La finalización de las obras del patinódromo Los Guanes de San Gil el 19 de marzo pasado marcó un hito técnico para una de las infraestructuras deportivas más modernas del país, con una pista reglamentaria de 400 metros y capacidad para eventos nacionales e internacionales. Sin embargo, la falta de las certificaciones RETIE y RETILAP ha impedido la conexión eléctrica definitiva y la liquidación contractual, dejando la inversión de 13.744 millones de pesos en un limbo administrativo que revela tensiones estructurales entre la ejecución de proyectos públicos y la evolución de las normas técnicas.
El peso de la norma que llegó tarde
El retraso no responde a deficiencias constructivas sino a un cambio en la reglamentación de instalaciones eléctricas que entró en vigor después de que el contratista obtuviera la aprobación inicial. La Electrificadora de Santander exigió la adecuación a los nuevos lineamientos antes de autorizar la conexión, obligando a mesas de trabajo entre interventoría, constructor y empresa de energía para encontrar soporte jurídico que permita evaluar la obra bajo la normativa vigente al momento de la aprobación original. Este episodio ilustra cómo las actualizaciones regulatorias, aunque necesarias para elevar estándares de seguridad, pueden generar cuellos de botella cuando no contemplan mecanismos de transición para obras ya en ejecución.
El proyecto, gestionado inicialmente por 8.500 millones ante el entonces Ministerio del Deporte y elevado posteriormente por obras de mitigación, demuestra que los sobrecostos no siempre derivan de mala planificación sino de ajustes técnicos exigidos por el entorno normativo cambiante. La radicación reciente de la documentación ante ESSA abre la puerta a la conexión eléctrica y a la liquidación del contrato, pero el tiempo transcurrido evidencia la fragilidad de los cronogramas públicos frente a modificaciones regulatorias imprevistas.
Consecuencias para el ecosistema del patinaje santandereano
Los clubes locales enfrentan una situación paradójica: disponen de una pista moderna para entrenamientos hasta las seis de la tarde, pero carecen de la entrega oficial que permita programar competencias o garantizar mantenimiento estructural a largo plazo. El antiguo patinódromo El Jovito, deteriorado por el uso irregular de motociclistas y con daños en pavimento y sistemas de drenaje, representa un riesgo tangible para cientos de deportistas infantiles y juveniles que entrenan allí desde hace años. La habilitación temporal del nuevo escenario mitiga parcialmente este problema, pero deja en suspenso la posibilidad de que el Comité Municipal de Patinaje asuma su administración mediante comodato, una figura que podría profesionalizar el cuidado de la infraestructura.
Perspectivas enfrentadas entre actores clave
Desde la Secretaría de Control Urbano e Infraestructura se enfatiza que la obra está lista y que solo resta formalizar certificaciones para ponerla en funcionamiento. El contratista, por su parte, cumplió con los diseños aprobados originalmente y ahora enfrenta costos adicionales por ajustes documentales. Los representantes de los clubes destacan el beneficio inmediato de acceder a la pista nueva, pero advierten que el deterioro del escenario antiguo podría provocar accidentes antes de que se concrete la entrega definitiva. La empresa de energía, mientras tanto, aplica criterios de seguridad actualizados que protegen la red pero ralentizan procesos ya avanzados. Estas posiciones, aunque legítimas, revelan la ausencia de protocolos claros de coordinación interinstitucional cuando cambian las reglas del juego a mitad de camino.
Riesgos latentes y escenarios futuros
La prolongación del trámite podría derivar en desgaste de componentes eléctricos por falta de uso continuo, elevando costos de mantenimiento una vez se autorice la conexión. Además, la confianza de los deportistas en las instituciones se erosiona cuando una infraestructura prometida permanece inaccesible por razones burocráticas. En el mediano plazo, este caso podría impulsar reformas que exijan evaluaciones de impacto normativo antes de modificar reglamentaciones técnicas aplicables a proyectos públicos en curso. También abre la puerta a modelos híbridos de gestión donde el sector privado o los comités deportivos asuman responsabilidades operativas bajo supervisión municipal, reduciendo la dependencia de trámites centralizados.
La experiencia de San Gil sugiere que los proyectos deportivos de alta inversión requieren no solo recursos financieros sino también circuitos ágiles de validación técnica que anticipen cambios regulatorios. Sin esos mecanismos, el país seguirá inaugurando escenarios modernos que tardan meses o años en ponerse realmente al servicio de la comunidad.
