La petición pública de Luis Figo para que Gianni Infantino abandone la presidencia de la FIFA no constituye únicamente un nuevo episodio de confrontación personal entre dirigentes del fútbol internacional. La denuncia del exfutbolista portugués aparece en un momento especialmente delicado para el organismo: la propuesta de transferir una parte de los derechos comerciales de sus competiciones a una filial con posible participación de inversores privados ha puesto en discusión quién controla el valor económico generado por el fútbol y bajo qué reglas puede administrarlo.
Figo acusó a Infantino de haber “mentido”, de haber engañado y de intentar beneficiarse a costa del deporte que debe servir. Sus palabras, difundidas en su cuenta de X, se suman al rechazo expresado por federaciones, ligas y otros actores del sector contra el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE). Aunque el presidente de la FIFA terminó dando marcha atrás, el retroceso no ha cerrado la crisis. En organizaciones globales, la retirada de una iniciativa puede detener una decisión concreta, pero no elimina las dudas sobre el proceso que la originó, la información ofrecida a los miembros ni los intereses que pudieron estar detrás.
El proyecto que transformó una disputa financiera en una crisis política
El plan contemplaba vender el 20% de los derechos comerciales de las competiciones de la FIFA a una entidad filial, denominada FIFA Forward Enterprise, en la que podrían intervenir inversores privados. En términos financieros, una operación de este tipo podría aportar capital inmediato, permitir nuevas inversiones y reducir la dependencia de los ingresos derivados de los grandes torneos. La FIFA gestiona un calendario de competiciones de enorme valor, especialmente el Mundial, y ha ampliado de forma sostenida sus compromisos comerciales, deportivos y sociales.
El problema no reside necesariamente en buscar nuevas fuentes de financiación, sino en la naturaleza de los activos que se pretendían transferir y en el grado de control que conservaría la organización. Los derechos comerciales no son un producto ordinario: sostienen programas de desarrollo, pagos a federaciones, ayudas a asociaciones con menos recursos y la estructura de las competiciones internacionales. Si una parte de esos derechos pasa a estar vinculada a capital privado, los inversores podrían reclamar rentabilidad, previsibilidad y capacidad de influencia. Esa lógica puede entrar en tensión con la obligación institucional de distribuir recursos con criterios deportivos y de solidaridad.
La creación de una filial también habría planteado interrogantes sobre la transparencia. Una empresa separada puede facilitar la gestión comercial y atraer financiación, pero al mismo tiempo puede hacer más difícil conocer quién toma las decisiones, qué contratos se firman, cómo se valoran los activos y qué riesgos quedan fuera de los balances principales. La experiencia de otras entidades deportivas muestra que las estructuras corporativas complejas suelen generar controversias cuando los socios o afiliados perciben que se les está pidiendo aprobar una operación cuyos detalles no dominan por completo.
De las promesas de reforma a la desconfianza acumulada
La reacción de Figo tiene además un trasfondo histórico. Infantino llegó a la presidencia de la FIFA en 2016, después de la profunda crisis de legitimidad que golpeó al organismo durante el final de la era de Joseph Blatter. Las investigaciones judiciales y las acusaciones de corrupción habían debilitado la imagen de la institución y abrieron un debate mundial sobre la concentración de poder, la falta de controles y la opacidad de los contratos.
El nuevo liderazgo prometió elevar los estándares de gobierno, modernizar la organización y recuperar la confianza. Desde entonces, la FIFA ha aumentado sus ingresos y ha impulsado una expansión considerable de sus competiciones. El Mundial ampliado, la apertura de nuevos mercados y la multiplicación de acuerdos comerciales han reforzado su posición económica. Pero ese crecimiento también ha elevado las expectativas sobre la rendición de cuentas. Cuanto mayor es el volumen de dinero administrado, menos aceptable resulta que las decisiones estratégicas se presenten como asuntos internos de una dirección reducida.
La acusación de Figo de que Infantino ha degradado el cargo que prometió elevar apunta precisamente a esa brecha entre el discurso reformista y la percepción actual. No es una prueba concluyente de irregularidad, pero sí una señal política: figuras con reconocimiento internacional consideran que la presidencia ha perdido autoridad moral suficiente para impulsar cambios estructurales. La dimisión solicitada por el portugués adquiere peso porque procede de un antiguo candidato a la presidencia de la FIFA y de una persona que conoce desde dentro la relación entre federaciones, poder electoral y negocio deportivo.
El costo institucional de retroceder después de avanzar
La marcha atrás de Infantino puede interpretarse de dos maneras. Desde una perspectiva favorable, demuestra que la FIFA escuchó a sus miembros y evitó ejecutar una operación sin consenso. Desde una mirada crítica, confirma que el proyecto fue presentado antes de contar con respaldo suficiente y que la dirección subestimó la sensibilidad política de los derechos comerciales. La diferencia entre ambas interpretaciones dependerá de la información que la organización haga pública en los próximos meses.
Si el proyecto desaparece sin una explicación detallada, persistirán las preguntas sobre su valoración económica, sus potenciales inversores y las garantías de independencia que se habían previsto. Si la FIFA publica documentos, criterios financieros y mecanismos de supervisión, podría convertir una derrota política en una oportunidad de reconstrucción institucional. La transparencia, en este caso, no debería limitarse a anunciar que una propuesta fue retirada; tendría que explicar por qué fue considerada viable, quién la promovió y qué controles se aplicarían a futuras operaciones.
El conflicto también puede modificar el equilibrio entre la FIFA y las confederaciones continentales, las ligas y los sindicatos de jugadores. Las federaciones nacionales dependen de los programas de financiación de la FIFA, pero también son las que eligen a sus dirigentes. Esa relación produce una tensión permanente: la organización central distribuye recursos y fija normas, mientras sus miembros conservan la capacidad formal de renovar o retirar su apoyo. Cuando una iniciativa comercial amenaza con alterar el reparto de poder, las objeciones económicas rápidamente se transforman en una disputa de gobernanza.
La industria observa una batalla por el valor futuro
El episodio llega cuando el fútbol atraviesa una transformación comercial profunda. Las audiencias jóvenes consumen partidos en plataformas digitales, los calendarios se internacionalizan y los inversores buscan activos deportivos capaces de generar ingresos durante largos periodos. En ese contexto, los derechos audiovisuales y comerciales son vistos como instrumentos financieros cada vez más sofisticados. Clubes, fondos de inversión y empresas tecnológicas compiten por una parte de ese mercado.
La entrada de capital privado no es, por sí sola, incompatible con el desarrollo deportivo. Existen clubes y competiciones que han utilizado inversión externa para modernizar estadios, profesionalizar sus estructuras o expandir sus marcas. Sin embargo, el caso de la FIFA tiene una diferencia esencial: sus ingresos no pertenecen exclusivamente a una liga o a un grupo de accionistas. La institución representa a federaciones de todo el mundo y debe justificar cómo el dinero producido por sus torneos se transforma en oportunidades deportivas, especialmente en países con menor capacidad económica.
Si los inversores adquirieran una participación relevante en los derechos comerciales, podrían presionar para priorizar partidos y mercados de mayor rentabilidad. Eso favorecería a las selecciones con grandes audiencias y podría relegar proyectos de desarrollo menos lucrativos. El riesgo no sería únicamente financiero. Un fútbol global construido según criterios de retorno inmediato podría reducir la diversidad competitiva y agrandar la distancia entre las potencias tradicionales y las federaciones que dependen de la solidaridad internacional.
La dimensión social y el precedente para otros deportes
La controversia también tiene efectos fuera de las oficinas de la FIFA. El fútbol funciona como una institución social con impacto en empleo, identidad nacional, participación juvenil y acceso a programas comunitarios. Los recursos de la organización financian campos, formación de entrenadores y competiciones en territorios donde el fútbol femenino o las categorías inferiores todavía carecen de infraestructura. Por eso, cualquier modificación en la propiedad de los derechos comerciales genera inquietud entre quienes temen que esas prioridades queden subordinadas a los objetivos de los accionistas.
La presencia de Donald Trump en la declaración de Figo, al mencionar al ganador del Premio de la Paz de la FIFA, introduce además una dimensión política y simbólica. Más allá de la valoración sobre esa referencia, el hecho muestra que la disputa ha dejado de estar confinada al ámbito técnico. La FIFA opera en un espacio donde deporte, diplomacia, negocios y poder estatal se cruzan constantemente. Los grandes torneos dependen de acuerdos con gobiernos, patrocinadores y autoridades locales; por ello, una crisis de confianza puede complicar negociaciones futuras aunque no produzca de inmediato una ruptura formal.
El desenlace dependerá de si las críticas se convierten en una coalición organizada. La petición de Figo, por sí sola, no fuerza una elección extraordinaria ni determina el comportamiento de las federaciones. Pero si se combina con la oposición de ligas, empleados, asesores y dirigentes nacionales, puede abrir una revisión del liderazgo y de los mecanismos de aprobación de grandes operaciones. El escenario más probable a corto plazo no es una caída automática de Infantino, sino una presidencia más vigilada, obligada a negociar antes de presentar cualquier reforma comercial.
La cuestión decisiva será si la FIFA consigue demostrar que sus activos pertenecen a una institución deportiva global y no a una estructura disponible para cualquier operación financiera. La retirada de FIFA Forward Enterprise evita, por ahora, la transferencia de derechos que provocó el rechazo. No resuelve, sin embargo, el interrogante que originó la tormenta: quién debe beneficiarse del crecimiento económico del fútbol y qué límites deben existir cuando la rentabilidad privada entra en contacto con una responsabilidad deportiva de alcance mundial.
