La UEFA ha advertido formalmente a la FIFA de que estudia emprender acciones legales contra el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), concebido para abrir a capital privado la explotación comercial de sus competiciones, incluido el Mundial. En una carta enviada el 31 de julio a Gianni Infantino, el organismo europeo también exigió conservar toda la documentación relacionada con la iniciativa.
El proyecto queda bajo escrutinio
La petición incluye archivos físicos y digitales sobre el diseño de FFE, su sistema de pagos, el plazo de adhesión fijado para el 19 de septiembre y las comunicaciones mantenidas con miembros del Consejo de la FIFA. La UEFA reclama además preservar los documentos en poder de varios empleados, entre ellos el director de operaciones, Kevin Lamour, quien cuestionó públicamente una propuesta que, a su juicio, respondía al proyecto de una sola persona.
La amenaza legal amplía el alcance del conflicto: ya no se trata solo de una disputa política entre confederaciones, sino de un posible examen por parte de autoridades reguladoras o tribunales arbitrales. La UEFA considera que la comercialización de una participación en la estructura que gestionaría el Mundial resulta incompatible con los principios de buena gobernanza del fútbol, especialmente por la posible influencia de inversores privados sobre decisiones estratégicas.
La oposición conjunta de la UEFA, la Confederación Asiática y la CONCACAF llevó a Infantino a retirar la iniciativa apenas tres días después de presentarla. Las 55 federaciones europeas habían anunciado que boicotearían las competiciones de la FIFA si el plan seguía adelante, una amenaza capaz de comprometer directamente la viabilidad deportiva del proyecto.
FFE pretendía captar hasta 4.200 millones de dólares mediante la venta del 20 % de una filial valorada en 20.000 millones. La FIFA defendió que los recursos elevarían las ayudas a las federaciones hasta 86 millones por asociación durante doce años, pero el retroceso no elimina las dudas sobre su modelo financiero. La participación de Thrive Eternal y la colaboración de J.P. Morgan añaden relevancia económica a un expediente que ahora podría convertirse también en un frente jurídico.
