La petición de Luis Figo para que Gianni Infantino abandone la presidencia de la FIFA no es una discrepancia más entre una antigua estrella del fútbol y el máximo dirigente del organismo. El exjugador portugués acusa al suizo de “mentir”, “engañar” e intentar enriquecerse a costa del deporte, en una ofensiva pública que llega después de que Infantino tuviera que retractarse de un controvertido proyecto para vender participaciones de la Copa del Mundo a entidades privadas. La denuncia, publicada inicialmente en una columna del Daily Mail y reforzada después en redes sociales, convierte una disputa comercial en una crisis de legitimidad institucional.
Figo sostiene que Infantino ha degradado el cargo que prometió elevar, que perdió el respaldo de amplios sectores del fútbol y que debería renunciar “ahora”. Sus acusaciones incluyen una supuesta falta de transparencia sobre los beneficios económicos de la iniciativa, una eventual remuneración anual de 30 millones de dólares y la posibilidad de que el presidente recibiera posteriormente un empleo con un salario cinco veces superior. El texto suministrado no aporta una respuesta detallada de la FIFA ni documentos que confirmen esas cifras. Por ello, el alcance periodístico de las afirmaciones reside tanto en su contenido como en la necesidad de verificar qué parte corresponde a hechos documentados, qué parte son interpretaciones y qué parte forma parte de una batalla política.
La venta de participaciones cambió el centro de la discusión
El punto de quiebre fue la propuesta de vender participaciones de la Copa del Mundo a inversores privados. En términos financieros, una operación de ese tipo podría proporcionar liquidez inmediata y permitir a la FIFA monetizar por adelantado una porción de sus futuros ingresos. Sin embargo, el torneo mundial no es un activo convencional: su valor depende de la exclusividad, de la confianza de las federaciones y de la percepción de que pertenece al conjunto del fútbol, no a un grupo de accionistas.
Figo formula una crítica específica: si se cede una participación, esa porción se pierde de manera permanente y los sucesores del organismo quedarían privados de una fuente futura de ingresos. La observación apunta a un problema de gobernanza intergeneracional. Una dirección puede mejorar sus cuentas del presente vendiendo derechos futuros, pero trasladar a administraciones posteriores el coste de una decisión irreversible. El conflicto, por tanto, no se limita a cuánto dinero podría captar la FIFA, sino a quién tiene autoridad para comprometer el patrimonio comercial de varias ediciones de la Copa del Mundo.
La reacción pública habría obligado a Infantino a retractarse. Ese retroceso es relevante por dos motivos. Primero, demuestra que la iniciativa no contaba con un nivel suficiente de explicación pública antes de ser presentada. Segundo, revela que la capacidad de la FIFA para imponer cambios comerciales tiene límites cuando las asociaciones nacionales, los aficionados y figuras reconocidas del fútbol perciben que el torneo está siendo tratado como un instrumento financiero. Una propuesta que se retira antes de implementarse puede dejar una huella política más profunda que una operación aprobada sin oposición.
La acusación de Figo tiene una dimensión económica y otra institucional
El primer elemento original de esta crisis es que la controversia combina dos planos que normalmente se mantienen separados. En el plano económico, la pregunta es si la FIFA necesita nuevos mecanismos de financiación y bajo qué condiciones podría vender o anticipar derechos. En el plano institucional, la pregunta es si Infantino utilizó el poder de la presidencia para impulsar una operación que beneficiaría a personas cercanas o a él mismo. Cuando ambos planos se mezclan, cualquier decisión financiera deja de evaluarse únicamente por su rentabilidad y pasa a ser juzgada por sus posibles conflictos de interés.
El señalamiento de un supuesto salario de 30 millones de dólares anuales y de un eventual trabajo posterior mejor remunerado exige pruebas concretas: contratos, acuerdos de compensación, registros de entidades vinculadas y reglas sobre incompatibilidades. Sin esa documentación, no sería responsable presentar las acusaciones como hechos probados. Pero tampoco sería razonable ignorarlas, porque la transparencia no consiste únicamente en publicar los estados financieros de una organización. También exige explicar quién negocia, quién obtiene beneficios, qué asesores participan y qué mecanismos impiden que una decisión institucional se transforme en una ventaja personal.
La segunda dimensión es reputacional. La FIFA ha intentado durante años proyectar una imagen de organización reformada y profesionalizada después de los escándalos que afectaron a sus anteriores estructuras directivas. Si un presidente es acusado públicamente por una figura internacional de utilizar el cargo para enriquecerse, la organización no solo enfrenta un problema de comunicación. Se pone en cuestión la promesa de que las reformas cambiaron los incentivos internos. El daño puede extenderse a patrocinadores, auditores, gobiernos anfitriones y federaciones que dependen de la credibilidad del organismo para negociar nuevos proyectos.
El respaldo que importa no se mide solo en aplausos
Figo afirma que Infantino perdió el apoyo de “todo el mundo” y menciona incluso al ganador del Premio FIFA de la Paz, además de recordar que el príncipe Ali bin Al Hussein, presidente de la Federación de Fútbol de Jordania, calificó de “mafia” el comportamiento del mandatario. La frase sobre la pérdida total de respaldo es políticamente potente, pero difícil de demostrar sin votaciones, declaraciones oficiales o una ruptura visible de las confederaciones. La FIFA no funciona como una empresa en la que la popularidad pública determine automáticamente la continuidad del director ejecutivo: su presidente conserva una estructura de alianzas, reglas electorales y apoyos federativos.
Ahí aparece una diferencia esencial entre legitimidad social y legitimidad formal. Los aficionados pueden rechazar la comercialización de la Copa del Mundo, los exjugadores pueden denunciar la conducta del presidente y algunos dirigentes pueden expresar su indignación. Sin embargo, la salida de Infantino dependería de los órganos previstos por los estatutos, de la capacidad de las asociaciones nacionales para coordinarse y de la voluntad de las confederaciones continentales de convertir el malestar en una acción institucional. Figo puede acelerar ese proceso, pero no sustituirlo.
Para los patrocinadores, el riesgo es distinto. Su valor no depende solo del número de espectadores, sino de la asociación con un evento considerado legítimo y universal. Una disputa sobre venta de participaciones, remuneraciones o favores políticos puede elevar el coste reputacional de permanecer vinculado al torneo. Las empresas probablemente exigirán más controles, auditorías independientes y cláusulas de salida. Esa presión comercial puede resultar más determinante que las declaraciones de antiguos futbolistas, especialmente si la controversia coincide con negociaciones de derechos audiovisuales o contratos globales.
La FIFA puede necesitar capital, pero no puede hipotecar confianza
La defensa potencial de una operación de monetización sería comprensible. La expansión del calendario internacional, la organización de torneos más complejos, las inversiones en desarrollo y las exigencias logísticas de las próximas Copas del Mundo requieren recursos. Anticipar ingresos puede permitir financiar proyectos sin aumentar cuotas o depender exclusivamente de patrocinadores. Desde esa perspectiva, vender una participación no sería necesariamente ilegal ni irracional.
El problema está en la asimetría entre el beneficio inmediato y el coste futuro. Los compradores privados buscarían rentabilidad, capacidad de influencia o derechos preferentes; las federaciones, en cambio, tendrían que proteger la distribución de recursos durante décadas. Si la FIFA recibe hoy una suma elevada a cambio de ingresos futuros, los dirigentes actuales pueden mostrar mejores resultados financieros mientras las administraciones posteriores pierden margen de maniobra. La operación solo sería defendible con una valoración independiente, límites estrictos, aprobación de los miembros y plena identificación de los beneficiarios finales.
La tercera conclusión analítica es que el conflicto revela una transformación del modelo de gobierno deportivo. Las grandes federaciones ya no administran únicamente competiciones: gestionan derechos audiovisuales, fondos de inversión, propiedades intelectuales, sedes, patrocinios y alianzas políticas. Cuanto más dinero circula, más se parecen sus decisiones a las de una corporación multinacional, pero sin contar siempre con controles equivalentes a los de una empresa cotizada. El debate sobre Infantino no debería terminar en su permanencia o renuncia; debería abrir una discusión sobre límites de mandato, publicación de conflictos de interés, remuneraciones y control de operaciones estratégicas.
La batalla por Washington añade una capa geopolítica
Figo también menciona que, después de “servir la cabeza en una bandeja” a sus amigos de Washington, Infantino podría recibir un trabajo con una remuneración muy superior. La acusación introduce una dimensión política que no puede separarse de la expansión del fútbol en Estados Unidos. El país será un escenario central de la Copa del Mundo de 2026 junto con Canadá y México, y cualquier vínculo entre la FIFA, inversores privados y círculos políticos estadounidenses será observado con especial atención.
La internacionalización del fútbol estadounidense ofrece oportunidades evidentes: mayores ingresos comerciales, nuevos públicos y una plataforma financiera de enorme escala. Pero también aumenta la sensibilidad sobre quién influye en la agenda del organismo. Si las decisiones sobre la Copa del Mundo parecen diseñadas para beneficiar a determinados grupos empresariales o políticos, las federaciones de otras regiones podrían percibir que el principio de representación universal está siendo sustituido por una lógica de proximidad al capital y al poder.
Desde la perspectiva de las asociaciones nacionales, la controversia plantea una preocupación práctica: si se comercializan activos estratégicos sin consulta suficiente, las federaciones pequeñas pueden quedar reducidas a receptoras de decisiones tomadas por una cúpula financiera. Muchas dependen de los fondos de desarrollo de la FIFA para mantener instalaciones, selecciones juveniles y programas de arbitraje. Por eso, aunque rechacen el método de Infantino, también necesitan preservar la capacidad económica del organismo. Su dilema consiste en exigir controles sin provocar una crisis que termine debilitando los recursos que sostienen el fútbol fuera de los grandes mercados.
Qué tendría que demostrar cada parte
La FIFA debería responder con documentos, no solo con mensajes políticos. Sería necesario conocer la estructura exacta de la propuesta, los activos que pretendían venderse, la duración de los derechos, la identidad de los inversores, los criterios de valoración y las opiniones jurídicas recibidas. También tendría que aclarar si existieron conversaciones sobre remuneraciones personales, empleos futuros o beneficios para asesores y socios. Una retractación sin explicación puede frenar la presión durante unos días, pero deja intacta la sospecha de que el proyecto fue retirado por razones tácticas.
Figo, por su parte, enfrenta el estándar propio de una acusación pública. Su condición de exjugador de renombre le otorga visibilidad, pero no convierte automáticamente sus afirmaciones en evidencia. Si dispone de información verificable, la presión aumentaría con la publicación de documentos y la solicitud de una investigación independiente. Si no la presenta, Infantino podría argumentar que se trata de una campaña política de un antiguo rival del sistema. La credibilidad de ambos dependerá menos del tono de sus declaraciones que de la capacidad para sostenerlas con hechos.
Los medios y las federaciones tienen una responsabilidad adicional: no confundir la crítica legítima a un proyecto opaco con la confirmación de enriquecimiento ilícito. El periodismo debe investigar contratos, flujos financieros y procesos de aprobación, pero también diferenciar una remuneración legal, aunque impopular, de un beneficio oculto o incompatible con el cargo. Esa distinción será decisiva para evitar que la crisis se reduzca a una disputa personal.
Los próximos meses definirán si esto es escándalo o reforma
El escenario más probable no es una renuncia inmediata, sino una fase de contención. Infantino intentará reconstruir apoyos, presentar la retirada del proyecto como una escucha institucional y mantener el control de la agenda mediante otros programas comerciales. Sus críticos buscarán convertir la indignación en una coalición formal, con peticiones de auditoría y revisión de los mecanismos de elección. La velocidad de esa coordinación será determinante: el ruido mediático pierde fuerza si no se traduce en resoluciones de comités, declaraciones de confederaciones o exigencias de las asociaciones nacionales.
Existe también un riesgo de normalización. Si la FIFA abandona temporalmente la venta de participaciones, pero conserva la posibilidad de reintroducirla con otro nombre o mediante una filial, la controversia podría reaparecer con mayor intensidad. La presión financiera sobre los organizadores no desaparecerá y los inversores seguirán interesados en adquirir exposición a los ingresos del fútbol mundial. Sin reglas claras, el mismo conflicto puede regresar cuando la atención pública se concentre en otra crisis.
Un segundo riesgo es la polarización. La defensa cerrada de Infantino podría presentar cualquier crítica como un ataque al desarrollo comercial del fútbol, mientras sus opositores podrían convertir cada decisión económica en prueba de corrupción. Esa dinámica perjudicaría la deliberación y facilitaría que los intereses particulares se oculten detrás de consignas. La salida institucional más sólida sería una revisión independiente, con participación de expertos en gobernanza, representantes de federaciones, jugadores, aficionados y patrocinadores, además de la publicación íntegra de los contratos relevantes.
La intervención de Figo ha elevado el coste político de cualquier nueva iniciativa sobre los derechos de la Copa del Mundo. Incluso si Infantino conserva el cargo, la FIFA tendrá que demostrar que el torneo no es un activo disponible para operaciones opacas y que sus dirigentes no pueden beneficiarse personalmente de decisiones tomadas en nombre del fútbol. La pregunta decisiva ya no es solo si el presidente debe irse, sino si el organismo está dispuesto a aceptar controles capaces de sobrevivir a cualquier presidente. Sin esa garantía, la renuncia de una persona resolvería la crisis del día, pero no la estructura que la hizo posible.
