El pasado 20 de julio, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, anunció que su formación presentará denuncias contra los agresores de un grupo de aficionados, supuestamente militares, que seguían la final del Mundial en un bar de Berriozar, Navarra, y contra quienes intentaron boicotear una pantalla gigante instalada en el Parque de Doña Casilda de Bilbao. Los hechos, ocurridos durante la celebración del título español, fueron calificados por Fúster como actos de violencia, odio e intimidación, en un contexto donde la banda terrorista ETA, aunque disuelta, sigue dejando rastros en las instituciones a través de su rama política EH Bildu.
La persistencia de redes radicales tras la disolución de ETA
El anuncio de Vox no se limita a una respuesta inmediata a dos incidentes aislados. Apunta a una realidad estructural: la existencia de entornos que toleran o fomentan la intimidación contra símbolos nacionales, especialmente cuando estos son exhibidos por miembros de las Fuerzas Armadas. Fúster vinculó directamente estos episodios con la presencia de exmiembros de ETA en las cárceles sin arrepentimiento y con la incorporación de EH Bildu a las instituciones gracias al apoyo parlamentario del Gobierno de Pedro Sánchez. Esta conexión no es nueva, pero adquiere mayor relevancia cuando se produce en el mismo fin de semana en que la selección española lograba el título mundial.
Los datos disponibles sobre la reincidencia de presos de ETA muestran que una parte significativa de ellos ha rechazado la vía del arrepentimiento público. Según informes del Ministerio del Interior de años anteriores, al menos 40 exetarras condenados por delitos de sangre continuaban defendiendo la legitimidad de sus acciones tras su puesta en libertad. Esta actitud, lejos de ser marginal, encuentra eco en determinados entornos municipales y autonómicos del País Vasco y Navarra, donde actos de homenaje o tolerancia a la violencia siguen produciéndose de forma recurrente.
El fútbol como catalizador de unidad frente a la fractura política
La selección española fue descrita por Fúster como un ejemplo de equipo cohesionado, disciplinado y generoso, en contraste con la gestión de Sánchez, a quien acusó de no saber proteger fronteras, empleos ni soberanía energética. Esta comparación no es meramente retórica. Durante las últimas dos décadas, los éxitos de la selección han funcionado como uno de los pocos momentos en los que amplios sectores de la sociedad española han compartido un mismo símbolo sin mediación partidista. Sin embargo, los incidentes de Berriozar y Bilbao revelan que esa cohesión temporal no elimina las tensiones territoriales ni la hostilidad hacia quienes representan al Estado.
Estudios sociológicos realizados tras la Eurocopa de 2008 y el Mundial de 2010 mostraron un descenso temporal en la identificación con opciones independentistas en Cataluña y el País Vasco. No obstante, esa reducción fue reversible y no alteró las estructuras de poder local que permiten la supervivencia de entornos radicales. La victoria de 2026, por tanto, podría repetirse como fenómeno efímero si no se abordan las condiciones que permiten la intimidación contra aficionados que simplemente exhiben la bandera nacional.
Posiciones enfrentadas de los principales actores
Desde la perspectiva de Vox, los hechos exigen responsabilidades políticas a quienes han financiado o blanqueado a los radicales durante años. El partido no nombra directamente al PSOE, pero la alusión a Pedro Sánchez y a la rama política de ETA deja clara la dirección de la crítica. Para los afectados, en su mayoría vinculados a las Fuerzas Armadas, el mensaje es que portar la bandera puede seguir generando miedo en determinadas zonas, lo que cuestiona el alcance real de la pacificación.
EH Bildu, por su parte, ha mantenido una distancia formal de la violencia callejera, aunque su presencia institucional sigue siendo interpretada por Vox como una forma de legitimación indirecta. Los gobiernos autonómicos de Navarra y País Vasco, en manos de coaliciones que incluyen a formaciones nacionalistas, no han emitido hasta ahora condenas específicas de estos incidentes, lo que refuerza la percepción de que existe una zona gris en la gestión de la memoria y la convivencia. Por otro lado, el Ejecutivo central ha optado por no vincular los hechos con la política de pactos parlamentarios, centrando su discurso en la celebración deportiva.
Riesgos de normalización y escenarios futuros
Uno de los riesgos identificables es que estos episodios se conviertan en un patrón recurrente cada vez que se produzca una celebración nacional de amplio alcance. Si la exhibición de la bandera genera respuesta violenta o intentos de boicot en espacios públicos, la normalización de la intimidación podría extenderse más allá de los entornos tradicionalmente conflictivos. Los datos de incidentes registrados por la Guardia Civil en los últimos cinco años muestran un aumento de agresiones contra símbolos constitucionales en contextos festivos, aunque la cifra absoluta sigue siendo reducida.
Una segunda línea de riesgo reside en la erosión de la confianza de las Fuerzas Armadas en la protección institucional. Los aficionados agredidos eran supuestamente militares, lo que añade una dimensión corporativa al conflicto. Si los miembros de las Fuerzas de Seguridad perciben que su identidad nacional puede ser objeto de hostilidad sin consecuencias claras, podría producirse un repliegue en la participación pública de este colectivo, con efectos indirectos sobre el reclutamiento y la moral interna.
En términos de evolución política, la estrategia de Vox de vincular estos hechos con la supervivencia de ETA y con los pactos de Sánchez podría consolidarse como un eje recurrente de su discurso. Al mismo tiempo, la falta de condenas explícitas por parte de otros actores podría ampliar la brecha entre quienes ven en el fútbol un espacio de reconciliación y quienes lo interpretan como un terreno de confrontación simbólica. El resultado probable es que los próximos éxitos deportivos de la selección española se produzcan en un clima de mayor polarización territorial que el observado en 2010.
