El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, enfrenta una nueva escalada de cuestionamientos que amenaza con debilitar su posición al frente del organismo rector del fútbol mundial. A las críticas de varias confederaciones por el fracaso de su proyecto para “vender” el Mundial se sumaron ahora una acusación de chantaje formulada por el presidente de la Asociación de Fútbol de Jordania, el príncipe Ali bin Al Hussein, y reclamos económicos de las ciudades estadounidenses que serán sedes de la Copa del Mundo de 2026.
La acumulación de conflictos ocurre mientras la eventual reelección de Infantino pierde respaldo entre dirigentes de distintas regiones. En las últimas horas, el titular de la FIFA convocó a una reunión de emergencia para abordar la crisis institucional y contener sus efectos políticos. El encuentro, celebrado en Marruecos, terminó después de aproximadamente siete horas y sin declaraciones públicas del presidente ante la prensa.
La reunión fue presentada como una instancia de control de daños frente a la creciente presión sobre la conducción de la FIFA. Sin embargo, lejos de cerrar la controversia, el encuentro quedó vinculado a nuevas versiones sobre supuestos compromisos destinados a asegurar apoyos para la continuidad de Infantino. El organismo deberá ahora responder a cuestionamientos que combinan aspectos políticos, financieros y de gobernanza.
La acusación del dirigente jordano
El episodio más directo se produjo cuando el príncipe Ali bin Al Hussein acusó a Infantino de haber condicionado eventuales ayudas a su federación al respaldo de su candidatura para un nuevo mandato. Según afirmó el dirigente jordano en su cuenta de X, durante el último Mundial le comunicaron verbalmente que, si apoyaba al presidente de la FIFA, su federación recibiría una contribución considerable.
“Durante el Mundial, me comunicaron verbalmente que, si apoyaba a Infantino, contribuiría enormemente a ayudar a nuestra federación”, escribió Al Hussein. El dirigente también describió obstáculos que, según su versión, enfrentó la Asociación de Fútbol de Jordania durante el torneo, aunque no detalló públicamente quién transmitió la propuesta ni precisó el monto de la ayuda mencionada.
El príncipe Ali sostuvo que Jordania defiende “valores éticos” y que, por esa razón, no respaldó anteriormente a Infantino ni lo hará ahora. “Toda esta situación constituye un chantaje y nos negamos a ceder”, afirmó. La acusación, por el momento, corresponde a la versión del dirigente jordano y no aparece acompañada en la información disponible por documentos que acrediten la supuesta oferta.
La importancia del señalamiento radica en que no se trata únicamente de una disputa personal. Las federaciones nacionales dependen en buena medida de programas de desarrollo, subvenciones y apoyo institucional de la FIFA. Por ello, cualquier percepción de que esos recursos pueden estar ligados a decisiones electorales puede afectar la confianza en los mecanismos de financiamiento y en la competencia por la presidencia.
Una promesa atribuida a Marruecos
La reunión de emergencia celebrada en Marruecos quedó además relacionada con una información publicada por el diario británico The Times. De acuerdo con ese reporte, Infantino habría ofrecido que Marruecos fuera designado como sede de la final del próximo Mundial, organizado conjuntamente por España, Portugal y Marruecos, a cambio de apoyo para permanecer en el cargo.
La FIFA negó que durante el encuentro se hubiera realizado una promesa de ese tipo. Fuentes del organismo señalaron que la sede de la final será definida “a su debido tiempo”, una fórmula que deja abierta la decisión, pero rechaza que exista un acuerdo previo vinculado a la reelección presidencial.
La diferencia entre ambas versiones ilustra el problema central que enfrenta Infantino: incluso cuando la FIFA desmiente una negociación concreta, la falta de información pública sobre los criterios y plazos para adoptar decisiones relevantes alimenta las sospechas. La elección de la sede de una final mundialista tiene un elevado valor simbólico, político y económico, especialmente para los países que participan en la organización del torneo.
Las ciudades estadounidenses reclaman los fondos
Al frente financiero de la crisis se encuentran las 11 ciudades estadounidenses que albergarán partidos del Mundial de 2026. Seattle, San Francisco, Los Ángeles, Dallas, Houston, Kansas City, Atlanta, Filadelfia, Nueva York-Nueva Jersey, Miami y Boston exigen el pago de un millón de dólares para financiar proyectos posteriores al torneo.
Los integrantes de los comités organizadores sostienen que el compromiso fue comunicado verbalmente por ejecutivos de alto rango de la FIFA y reiterado posteriormente en reuniones con las ciudades. No obstante, los pagos aún no se han concretado. Ante esa incertidumbre, las autoridades locales han solicitado al personal del organismo información actualizada sobre el calendario y las condiciones de desembolso.
La situación tiene consecuencias prácticas para la planificación presupuestaria. Las ciudades están preparando informes financieros destinados a sus respectivas administraciones y autoridades, pero no saben si deben registrar esos recursos como ingresos confirmados o excluirlos hasta contar con un compromiso formal. La ausencia de documentación clara dificulta la evaluación de proyectos de legado, precisamente aquellos que deberían prolongar los beneficios del Mundial una vez terminado el campeonato.
Los ejecutivos locales consideran difícil entender la demora de la FIFA, dado el tamaño de sus operaciones. Según las cifras citadas en el conflicto, el organismo espera obtener ingresos superiores a 15.000 millones de dólares durante el ciclo comprendido entre 2023 y 2026, mientras que su presupuesto operativo para el torneo se sitúa cerca de los 2.700 millones. Frente a ese volumen, el reclamo conjunto de las sedes estadounidenses alcanzaría aproximadamente 11 millones de dólares si se confirma que el millón prometido correspondía a cada ciudad.
La disputa no pone en cuestión la viabilidad financiera de la FIFA, pero sí la credibilidad de sus compromisos con los anfitriones. Las ciudades aportan infraestructura, servicios y recursos públicos para organizar el torneo; por ello, esperan que las promesas vinculadas al legado queden respaldadas por acuerdos verificables y no solo por declaraciones verbales.
Una presión que trasciende la reelección
Los tres frentes —la acusación jordana, la versión sobre Marruecos y los pagos pendientes a las sedes— tienen un elemento común: la exigencia de mayor transparencia. Para Infantino, la dificultad no consiste únicamente en responder a cada denuncia por separado, sino en demostrar que las decisiones políticas y financieras de la FIFA se toman mediante procedimientos previsibles y sin intercambios impropios.
La FIFA ha rechazado la existencia de una promesa sobre la final del próximo Mundial, mientras que la acusación de Al Hussein y los reclamos de las ciudades continúan sin una solución pública. Hasta que se aclaren los compromisos y se definan responsabilidades, la controversia seguirá condicionando la discusión sobre el futuro de Infantino y sobre la confianza de federaciones, gobiernos locales y socios del organismo en su modelo de gestión.
