La ofensiva de Luis Figo contra Gianni Infantino eleva a una nueva dimensión la crisis abierta en la FIFA. El exfutbolista portugués no se ha limitado a cuestionar una decisión concreta: ha reclamado públicamente la dimisión del presidente del organismo y ha descrito su actuación reciente como la más «baja, deshonesta, cobarde e interesada» que recuerda en el fútbol. Sus palabras, publicadas en una columna del Daily Mail y reiteradas después en redes sociales, convierten una controversia comercial en una disputa sobre legitimidad, transparencia y el destino de uno de los mayores activos del deporte mundial.
El detonante es la propuesta de vender participaciones de la Copa del Mundo a entidades privadas. El proyecto provocó una reacción negativa suficientemente intensa como para que Infantino tuviera que retractarse. Esa marcha atrás no ha cerrado el debate. Al contrario, ha dejado abiertas preguntas esenciales: quién impulsó la iniciativa, qué condiciones tenía, qué beneficios podía generar, quién habría controlado los derechos vendidos y por qué el plan llegó al debate público sin una explicación completa de sus consecuencias.
Figo sostiene que la operación habría reportado al presidente de la FIFA unos 30 millones de dólares anuales, una afirmación que forma parte de su denuncia y que no aparece acompañada, en la información disponible, de una documentación pública independiente. También acusa a Infantino de ocultar que una participación en el patrimonio mundialista se perdería para siempre una vez vendida. La diferencia entre una acusación política y un hecho probado resulta determinante, pero incluso como controversia, el episodio revela la fragilidad de los mecanismos de control sobre los activos económicos del fútbol.
De la crisis institucional a la disputa por el patrimonio
La FIFA arrastra desde hace más de una década una relación difícil con la transparencia. La gran crisis de 2015, que desembocó en detenciones, investigaciones y condenas por corrupción vinculadas a dirigentes y empresarios del fútbol, obligó a la organización a prometer una nueva etapa de controles. La elección de Infantino en 2016 se presentó como una oportunidad para reconstruir la confianza y modernizar el gobierno del organismo. Desde entonces, la FIFA ha ampliado ingresos, multiplicado acuerdos comerciales y reforzado su presencia política, pero la discusión sobre la concentración de poder no ha desaparecido.
Infantino ha defendido una visión expansiva del negocio. Durante su mandato se aprobó la ampliación del Mundial masculino a 48 selecciones, se impulsó un Mundial de Clubes con más participantes y se intensificó la búsqueda de mercados, inversores y socios estratégicos. La lógica es clara: aumentar el número de partidos y territorios involucrados eleva el valor audiovisual, comercial y político de las competiciones. El riesgo aparece cuando la expansión se apoya en decisiones poco explicadas o cuando la urgencia por monetizar el crecimiento parece adelantarse a los controles institucionales.
La Copa del Mundo no es únicamente un torneo organizado cada cuatro años. Es una marca global, una plataforma de derechos audiovisuales y patrocinio, un instrumento de influencia diplomática y una fuente de financiación para federaciones de todos los continentes. Una eventual venta de participaciones no equivaldría, por tanto, a ceder una simple propiedad comercial. Podría comprometer ingresos futuros, capacidad de decisión y parte de la autonomía de las próximas administraciones. Esa es la razón por la que Figo habla de un patrimonio que sería sustraído a las futuras generaciones.
La dimensión temporal del problema merece especial atención. Una administración elegida por un periodo limitado puede obtener beneficios inmediatos de una operación cuyos costes o restricciones recaerían sobre quienes la sucedan. En empresas privadas, ese conflicto se regula mediante consejos de administración, accionistas y obligaciones fiduciarias. En una institución deportiva internacional, donde las federaciones miembros ejercen un papel político y los aficionados no tienen representación directa, la rendición de cuentas es más compleja. Por eso cualquier venta de derechos estructurales exigiría una justificación pública, auditorías independientes y una autorización claramente definida.
La acusación de Figo y el coste de la retractación
Figo, que en 2015 llegó a ser candidato a la presidencia de la FIFA, conoce desde dentro las tensiones del organismo. Su crítica actual tiene también una carga política: cuestiona a quien ganó aquella elección y denuncia que el cargo que Infantino prometió dignificar ha quedado desacreditado. Esa condición convierte sus declaraciones en algo más que la protesta de una figura histórica del fútbol. Son una intervención de un antiguo candidato presidencial que reclama una ruptura con la actual dirección.
El lenguaje empleado es excepcionalmente severo. Al afirmar que Infantino «ha mentido», «ha engañado» y ha intentado enriquecerse a costa del deporte, Figo plantea acusaciones que, si fueran asumidas formalmente, requerirían una investigación y no solo una respuesta política. El presidente de la FIFA podría desmentirlas, aportar documentación y explicar el proceso de elaboración de la propuesta. Si la organización optara únicamente por descalificar al crítico, dejaría sin resolver el asunto central: qué salvaguardas existían y quién autorizó la iniciativa.
La retractación tampoco elimina las consecuencias institucionales. Cuando un proyecto de gran alcance es presentado y retirado tras una fuerte oposición, se producen dos efectos simultáneos. El primero es práctico: la FIFA pierde tiempo, credibilidad y capacidad de negociación ante posibles socios. El segundo es informativo: las federaciones y los patrocinadores perciben que la dirección puede explorar operaciones estructurales antes de construir un consenso suficiente. En asuntos que afectan a la Copa del Mundo, la sorpresa de los miembros puede ser tan dañina como el contenido concreto de la propuesta.
Figo enlaza esta controversia con las críticas del príncipe Ali bin Al Hussein, presidente de la Federación Jordana, quien llegó a describir como una «mafia» la conducta de la máxima dirección de la FIFA. No todas las denuncias tienen el mismo valor probatorio ni deben confundirse en una sola acusación, pero su acumulación produce una señal política. Cuando antiguos candidatos, dirigentes nacionales y sectores del fútbol expresan desconfianza desde posiciones distintas, la FIFA enfrenta un problema de legitimidad que no se resuelve mediante una retirada puntual.
Quién decide sobre el dinero del Mundial
El punto decisivo será determinar si el episodio abre una investigación formal y con qué alcance. Una revisión creíble tendría que examinar los documentos de la propuesta, las previsiones financieras, los potenciales compradores, los intermediarios y las reglas de conflicto de intereses. También debería aclarar si existieron conversaciones sobre empleos posteriores para dirigentes o asesores. Figo afirma que, después de favorecer a «amigos de Washington», Infantino podría recibir un puesto con un salario cinco veces superior; esa imputación necesita pruebas concretas, pero plantea una cuestión universal de gobernanza: la puerta giratoria entre el poder deportivo y los intereses privados.
La transparencia no consiste solo en publicar el resultado final de una negociación. Incluye informar de quién la impulsa, qué alternativas se consideraron, qué riesgos se identificaron y qué personas se beneficiarían directa o indirectamente. En el caso de una competición financiada por derechos colectivos, la obligación es aún mayor. Las federaciones pequeñas dependen de los programas de distribución de la FIFA y pueden sentirse incapaces de oponerse a la cúpula, incluso cuando una decisión compromete ingresos futuros. La existencia de una mayoría formal no garantiza por sí sola un consentimiento libre e informado.
Los patrocinadores también tienen incentivos para exigir claridad. Las grandes marcas asocian su imagen con valores como integridad, inclusión y confianza. Un escándalo de gobierno corporativo puede no cancelar automáticamente los contratos, pero sí elevar el coste reputacional de permanecer vinculadas a la organización. Las cadenas de televisión, por su parte, necesitan estabilidad sobre la propiedad y la explotación de los derechos que compran. Cualquier incertidumbre acerca de quién controla una parte de la Copa del Mundo puede traducirse en litigios, renegociaciones y menor previsibilidad financiera.
El impacto más allá de Infantino
La crisis afecta al modelo de financiación del fútbol internacional. La FIFA distribuye recursos a sus federaciones miembros, financia programas de desarrollo y utiliza los ingresos del Mundial para sostener una estructura global. Esa dependencia ha permitido ampliar infraestructuras y competiciones en países con menor capacidad económica, pero también ha concentrado una enorme autoridad en la institución que administra el principal producto del deporte. Si el debate sobre la privatización de participaciones se cierra sin reformas, podría reaparecer con otra fórmula y bajo una administración diferente.
La controversia influye además en la discusión sobre la propiedad simbólica del deporte. Los aficionados no son accionistas, pero consideran la Copa del Mundo un bien común cultural: pertenece a generaciones, selecciones y comunidades que la han construido durante décadas. Convertir una parte de ese valor en un instrumento financiero puede producir ingresos inmediatos, aunque también puede modificar la relación emocional con el torneo. El problema no es que el fútbol genere beneficios; es que la búsqueda de rentabilidad desplace la idea de legado y reduzca el interés público a una variable de mercado.
En el terreno político, el caso puede reforzar las demandas de supervisión externa. Los gobiernos ya intervienen en cuestiones de derechos laborales, seguridad, apuestas, corrupción y financiación de eventos. Una operación que comprometiera derechos de la Copa del Mundo durante décadas podría atraer la atención de autoridades de competencia, legisladores y organismos anticorrupción, especialmente si participaran fondos soberanos o grandes entidades privadas. La FIFA ha defendido históricamente su autonomía frente a los gobiernos, pero esa autonomía pierde fuerza cuando sus propias reglas no ofrecen respuestas convincentes.
El desenlace dependerá de si la presión se transforma en procedimientos verificables. Una dimisión de Infantino, como exige Figo, abriría una sucesión y podría generar reformas, pero también una lucha interna por el control de los ingresos y del calendario mundial. Su permanencia, en cambio, exigirá recuperar autoridad mediante explicaciones detalladas, publicación de documentos y garantías de que ninguna participación estratégica se venderá sin consulta amplia. En ambos escenarios, el debate ya ha cambiado: la pregunta no es solo quién preside la FIFA, sino quién puede disponer de un patrimonio deportivo cuya importancia excede con mucho el mandato de cualquier dirigente.
