La Audiencia de Valencia ha condenado a Sergio Blasco, exgerente del Consorcio Hospital General Universitario y sobrino del exconsejero Rafael Blasco, a siete años de prisión y multas superiores a dos millones de euros por amañar contratos sanitarios entre 2005 y 2014. El tribunal acredita que el acusado creó una red de sociedades ficticias para adjudicar irregularmente contratos del hospital y cobrar comisiones ilícitas por 1.022.628 euros.
La sentencia, que puede recurrirse ante el Supremo, también impone penas de entre 16 meses y tres años y dos meses a otros cinco acusados por prevaricación, cohecho, blanqueo y falsedad documental. Se aplica la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, lo que reduce las condenas pese a la gravedad de los hechos.
Patrón persistente de corrupción valenciana
Este fallo se suma a una larga serie de sentencias sobre corrupción con sello valenciano. La absolución previa de Marcos Benavent en otra pieza del caso Taula y las condenas ahora dictadas evidencian que los tribunales siguen depurando responsabilidades de una época en la que el control de los contratos públicos era especialmente laxo. La creación de un entramado de quince mercantiles para desviar fondos y pagar gastos personales —incluidos coches, viajes y abonos VIP— revela un uso sistemático de estructuras opacas que no se limitaron al enriquecimiento individual, sino que afectaron la contratación de servicios sanitarios esenciales.
Límites probatorios y absoluciones parciales
El tribunal absolvió a Sergio Blasco de malversación al no acreditarse daño patrimonial efectivo para la Administración y eximió a cinco acusados más por falta de pruebas de su participación consciente. Esta distinción técnica subraya la dificultad de demostrar la connivencia en tramas prolongadas en el tiempo y refuerza la importancia de contar con indicios sólidos más allá de la mera relación familiar o societaria. La sentencia también deja claro que la reparación parcial del daño y la confesión tardía de dos acusados permitieron rebajar sus penas, un mecanismo que equilibra rigor punitivo con incentivos procesales.
El decomiso de 1.028.361 euros y la inhabilitación de 19 años para cargo público impuesta al principal condenado marcan el alcance real de la respuesta judicial: no solo privación de libertad, sino también recuperación de activos y exclusión del sector público durante dos décadas. Este caso confirma que, aunque los hechos sean antiguos, la justicia sigue cerrando capítulos de una etapa marcada por la opacidad en la gestión sanitaria valenciana.
