La carrera por la presidencia de la FIFA, que en principio debía concentrarse en la reelección de Gianni Infantino, ha entrado en una fase de incertidumbre tras la retirada del respaldo por parte de las federaciones de Serbia, Suecia y Gales. La ruptura se produjo después de que fracasara una propuesta para vender una participación en el Mundial a inversores privados, una iniciativa que convirtió una discusión financiera en una crisis de confianza sobre la forma en que se gobierna el fútbol mundial.
La votación para el mandato de 2027 a 2031 está prevista para el 18 de marzo en Marruecos. Aunque la pérdida de apoyo de tres federaciones no determina por sí sola el resultado, sí revela que el poder de Infantino ya no puede medirse únicamente por el respaldo formal de las confederaciones. La pregunta central será si los desacuerdos actuales representan una protesta puntual o el comienzo de una coalición capaz de presentar una alternativa creíble.
El capital privado como punto de quiebre
La propuesta de abrir una participación del Mundial a inversores privados ha tocado una fibra especialmente sensible porque afecta al principal activo económico y simbólico de la FIFA. El torneo no es solamente una competición: es la fuente de buena parte de los ingresos que permiten financiar programas de desarrollo, premios, operaciones administrativas y actividades de las federaciones nacionales. Cualquier modificación en la propiedad o en la explotación comercial del campeonato plantea, por tanto, preguntas sobre quién asumirá los riesgos y quién controlará los beneficios futuros.
La oposición no se limita a rechazar una operación financiera concreta. La Confederación Asiática de Fútbol sostuvo que el proyecto puso de manifiesto “debilidades fundamentales” en los procesos de consulta y toma de decisiones de la FIFA. Esa formulación apunta a un problema institucional: cuando una medida de gran alcance se percibe como insuficientemente discutida, incluso las federaciones que podrían beneficiarse económicamente pueden preferir bloquearla para evitar quedar vinculadas a un precedente controvertido.
La Concacaf también rechazó el plan, aunque no llegó a pedir un boicot total como hizo la UEFA. Esta diferencia es relevante. Muestra que el frente opositor no es homogéneo y que las confederaciones valoran de manera distinta su relación con la FIFA. América del Norte acaba de albergar, junto con otros países de la región, el Mundial de 2026, la primera edición celebrada en territorio de la Concacaf desde 1994. Su posición combina la defensa de una mayor transparencia con el interés en preservar la cooperación institucional y los beneficios derivados de organizar el torneo.
La disputa recuerda que el crecimiento comercial de la FIFA ha aumentado también el coste político de sus decisiones. Cuanto mayor es el valor del Mundial, más difícil resulta tratarlo como una propiedad que puede reestructurarse sin un amplio consenso. Los inversores pueden aportar liquidez y capacidad de expansión, pero también exigir derechos, rentabilidad y previsibilidad. Para las federaciones, el riesgo es que una lógica orientada al retorno financiero termine condicionando el calendario, el formato o la distribución de recursos del fútbol internacional.
Una rebelión con varios centros de poder
Los posibles sucesores mencionados reflejan la fragmentación del debate. Victor Montagliani, presidente de la Concacaf, representa una opción vinculada a la gestión empresarial y a la experiencia de una región que ha ganado peso con el Mundial de 2026. Su eventual candidatura tendría que resolver una dificultad de equilibrio: mantener la relación con la FIFA sin aparecer como una prolongación automática de sus políticas, y al mismo tiempo convencer a las federaciones europeas y asiáticas de que puede reformar los procedimientos de consulta.
Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, encarna la oposición institucional más visible. El organismo europeo se ha convertido en uno de los críticos más duros de Infantino y Ceferin boicoteó la final del Mundial el mes pasado después de una serie de desacuerdos. Su fuerza potencial procede de la capacidad de coordinación de las federaciones europeas y del peso deportivo de sus clubes y selecciones. Sin embargo, una candidatura abiertamente asociada a la UEFA podría despertar resistencias en otras regiones, donde existe el temor de que Europa recupere una influencia desproporcionada sobre el reparto de oportunidades.
El jeque Salman bin Ibrahim Al Jalifa, presidente de la Confederación Asiática de Fútbol y vicepresidente sénior del Consejo de la FIFA, ofrece otra vía. Su oposición a ampliar el Mundial a 64 selecciones y al plan de capital privado lo sitúa dentro del bloque crítico, pero su experiencia en una confederación amplia y diversa podría facilitar acuerdos entre países con intereses muy diferentes. Asia no es un actor marginal en la política del fútbol: su tamaño demográfico, la expansión de sus mercados y el número de federaciones que agrupa convierten su respaldo en una pieza decisiva para cualquier elección.
Nasser Al-Jelaifi, presidente del París Saint-Germain, aparece como un posible rival respaldado por dirigentes europeos. Su perfil es distinto al de los responsables de confederaciones: combina la gestión de un club de máxima exposición internacional con una fuerte conexión con los negocios deportivos. Esa trayectoria podría atraer a quienes buscan una FIFA más eficiente comercialmente, pero también alimenta el debate sobre la separación entre los intereses de los clubes, los propietarios, los patrocinadores y las federaciones nacionales.
Lise Klaveness añade una dimensión que hasta ahora ha tenido una presencia limitada en las grandes disputas por el liderazgo de la FIFA. La presidenta de la Federación Noruega de Fútbol fue una de las voces más activas contra la venta de una participación en el Mundial y se ha consolidado como una de las dirigentes femeninas más visibles del fútbol internacional. Su eventual candidatura tendría un valor simbólico importante, aunque debería superar las barreras tradicionales de una estructura electoral en la que el poder se distribuye entre federaciones con prioridades geográficas y políticas muy distintas.
El conflicto entre expansión y legitimidad
La presidencia de Infantino ha estado marcada por la búsqueda de una FIFA con mayores ingresos, más competiciones y una presencia política internacional más intensa. La expansión del Mundial es el ejemplo más claro: un torneo con más participantes puede generar nuevas audiencias, elevar los ingresos audiovisuales y ampliar la representación de regiones históricamente menos favorecidas. Pero cada ampliación también aumenta la carga del calendario, la presión sobre los jugadores y la complejidad logística para los anfitriones.
La oposición a un Mundial de 64 selecciones revela que el desacuerdo no se refiere únicamente al número de equipos. Está en juego la definición del producto deportivo. Si el torneo crece de forma continua, la FIFA puede ganar mercados y votos, pero corre el riesgo de diluir la exclusividad de la competición y de agravar el agotamiento de futbolistas sometidos a temporadas cada vez más largas. Las federaciones que controlan las ligas nacionales y los clubes pueden aceptar una expansión si reciben compensaciones; de lo contrario, la batalla por el calendario se convertirá en otro frente de conflicto.
La cuestión de la legitimidad se extiende también a la relación entre la FIFA y los gobiernos. El caso de Folarin Balogun, cuya sanción en el Mundial fue suspendida tras la intervención del presidente estadounidense Donald Trump, volvió a colocar bajo escrutinio la relación entre Trump e Infantino. Noruega había considerado presentar una denuncia ética ante la FIFA por ese episodio. Más allá del resultado concreto, la controversia alimenta una percepción peligrosa para el organismo: que las decisiones disciplinarias pueden quedar expuestas a presiones políticas externas.
La FIFA necesita diferenciar con claridad tres ámbitos que a menudo se mezclan: la diplomacia necesaria para organizar un torneo global, la defensa de la autonomía deportiva y la rendición de cuentas sobre decisiones concretas. Cuando esa frontera se vuelve confusa, las federaciones pueden utilizar un caso disciplinario como prueba de un problema más amplio de gobernanza. El debate sucesorio no se decidirá solamente por los ingresos prometidos, sino por la capacidad de cada candidato para ofrecer garantías de independencia y procedimientos verificables.
Lo que está en juego después de Marruecos
La elección de marzo puede producir una confrontación directa, pero también una negociación previa destinada a evitar una fractura abierta. Infantino conserva ventajas importantes: la presidencia le proporciona visibilidad global, control de una extensa estructura administrativa y capacidad para dialogar con gobiernos, patrocinadores y confederaciones. Además, los posibles candidatos todavía deben convertir el descontento en una plataforma común y demostrar que cuentan con los apoyos necesarios, no solo con declaraciones públicas de oposición.
Para que una candidatura alternativa prospere, tendrá que responder a preguntas concretas. ¿Cómo se financiarán los programas de desarrollo si se descarta la inversión privada? ¿Qué límites se establecerán para la expansión de competiciones? ¿Cómo se resolverán los conflictos entre el calendario de selecciones y el de clubes? ¿Qué mecanismo independiente revisará las decisiones disciplinarias y los acuerdos comerciales? Una campaña basada exclusivamente en rechazar a Infantino podría unir temporalmente a sus adversarios, pero difícilmente ofrecerá una salida estable.
El desenlace tendrá efectos más allá de la FIFA. Los patrocinadores observarán si la organización puede garantizar reglas previsibles y una gestión capaz de evitar crisis recurrentes. Los países anfitriones medirán el grado de control que conservarán sobre sus inversiones y compromisos públicos. Los jugadores y los sindicatos seguirán con atención cualquier decisión que incremente el número de partidos. Y las federaciones pequeñas evaluarán si el nuevo equilibrio de poder mantiene los fondos de desarrollo o los subordina a los intereses de los mercados más rentables.
La disputa también puede acelerar una transformación en la cultura de gobierno del fútbol. Hasta ahora, muchas decisiones se han presentado como inevitables consecuencias de la globalización del deporte. La reacción contra el capital privado indica que las federaciones exigen participar antes de que se definan los términos de una operación, no únicamente ratificarla después. Si la FIFA responde con consultas documentadas, evaluaciones independientes y reglas claras sobre conflictos de interés, la crisis podría convertirse en una oportunidad de reforma. Si, por el contrario, la elección se reduce a una lucha de bloques, la organización saldrá con un presidente, pero no necesariamente con mayor autoridad.
El futuro de Infantino dependerá, por ello, de algo más que recuperar los apoyos perdidos. Deberá convencer a una parte del fútbol mundial de que la expansión comercial no implica una cesión de control y de que las decisiones estratégicas pueden someterse a un proceso legítimo. Sus posibles sucesores, a su vez, tendrán que probar que la oposición puede gobernar con una visión global y no solo administrar el resentimiento acumulado. En Marruecos no estará en juego únicamente un mandato de cuatro años, sino el modelo de poder, financiación y responsabilidad que definirá al fútbol internacional durante la próxima década.
