La resolución de la Comisión de Elecciones de la Federación Deportiva Nacional de Tenis de Chile anuló la proclamación de Milovan Kegevic como presidente y de Valentina Marín como integrante del directorio. El dictamen del 16 de julio de 2026 declaró que ambos incumplen los requisitos de idoneidad, legalidad y probidad establecidos en el artículo 40 F de la Ley 19.712 y en los estatutos federativos. Esta decisión suspendió de inmediato los efectos de la elección realizada el 6 de junio y dejó vacantes los cargos de presidente y secretaria general.
El organismo reconoció además que el directorio ya no puede funcionar porque solo quedan dos directores hábiles, por debajo del quórum mínimo de cinco exigido por la ley. Las vacantes se suman a la inhabilitación previa de María Lorena Escobar López y a las renuncias de Iván Navarro Flores, Eugenia Fernández Ibarra, Cristóbal O’Ryan Kantor y Francisco Puelma Dunner. Las asociaciones afiliadas quedan ahora autorizadas para activar mecanismos de autoconvocatoria según el artículo décimo octavo de los estatutos.
La intervención del Instituto Nacional del Deporte el 7 de julio aceleró el desenlace. Un oficio del jefe del Departamento de Fiscalización y Control de Organizaciones Deportivas advirtió sobre posibles incumplimientos normativos y ordenó la entrega de registros de socios, documentos de afiliación internacional y antecedentes sobre las asociaciones participantes. La denuncia principal apuntaba a la existencia de clubes de papel, entre ellos el Club Los Aromos de la Asociación de Tenis de Valparaíso, que carecían de infraestructura real y actividad federativa efectiva.
Clubes de papel y legitimidad del voto
El primer ancla del conflicto radica en la composición del padrón electoral. Varias asociaciones mantuvieron el derecho a voto pese a no contar con canchas ni implementos deportivos. Esta práctica permitió que dirigentes como Kegevic obtuvieran respaldo artificial en la asamblea. La Comisión de Elecciones concluyó que esa estructura vulnera el principio de representatividad real exigido por la ley, lo que invalida no solo la elección presidencial sino cualquier decisión que dependa de ese censo.
La segunda ancla aparece en la verificación de títulos universitarios de Kegevic y Marín. Las dudas sobre la autenticidad de esos documentos llevaron a la inhabilidad definitiva. Aunque la investigación del IND aún no ha publicado un informe final, la Comisión de Elecciones consideró suficiente la falta de acreditación para aplicar la sanción inmediata. Este precedente obliga a otras federaciones a revisar sus propios procesos de postulación antes de que surjan impugnaciones similares.
Reacciones de jugadores y clubes regionales
Dirigentes de asociaciones del norte y sur del país han manifestado que la crisis actual podría paralizar torneos nacionales y clasificatorios durante meses. Jugadores juveniles dependen de estos eventos para acumular puntos ranking y acceder a becas del programa de alto rendimiento. Sin directorio en funciones, los calendarios aprobados en junio quedan en suspenso y los recursos presupuestarios asignados por el IND no pueden ejecutarse.
Por otro lado, algunos clubes metropolitanos que respaldaron la lista ganadora argumentan que la resolución excede las facultades de la Comisión de Elecciones. Consideran que las inhabilidades deben resolverse en sede judicial y no mediante un dictamen administrativo. Esta postura revela una tensión entre quienes priorizan la rapidez de la fiscalización y quienes exigen garantías procesales más amplias.
Exposición de fallas estructurales
Una de las conclusiones más relevantes es que el sistema de fiscalización interna de las federaciones deportivas nacionales muestra grietas graves. La Ley 19.712 entrega autonomía a estas entidades, pero la intervención del IND solo se activa cuando existen denuncias formales. En el caso del tenis, la renuncia masiva de directores y la existencia de clubes sin actividad real permanecieron ocultas hasta después de la elección. Este retraso sugiere que los mecanismos de control preventivo son insuficientes.
Otro hallazgo apunta a la debilidad de los requisitos de idoneidad. Aunque la norma exige probidad, no establece un procedimiento claro para verificar antecedentes penales o académicos antes de la proclamación. La inhabilitación de Kegevic y Marín ocurrió más de un mes después de la votación, periodo durante el cual el organismo quedó sin autoridad legítima para representar al país ante la Federación Internacional de Tenis.
Riesgos para la gobernanza futura
La autoconvocatoria de las asociaciones abre un camino para elegir nuevas autoridades, pero también introduce riesgos de fragmentación. Si los clubes de papel logran mantener su estatus de afiliados, podrían repetir el mismo padrón electoral que generó la crisis. Las federaciones que atraviesan procesos similares en otros deportes, como el rugby o el hockey, observan con atención cómo se resuelve este caso para anticipar posibles intervenciones del IND.
Además, la falta de un directorio operativo impide la firma de convenios con patrocinadores y la gestión de fondos públicos destinados a infraestructura. Clubes regionales que dependen de estos recursos enfrentan la posibilidad de perder torneos internacionales programados para el segundo semestre. La prolongación de la vacancia podría derivar en sanciones de la Federación Internacional por incumplimiento de obligaciones estatutarias.
El episodio deja en evidencia que la transparencia en la afiliación y la verificación previa de candidatos son condiciones indispensables para la legitimidad de cualquier federación deportiva. Las asociaciones chilenas tienen ahora la responsabilidad de diseñar un nuevo proceso electoral que corrija estas deficiencias antes de que la crisis se extienda a otras disciplinas.
