La demanda de Unión del Pueblo Leonés para dotar al CEIP Benito León de Santa María del Páramo con un pabellón deportivo cubierto ha regresado a la agenda política autonómica en julio de 2026. Esta reivindicación, que se remonta a finales de 2022, ha atravesado dos legislaturas sin que la Junta de Castilla y León haya ejecutado ninguna actuación concreta. La formación leonesista ha registrado dos proposiciones no de ley y una enmienda presupuestaria que preveía 220.000 euros, todas ellas caducadas sin debate efectivo en comisión.
De la enmienda presupuestaria a las PNL caducadas
El primer intento formal se produjo en noviembre de 2022 mediante una enmienda a los presupuestos autonómicos. UPL argumentaba entonces que las condiciones climatológicas de la comarca durante otoño e invierno impedían el uso de las pistas exteriores durante meses. La propuesta no prosperó. En marzo de 2023 se presentó la primera PNL ante la Comisión de Educación, que quedó pendiente cuando se disolvieron las Cortes. Una segunda iniciativa, casi idéntica, se registró en febrero de 2025 y sufrió el mismo destino al finalizar la legislatura anterior.
La procuradora Alicia Gallego, también alcaldesa del municipio, ha señalado que ambas iniciativas fueron “olvidadas de forma sistemática” durante la presidencia del PP en la comisión. Ahora, con el nombramiento de María Pardo como consejera de Educación, UPL confía en que las declaraciones de la nueva responsable se traduzcan en trámites efectivos durante 2026.

La brecha de infraestructuras entre entornos urbanos y rurales
El caso del CEIP Benito León ilustra una desigualdad estructural persistente en el sistema educativo de Castilla y León. Mientras los centros de las capitales provinciales suelen contar con instalaciones deportivas cubiertas desde hace décadas, numerosos colegios de municipios medianos y pequeños siguen dependiendo exclusivamente de espacios al aire libre. Esta diferencia no es solo cuantitativa; afecta directamente al cumplimiento de los objetivos curriculares de educación física, que requieren un mínimo de horas lectivas anuales independientemente de la meteorología.
Estudios del propio Ministerio de Educación han documentado que las regiones con mayor dispersión poblacional presentan índices más altos de cancelación de clases de educación física por causas climáticas. En la comarca de Santa María del Páramo, donde las temperaturas medias invernales descienden con frecuencia por debajo de cero y las precipitaciones se concentran en otoño, esa limitación se traduce en una reducción efectiva del tiempo de actividad física obligatoria.
Perspectivas contrapuestas entre administración autonómica y representantes locales
Desde el punto de vista de la Junta, la priorización de inversiones se ha justificado históricamente por criterios de ratio de alumnos y urgencia de obras de mantenimiento estructural. Sin embargo, UPL sostiene que este enfoque ignora el principio de igualdad de oportunidades territoriales recogido en el Estatuto de Autonomía. La nueva consejera María Pardo ha expresado en su comparecencia del 20 de julio voluntad de revisar el plan de infraestructuras educativas, aunque sin comprometer plazos ni cuantías concretas para este centro.
El contraste resulta especialmente visible cuando se compara con otros proyectos aprobados en la misma legislatura anterior en municipios de similar tamaño pero con mayor representación parlamentaria del partido mayoritario. Esta percepción de trato desigual alimenta el discurso de UPL sobre la necesidad de mecanismos de compensación territorial que no dependan exclusivamente del color político del gobierno autonómico.
Impacto en el desarrollo psicomotor y la salud del alumnado
La ausencia de un espacio cubierto no solo reduce horas lectivas. Diversos trabajos de investigación en pediatría y educación física han demostrado que la irregularidad en la práctica deportiva durante la infancia incrementa el riesgo de sedentarismo posterior y afecta al desarrollo de competencias motoras básicas. En centros sin pabellón propio, los alumnos suelen alternar periodos de inactividad prolongados con intentos de recuperación en los meses de mejor tiempo, lo que genera un patrón fragmentado poco recomendable desde el punto de vista pedagógico.
Además, la falta de instalaciones condiciona la posibilidad de organizar actividades complementarias o competiciones internas, limitando la socialización entre iguales fuera del horario estrictamente académico. En un municipio como Santa María del Páramo, donde las opciones de ocio deportivo extraescolar son limitadas, esta carencia se percibe como un factor que reduce la calidad de vida infantil y familiar.
Riesgos de una nueva legislatura sin ejecución presupuestaria
El principal riesgo radica en que la reivindicación vuelva a diluirse entre prioridades más visibles para el electorado urbano. Aunque la nueva titular de Educación ha mostrado disposición inicial, los presupuestos autonómicos de 2026 ya están en fase avanzada de elaboración y no contemplan, según las informaciones disponibles, una partida específica para este pabellón. Si no se produce una reserva de crédito antes del cierre del ejercicio, la oportunidad de iniciar trámites en 2026 podría perderse nuevamente.
Otro factor a considerar es la posible escalada de costes de construcción. Los precios de materiales y mano de obra han registrado incrementos superiores al 25 % desde la primera estimación de 220.000 euros realizada en 2022. Una demora adicional podría requerir una revisión al alza de la inversión necesaria, complicando aún más su aprobación en un contexto de contención del gasto público.
Escenarios plausibles para los próximos dos años
Existen tres caminos probables. El primero, y más optimista, consiste en que la Consejería incluya el proyecto dentro del plan plurianual de infraestructuras y reserve financiación en los presupuestos de 2027, permitiendo licitar las obras durante el primer semestre de ese año. El segundo escenario contempla una solución intermedia: la cesión temporal de instalaciones deportivas municipales o de otros centros cercanos, aunque esta opción presenta limitaciones logísticas y de capacidad. El tercero, más probable si no hay presión sostenida, es que la demanda quede nuevamente archivada hasta la siguiente legislatura.
La experiencia de otras comarcas leonesas que lograron finalmente sus pabellones muestra que la combinación de presión parlamentaria constante y respaldo municipal suele ser determinante. En el caso de Santa María del Páramo, la doble condición de Alicia Gallego como procuradora y alcaldesa ofrece una ventaja de coordinación que no siempre existe en otros municipios.
El seguimiento de esta reivindicación durante los próximos meses permitirá comprobar si el cambio de titular en la Consejería de Educación representa un punto de inflexión real o simplemente una nueva pausa en un expediente que ya acumula cuatro años de tramitación sin resolución.
