La salida de Guillermo León Valencia Agudelo de la gerencia de la Electrificadora de Santander (ESSA), después de dos años en el cargo, representa más que un relevo administrativo. En una empresa estratégica para el departamento, el cambio puede influir en la continuidad de las inversiones, la relación con los trabajadores, la confianza de los mercados y la calidad del servicio eléctrico. La junta directiva designó como gerente encargado a José Gregorio Ramírez Amaya, actual subgerente de Mantenimiento de Distribución, una decisión que aporta conocimiento interno, pero que también abre interrogantes sobre la duración y el alcance de esta transición.
Valencia Agudelo deja la compañía con resultados financieros favorables. Según datos de la Superintendencia de Sociedades, ESSA obtuvo ganancias por $269.427 millones en 2025, un aumento de 6,43 % frente al año anterior. Además, durante su gestión la empresa realizó su primera emisión de bonos de deuda pública interna en la Bolsa de Valores de Colombia, por $300.000 millones, con una demanda de $473.870 millones. Estos indicadores sugieren una percepción positiva entre los inversionistas, aunque no garantizan por sí solos que la empresa esté protegida frente a los desafíos operativos, regulatorios y sociales que enfrenta el sector energético.
Una transición con ventajas de conocimiento interno
La designación de Ramírez Amaya puede reducir algunos riesgos propios de una sustitución abrupta. Al ocupar una posición relacionada con el mantenimiento de la distribución, conoce la infraestructura, los equipos técnicos, los procesos de atención de fallas y buena parte de las necesidades de expansión de la red. Esa experiencia puede favorecer decisiones rápidas en asuntos que no admiten largos periodos de adaptación, especialmente en temporadas de lluvias, ante daños en redes o cuando se requiere coordinar inversiones para mejorar la confiabilidad del servicio.
La continuidad interna también puede enviar una señal de estabilidad a empleados, proveedores y autoridades locales. ESSA no es una compañía aislada: hace parte del Grupo EPM, mientras la Gobernación de Santander posee cerca del 22 % de las acciones y la Alcaldía de Bucaramanga mantiene una participación menor. La presencia de distintos intereses públicos exige que el gerente encargado articule prioridades corporativas con demandas territoriales, sin convertir la empresa en escenario de disputas políticas o de decisiones orientadas por ciclos electorales.
Sin embargo, la condición de encargado puede limitar el margen de maniobra del nuevo directivo. Si la junta directiva prevé un proceso de selección breve, Ramírez Amaya podría concentrarse en preservar las operaciones y evitar decisiones estructurales de alto impacto. Si el encargo se prolonga, la incertidumbre sobre el liderazgo definitivo puede ralentizar proyectos, dificultar la conformación de equipos y reducir la claridad con la que se comunican las prioridades estratégicas. La estabilidad no depende únicamente del nombre del gerente, sino de la rapidez y transparencia con que se defina la nueva dirección.
Los resultados financieros no eliminan las presiones
El crecimiento de las utilidades constituye un punto de partida favorable para ESSA. Una mayor capacidad de generación de recursos puede facilitar el mantenimiento de redes, la modernización tecnológica, la ampliación de cobertura y la adopción de soluciones para mejorar la medición y la atención al usuario. También puede fortalecer la posición de la empresa frente a sus acreedores y respaldar nuevos proyectos de infraestructura, en un contexto en el que las compañías de servicios públicos requieren inversiones permanentes para responder al crecimiento urbano y a la expansión de la demanda.
Pero las ganancias deben interpretarse junto con otros indicadores. Un resultado financiero positivo puede verse afectado por variaciones en las tarifas, cambios regulatorios, costos de compra de energía, pérdidas técnicas y no técnicas, cartera morosa o aumentos en los gastos de operación. Asimismo, una emisión de bonos exitosa demuestra apetito de los inversionistas, pero crea obligaciones futuras de pago. Si los recursos no se traducen en proyectos con retornos operativos, mejoras de calidad o reducción de riesgos, la deuda puede convertirse en una carga para las próximas administraciones.
El reto para la nueva gerencia será demostrar que la fortaleza financiera se transforma en valor público. En una empresa de servicios esenciales, la rentabilidad tiene que coexistir con continuidad, cobertura, atención oportuna y tarifas compatibles con la capacidad de pago de los usuarios. Una estrategia concentrada exclusivamente en resultados contables podría generar tensiones con comunidades y trabajadores; una política de gasto sin disciplina financiera, por el contrario, deterioraría la capacidad de inversión. El equilibrio será determinante para evaluar la gestión de la transición.
El antecedente laboral seguirá pesando
La huelga convocada por Sintralecol fue uno de los episodios más complejos de la administración saliente. Se trató de la primera protesta de este tipo en una empresa de servicios públicos desde la entrada en vigor de la legislación actual para el sector. Aunque ESSA garantizó la prestación del servicio y el conflicto terminó mediante un acuerdo, la suspensión de más de 200 contratos evidenció la sensibilidad de las relaciones laborales dentro de una compañía cuya operación depende de personal especializado y de protocolos de respuesta permanentes.
El acuerdo alcanzado sin acudir a un Tribunal de Arbitramento puede ofrecer una base para reconstruir la confianza, pero no significa que las causas de la disputa hayan desaparecido. El nuevo equipo tendrá que gestionar expectativas relacionadas con estabilidad laboral, tercerización, condiciones de seguridad, remuneración y participación sindical. Una comunicación deficiente o decisiones percibidas como un desconocimiento de lo pactado podría reactivar el conflicto y afectar la disponibilidad de cuadrillas, la atención de emergencias y la imagen institucional.
Existe además un riesgo operativo asociado a cualquier reestructuración. Si el cambio de gerencia viene acompañado de rotaciones aceleradas en áreas técnicas, comerciales o de mantenimiento, ESSA podría perder conocimiento acumulado justo cuando necesita ejecutar proyectos de inversión y responder a eventos climáticos. La continuidad del servicio exige preservar los equipos críticos, documentar los procesos y separar la evaluación del desempeño de las disputas políticas o personales que suelen acompañar los relevos directivos.
Inversiones, mercado y control público
La entrada de ESSA al mercado de valores amplió sus alternativas de financiación y elevó las exigencias de transparencia. A partir de ahora, los inversionistas observarán no solo las utilidades, sino también el cumplimiento del plan de inversiones, el nivel de endeudamiento, los plazos de los proyectos y la capacidad de la compañía para mantener indicadores operativos sólidos. Cualquier cambio brusco de estrategia sin explicación técnica podría elevar la percepción de riesgo y encarecer futuras emisiones.
La supervisión también tiene una dimensión territorial. La Gobernación de Santander, como accionista relevante, tiene interés en que los recursos de la empresa se traduzcan en infraestructura y calidad del servicio para los municipios del departamento. No obstante, esa participación debe ejercerse con criterios de gobierno corporativo y no mediante presiones sobre contrataciones, inversiones o decisiones tarifarias. La Alcaldía de Bucaramanga y otros actores locales pueden reclamar prioridades para sus territorios, pero la planificación debe responder a diagnósticos de demanda, confiabilidad y vulnerabilidad de la red.
El riesgo de una excesiva politización aumenta precisamente durante los periodos de transición. La elección del gerente titular, los cambios en la junta y la definición de proyectos de alto presupuesto pueden convertirse en asuntos de disputa entre accionistas. Para reducir esa posibilidad, será importante publicar criterios claros de selección, informar sobre los avances del plan de inversiones y mantener mecanismos verificables de rendición de cuentas. La confianza del mercado y de la ciudadanía depende tanto de los resultados como de la forma en que se toman las decisiones.
Lo que está en juego para los usuarios
Para los hogares y comercios, el relevo será evaluado por hechos concretos: duración de las interrupciones, velocidad de respuesta, claridad de las facturas, canales de atención y evolución de las tarifas. Un cambio directivo que no altere la operación puede pasar inadvertido para la mayoría de los usuarios; uno que retrase mantenimientos o proyectos de expansión tendría efectos inmediatos, especialmente en zonas rurales, municipios con redes vulnerables y sectores productivos que dependen de un suministro estable.
ESSA también deberá prepararse para desafíos de mediano plazo, como la generación distribuida, la incorporación de energías renovables, la digitalización de la red y una mayor demanda asociada a la electrificación del transporte y de ciertos procesos industriales. Estas tendencias pueden crear nuevas oportunidades de eficiencia y sostenibilidad, pero requieren inversiones, capacidades técnicas y reglas claras. Una administración enfocada únicamente en conservar los indicadores actuales podría quedar rezagada frente a la transformación del sector.
En el corto plazo, la prioridad razonable para Ramírez Amaya debería ser asegurar la continuidad operacional, cumplir los compromisos financieros y laborales, y entregar a la junta un diagnóstico actualizado de riesgos. Paralelamente, convendría establecer un cronograma público para la selección del gerente en propiedad, con requisitos profesionales verificables y participación institucional transparente. La transición será exitosa si conserva los avances de los últimos dos años sin convertirlos en una justificación para aplazar reformas pendientes.
La salida de Valencia Agudelo deja una empresa con señales positivas, pero también con obligaciones que no dependen de una sola administración. ESSA tendrá que proteger su reputación financiera, mantener un diálogo estable con los trabajadores, blindar sus decisiones frente a intereses políticos y demostrar que cada inversión mejora el servicio. El desenlace dependerá menos de la continuidad nominal del gerente que de la capacidad de la junta y de los accionistas para garantizar una sucesión ordenada, técnica y orientada al interés público.
