias, como la instalación de boyas de señalización o la limitación del número de embarcaciones simultáneas. Estas medidas podrían preservar el atractivo turístico sin comprometer la capacidad de respuesta ante emergencias hidrológicas.
Incertidumbres jurídicas y ambientales
El cambio de criterio de la Confederación Hidrográfica del Júcar ha abierto un debate sobre la transparencia en la gestión de embalses de uso mixto. Las asociaciones de usuarios reclaman acceso a los estudios de impacto ambiental que respaldan la nueva regulación, ya que la falta de información dificulta la elaboración de propuestas técnicas solventes. Una posible revisión judicial de la decisión podría alargar la situación de indefinición durante meses o años, afectando la planificación de la temporada turística.
Desde la perspectiva ambiental, el embalse alberga ecosistemas que requieren protección frente a la contaminación por hidrocarburos o la alteración de hábitats ribereños. Cualquier autorización de actividades deportivas debería incorporar límites de capacidad y sistemas de control de vertidos, aspectos que la mesa interadministrativa podría desarrollar con el concurso de expertos independientes.
Perspectivas de gobernanza compartida
La iniciativa del PP pone de relieve la necesidad de modelos de gestión que integren a múltiples administraciones y actores sociales. La experiencia acumulada en otras cuencas hidrográficas europeas indica que la participación temprana de ayuntamientos y empresas reduce el riesgo de litigios y facilita la aceptación de restricciones cuando estas se justifican con datos objetivos. En el caso de Escalona, la implicación de la Generalitat Valenciana resulta especialmente relevante por sus competencias en turismo y ordenación del territorio.
El resultado final dependerá de la capacidad de las partes para acordar indicadores medibles de riesgo y de la voluntad de la Confederación de hacer públicos los fundamentos de su decisión. Una resolución equilibrada podría servir como referencia para embalses similares donde el uso recreativo compite con funciones de suministro y regulación, mientras que un mantenimiento prolongado de la prohibición sin explicaciones podría erosionar la confianza institucional en la comarca.
