Tras la conclusión del Mundial de Norteamérica 2026, donde España se coronó campeona, Gianni Infantino presentó una iniciativa que busca reestructurar la administración de los torneos de la FIFA mediante la incorporación de capital privado. La propuesta, denominada FFE o FIFA Forward Enterprise, apunta a convertir competencias como la Copa del Mundo en entidades con participación de inversores externos, lo que generó reacciones inmediatas en varias confederaciones. La UEFA y la Concacaf expresaron oposición directa, mientras que la AFC se sumó con reservas similares. En este contexto, la Conmebol emitió un comunicado titulado “Primero está el fútbol”, que evita una postura explícita pero establece principios claros sobre la primacía de los valores deportivos frente a decisiones financieras.
El trasfondo de esta iniciativa se remonta a la expansión del formato del Mundial impulsada desde Sudamérica. Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, impulsó la idea de llevar el torneo de 2030 a 64 selecciones, una medida que Infantino adoptó con rapidez. Esa misma región, históricamente defensora de un fútbol con raíces culturales fuertes, ahora enfrenta una propuesta que podría alterar el equilibrio entre el aspecto comercial y la esencia competitiva del deporte. La reacción de la Conmebol llega después de que otras confederaciones ya hubieran señalado riesgos de fragmentación institucional.
Raíces históricas del modelo de gobernanza de la FIFA
Desde la llegada de Infantino a la presidencia en 2016, la FIFA ha priorizado el crecimiento del número de participantes en sus torneos principales. El Mundial de 2026 con 48 equipos ya marcó un punto de inflexión en la distribución de ingresos y en la logística organizativa. La nueva propuesta de privatización busca acelerar ese proceso al transferir parte de la gestión a estructuras empresariales externas, con el argumento de maximizar recursos para el desarrollo global del fútbol. Sin embargo, confederaciones europeas y asiáticas han recordado que mecanismos similares en otras organizaciones deportivas terminaron concentrando poder en manos de pocos accionistas, reduciendo la influencia de las asociaciones nacionales.
El caso de la Superliga europea, aunque fallido en su intento inicial, ilustra cómo la entrada de capital privado puede generar divisiones entre clubes grandes y medianos. En el ámbito de selecciones, el riesgo es distinto pero comparable: un Mundial administrado con criterios de rentabilidad podría priorizar mercados con mayor poder adquisitivo, desplazando a regiones con menor capacidad económica pero con tradición futbolística profunda como Sudamérica o África. La Conmebol, al solicitar aclaraciones sobre gobernanza y efectos del proyecto FFE, reconoce implícitamente que cualquier cambio estructural debe evaluarse con datos concretos sobre reparto de ingresos y control de decisiones.
Repercusiones en el equilibrio entre confederaciones
La cautela mostrada por la Conmebol contrasta con la oposición frontal de la UEFA, que llegó a mencionar la posibilidad de un boicot. Esta diferencia de tono refleja realidades regionales distintas. Mientras Europa cuenta con ligas domésticas que generan ingresos millonarios independientes de la FIFA, Sudamérica depende en mayor medida de los recursos que distribuye el organismo rector para financiar sus competiciones y selecciones. El comunicado de la Conmebol menciona un proceso consultivo con sus diez asociaciones miembro, lo que indica que el debate interno aún no ha concluido y que la posición final podría variar según las aclaraciones que reciba de Zúrich.
Si el proyecto FFE avanza sin ajustes, es probable que se profundicen tensiones ya existentes entre las confederaciones. La ampliación a 64 equipos en 2030, originalmente sugerida desde Paraguay, podría convertirse en un punto de fricción si los criterios de clasificación o los premios económicos se definen bajo lógica privada. Países con menor peso político dentro de la FIFA podrían ver reducida su participación efectiva, mientras que inversores buscarían maximizar audiencias en mercados asiáticos y norteamericanos. La Conmebol, al enfatizar que el fútbol debe estar siempre por encima de intereses comerciales, deja abierta la puerta a futuras negociaciones que preserven cierta autonomía regional.
Efectos a largo plazo sobre el desarrollo del fútbol sudamericano
El impacto más duradero de esta discusión podría manifestarse en la forma en que las federaciones sudamericanas planifican sus calendarios y sus inversiones en infraestructura. Históricamente, la Conmebol ha utilizado los recursos de la Copa Libertadores y de las eliminatorias mundialistas para sostener programas de base en países como Bolivia, Venezuela o Perú. Una estructura privatizada podría alterar los flujos de dinero, obligando a las asociaciones a buscar patrocinios locales o a depender de decisiones tomadas en juntas de accionistas ajenas al continente.
Además, la relación entre Infantino y Domínguez, consolidada durante la negociación de la sede del Mundial 2030, enfrenta ahora una prueba de equilibrio. Si la Conmebol decide apoyar la propuesta tras recibir las aclaraciones solicitadas, Sudamérica podría obtener ventajas económicas a corto plazo, pero a costa de ceder influencia en la definición de formatos y calendarios. En cambio, una postura más crítica podría reforzar alianzas con otras confederaciones reticentes, aunque también arriesgaría el acceso a fondos para el desarrollo que la FIFA ha canalizado hacia la región en los últimos años. El comunicado final de la Conmebol, al llamar a la unidad de la familia del fútbol, sugiere que la confederación busca evitar una fractura abierta mientras mantiene margen de maniobra para futuras decisiones.
La evolución de este debate dependerá de la información adicional que la FIFA entregue sobre el alcance del proyecto FFE. Mientras tanto, el fútbol sudamericano observa cómo una iniciativa nacida en Zúrich redefine las reglas del juego que durante décadas se negociaron entre asociaciones con voz igualitaria dentro de cada confederación.
