Domingo Alberto Rangel cuestiona la mesa de diálogo entre el Gobierno venezolano y sectores de la oposición, cuyo inicio estaba previsto para el 1 de agosto y que, según su columna, ni siquiera había comenzado al momento de publicar el texto. El analista advierte que la iniciativa se impulsa sin escenarios claros y puede terminar repitiendo fracasos de negociaciones anteriores.
La propuesta contempla reunir, de manera casi secreta, a diputados electos en 2015 y a parlamentarios cuya legitimidad no es reconocida por quienes promovieron el encuentro. Rangel considera que la composición de ambas delegaciones revela profundas contradicciones: entre los opositores figuran dirigentes que apoyaron sanciones y una intervención militar contra Venezuela, mientras que los representantes oficialistas, a su juicio, han mantenido una disciplina política que no se ha traducido en leyes capaces de resolver los problemas cotidianos.
El riesgo de negociar solo cargos
El principal reparo de Rangel es que el diálogo termine reducido a un reparto de posiciones entre élites políticas. Esa fórmula, sostiene, no atendería la falta de instituciones judiciales confiables, la dependencia de la economía petrolera, el deterioro de la educación ni las deficiencias de los servicios públicos. La crítica se apoya en una experiencia recurrente del país: las mesas integradas por dirigentes alejados de los problemas ciudadanos suelen prolongar las decisiones en lugar de producir soluciones.
El autor también recuerda un intento de modernizar la educación promovido durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, con la participación de Luis Beltrán Prieto y Arturo Uslar Pietri, que terminó sin resultados concretos más allá de un documento firmado. Para Rangel, ese antecedente resume el peligro actual: si los actores no definen objetivos verificables y mecanismos de cumplimiento, la nueva mesa podría generar expectativas en una sociedad ya decepcionada, sin modificar las condiciones que originaron la crisis.
