La Universidad Nacional Autónoma de México adjudicó de forma directa un contrato a Territorium Life S.A.P.I. de C.V. por un monto que podía alcanzar 85 millones 767 mil 297 pesos en un plazo de apenas cinco días naturales. El procedimiento se resolvió entre el 2 y el 7 de abril de 2025 y tuvo como objeto la aplicación de exámenes de ingreso en línea para los procesos de bachillerato del Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior y del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia.
Procedimiento de adjudicación
La directora general de Administración Escolar, Ivonne Ramírez Wence, presentó el 2 de abril de 2025 el oficio SG/DGAE/0371/2025 ante el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. En ese documento solicitó exceptuar el procedimiento de licitación pública con base en la fracción VIII del punto 4.6 de la Normatividad en Materia de Adquisiciones de la UNAM, que permite contratar servicios especializados vinculados con información confidencial. Cinco días después, el director general de Proveeduría, Isidro Ávila Martínez, comunicó mediante el oficio DGPR/357/2025 que la solicitud había sido declarada procedente.
El contrato establecía un rango de entre 130 mil 500 y 324 mil 500 evaluaciones, con un costo unitario de 227.85 pesos por aspirante. El monto mínimo pactado era de 34 millones 491 mil 933 pesos y el máximo de 85 millones 767 mil 297 pesos, IVA incluido. La autorización se otorgó para los procesos de ingreso correspondientes a 2025, aunque posteriormente la universidad extendió el uso de la plataforma al concurso de licenciatura 2026-2027.
Argumentos técnicos presentados
En el expediente, la Dirección General de Administración Escolar sostuvo que la plataforma de Territorium Life contaba con derechos de autor y propiedad intelectual propios. Se destacaron capacidades para detectar patrones anómalos, prevenir fraudes, gestionar bancos de reactivos de manera segura, mantener una cadena de custodia y ofrecer monitoreo en tiempo real. La justificación incluyó referencias a experiencias previas del Instituto Politécnico Nacional desde 2020, así como aplicaciones en la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Puebla y dependencias de Costa Rica y Estados Unidos.
Estos elementos fueron presentados como prueba de la “madurez probada” del sistema. La DGAE argumentó que la herramienta permitía preservar la integridad y confidencialidad de los exámenes, generar tableros de control para incidencias y producir reportes especializados sobre el desempeño de la aplicación. La adjudicación directa se sustentó, por tanto, en la supuesta capacidad técnica de la plataforma para garantizar transparencia en procesos de evaluación masiva.
Resultados del concurso y suspensión
Tras la publicación de resultados del concurso de licenciatura 2026-2027, especialistas identificaron una distribución atípica de calificaciones, con un aumento significativo de aspirantes que alcanzaron puntajes superiores a los registros históricos. La Rectoría suspendió la asignación de lugares para aproximadamente 58 mil aspirantes y ordenó la aplicación de un examen presencial de control. Una Comisión Técnica continúa las investigaciones sin haber emitido conclusiones definitivas sobre el origen de las anomalías.
Interrogantes sobre el servicio contratado
Los documentos que respaldaron la adjudicación directa adquieren ahora un nuevo contexto. La misma instancia que solicitó el contrato atribuyó por escrito a la plataforma capacidades específicas de detección de fraudes y monitoreo en tiempo real. Sin embargo, el comportamiento observado en los resultados del concurso ha generado dudas sobre el funcionamiento efectivo de esos mecanismos durante la aplicación del examen. La rapidez del procedimiento administrativo, combinada con el rango presupuestal autorizado, plantea preguntas sobre los criterios técnicos que la universidad utilizó para validar la contratación en un lapso tan breve.
La decisión de extender el uso de la plataforma más allá de los procesos iniciales para los que fue contratada también forma parte del análisis que la Comisión Técnica deberá realizar. Hasta el momento no se ha establecido si las herramientas descritas en el expediente operaron conforme a lo señalado o si existieron limitaciones que no fueron previstas al momento de la adjudicación. Las investigaciones en curso determinarán si las capacidades alegadas correspondieron al desempeño real del sistema en el concurso de mayor escala.
