El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha dictado una resolución que obliga al exfutbolista Sergio Araujo a restituir el domicilio familiar a su expareja y a su hija menor. La magistrada María Auxiliadora Díaz Velázquez ha establecido además una orden de alejamiento de 500 metros y ha atribuido la guardia y custodia exclusiva de la niña a la madre. La decisión responde a una denuncia por presuntos delitos de coacciones y ocupación indebida de vivienda en un contexto de violencia de género.
Resolución judicial y medidas adoptadas
La sentencia establece que Araujo debe abandonar cualquier pretensión sobre el inmueble situado en la zona de Mesa y López. La jueza ha ordenado que la hermana del investigado abandone la vivienda este mismo viernes y entregue las llaves. En caso de incumplimiento, se advierte de posibles cargos por desobediencia judicial. El auto también prohíbe cualquier comunicación directa o indirecta con la denunciante y fija la distancia mínima de aproximación en 500 metros. Estas medidas buscan garantizar la seguridad de la víctima y de la menor mientras continúa la investigación penal.
Secuencia de los hechos del 17 de junio
Los acontecimientos que originaron el procedimiento judicial se produjeron el pasado 17 de junio. Según el relato recogido en el auto, Araujo solicitó a su hermana y a una amiga que ocuparan el domicilio familiar y colocaran los enseres de su expareja y de la niña en bolsas de basura. Posteriormente, el exjugador envió un mensaje de WhatsApp a la denunciante en el que indicaba: “En la puerta de la casa de tu madre dejé las cosas”. La víctima y la menor tuvieron que trasladarse a la vivienda de la madre de ella, donde conviven en condiciones de hacinamiento junto a otras cinco personas.
Declaraciones de testigos y confesiones
Las dos mujeres que ejecutaron la ocupación reconocieron ante la autoridad judicial que actuaron por indicación de Araujo. Testigos presenciales confirmaron que la denunciante y la niña residían habitualmente en el edificio y observaron cómo se sacaban bolsas y maletas del inmueble. Estos testimonios resultaron determinantes para la instructora, que valoró la coincidencia entre las versiones y la falta de contradicciones relevantes en los relatos de los declarantes.
Argumentos de la defensa y valoración de la jueza
Durante su declaración, Araujo reconoció que su hija y su expareja habían vivido en el domicilio y que él ordenó a sus allegadas que lo ocuparan. Intentó justificar la acción alegando su deseo de vender la propiedad, aunque reconoció haber ofrecido solo 11.000 euros a la madre de su hija. La magistrada calificó esta cantidad de “irrisoria” en relación con el valor real del inmueble. La letrada del investigado trató de corregir la cifra y situarla en 220.000 euros, pero el auto señala que el piso nunca se ha puesto a la venta desde que se produjo la ocupación. La jueza destaca que Araujo “ha faltado a la verdad o ha puesto excusas muy tontas” y que existe “una voluntad férrea” de desalojar a la denunciante y a la menor sin ningún tipo de pudor.
Consecuencias para la víctima y la menor
La denunciante ha sufrido un empeoramiento de su estado de salud mental derivado del estrés provocado por la pérdida del hogar. La vivienda actual resulta insuficiente para alojar a todos sus ocupantes, por lo que la niña carece de un espacio propio para dormir. La resolución judicial otorga a la madre el uso exclusivo del domicilio familiar y de los enseres que contiene, mientras se tramita el procedimiento penal por coacciones. Esta decisión busca restablecer la situación previa a los hechos y proteger el interés superior de la menor.
Marco legal y significado de la resolución
El auto recuerda que el derecho a desalojar unilateralmente a una expareja y a una hija menor del que fue su hogar durante años no resulta admisible en una sociedad democrática. La atribución de la custodia exclusiva y el uso de la vivienda se inscriben dentro de las medidas cautelares previstas en la legislación contra la violencia de género. El caso pone de relieve la importancia de los procedimientos judiciales rápidos cuando existen indicios de ocupación forzosa y riesgo para la integridad de las víctimas. La investigación continúa abierta y Araujo mantiene la condición de investigado por los delitos de coacciones.
